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| 8/22/2012 12:00:00 AM

Los cinco retos de Otálora, nuevo defensor del pueblo

Como cabeza de la Defensoría, Jorge Otálora deberá garantizar la independencia de la institución al tiempo que tendrá que solucionar los problemas de caracter presupuestal que, denuncian funcionarios de la entidad, afecta a varias delegaciones.

Los rumores de un acuerdo previo para elegir a Jorge Otálora entre el partido liberal y el de partido de la ‘U’ se convirtieron en realidad, una vez que los representantes de la Cámara depositaran en la tarde del martes su voto en una pequeña urna de madera.
 
Otálora tuvo 126 votos mientras que las otras dos aspirantes, Olga Lucía Gaitán y Beatriz Linares, alcanzaron cuatro cada una. Con el nombre del nuevo defensor cantado en los días previos a la elección, las hojas de vida de los candidatos o la realización de cualquier debate sobre las ideas se hizo estéril. Hasta el punto que horas antes de conocer el resultado oficial las otras dos aspirantes que conformaban la terna pedían al Congreso que “tomaran en serio las hojas de vida de las mujeres”, como si de un favor y no de un deber se tratara.
 
Quizás por este motivo, la discusión sobre las cualidades que debería tener el nuevo defensor y las dificultades administrativas por las que atraviesa la institución quedaron en un segundo plano.
 
La coyuntura que vive el país, donde se están ejecutando políticas que involucran a actores armados y a poblaciones vulnerables, será termómetro de la labor del nuevo defensor, quien deberá capotear con liderazgo e independencia a la Defensoría en cinco frentes.
 
La voz de la ley
 
Aunque la Defensoría del Pueblo no tiene la potestad de iniciar investigaciones, esto no le impide liderar los procesos de denuncia, lo que la Constitución le reconoce como magistratura moral, es decir que investiga para hacer denuncias. “En las regiones más vulnerables de Colombia, la Defensoría mantiene una imagen muy favorable y la gente acude a esta institución por la confianza que tiene en ella”, comenta el abogado y miembro del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, Javier Eduardo Revelo. 
 
“Aunque la Defensoría no es el encargado de sancionar si es una voz de la ley. Lo que dice el defensor tiene mucha autoridad en el país, mucho más que cualquier ONG e incluso más que las Naciones Unidas”, añade Revelo.
 
El principal reto de Otálora será precisamente demostrar su grado de independencia y limpiar la imagen de la institución para rectificar que no existe una “politización por omisión”, dice Revelo.
 
Barrer la casa
 
Minutos antes de que la Cámara de representantes procediera a la elección del nuevo defensor, la directora de la Asociación Nacional de Servidores Públicos, Marta Reina, pasó a exponer un documento de tres páginas en el que dejaba en evidencia la alta sobrecarga laboral y las situaciones de riesgo que hay en las Defensorías Regionales, entre otros graves problemas. Aunque la exposición de Reina no obtuvo la atención de todos los congresistas, sus denuncias son sumamente graves.
 
Entre los puntos más sorprendentes realizados por la directora del sindicato está el hecho de que la oficina de Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado ha estado sin una cabeza visible desde hace tres años. Reina también señaló la falta de insumos básicos como papelería en algunas sedes de la Costa Atlántica o el caso de oficinas sin fotocopiadoras, aire acondicionado ni acceso a Internet en el departamento de Bolívar. 
 
Que los indígenas sean una oportunidad y no un problema
 
En medio del conflicto que se vive en la región del norte de Cauca, que después de mes y medio no ha encontrado una solución, la mediación del defensor será crucial no solo para ganarse la confianza del pueblo indígena sino que deberá buscar que la movilización de los indígenas en el Cauca no se entienda como un problema sino como una oportunidad, tal y como analiza Todd Howland, el alto Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. 
 
A la problemática que se vive con las comunidades indígenas en el Cauca están las denuncias sobre las graves violaciones a los derechos del pueblo indígena Awá en Nariño; la Crisis Humanitaria de los Pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta; la difícil situación social y ambiental que se vive en la Región del Catatumbo, comunidad indígena Barí al igual que los Pueblos Indígenas y Afrodescencientes en la Costa Pacífica Nariñense.
 
Que la Restitución sea efectiva
 
Los ojos también estarán puestos sobre la Defensoría en el papel protagónico que debe jugar en el proceso de Restitución de tierras y Reparación, que deberá hacerse en dos vías: en la de garantizar que la tierra vuelva a sus legítimos prioritarios y que se fortalezca a las víctimas; y en la oportuna denuncia de los grupos antirestitución, algunos que ya han actuado de manera violenta e intimidatoria contra varios demandantes. 
 
También deberá continuar con las investigaciones que ya adelanta la Defensoría sobre la situación y tenencia de la tierra en el Departamento de Córdoba, sobre la violación de los derechos a la tierra, al territorio y al medio ambiente de la comunidad de Altamira y Frontera en Tumaco, Nariño, y sobre la situación ambiental y de tierras en los territorios de la comunidad indígena Barí en Norte de Santander.
 
Los frenos de la locomotora minera
 
Finalmente varios analistas señalan que un tema que no puede pasar inadvertido para el nuevo defensor tiene que ver con la carrera minera que vive el país. Desde Dejusticia advierten de la importancia de actuar de manera temprana frente a las autoridades competentes para que se impida la autorización de permisos, licencias y concesiones en zonas ilegales, al igual que de la infiltración de grupos armados ilegales en la minería legal.
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