Los cuestionamientos al procurador Ordóñez

Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, había sido invitado por parlamentarios del Polo Democrático y el partido Verde para una inusual rendición de cuentas. Se trataba de una audiencia pública que tenía el propósito de que Ordóñez respondiera sobre los avances de su despacho en materia de protección de derechos humanos durante los cinco años de su gestión.

Ordóñez no se hizo presente en el Capitolio. Probablemente consideró que el escenario sería hostil. También habían sido invitados líderes de organizaciones sociales como Colombia Diversa y la Casa de la Mujer, y de comunidades indígenas. Ordóñez no lo mencionó de esa forma, pero envió una excusa horas antes de la audiencia que, sin embargo, no se canceló.

En ella, le recordaron a Ordóñez una de sus promesas de hace cinco años, cuando por primera vez resultó elegido procurador general. Recordó el representante Iván Cepeda (Polo) que Ordóñez aseguró entonces que Colombia “debe llorar por los dos ojos”, haciendo referencia a que tendría la misma conducta, de imparcialidad, para investigar y sancionar a quienes tuvieron vínculos con grupos ilegales de extrema derecha y extrema izquierda, pero, según Cepeda, en cinco años, con su lenguaje y sus decisiones, “ha demostrado que la Procuraduría llora por un solo ojo”.

Dice Cepeda que el jefe del Ministerio Público, contrario a su promesa, ha demostrado “parcialidad y selectividad” en su función disciplinaria. Cuestionó a la Procuraduría una “acción lenta y limitada” en los casos de parapolítica, al señalar que a diferencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha abierto investigaciones contra cerca de 120 funcionarios y ha producido más de una treintena de condenas, la Procuraduría sólo ha abierto 47 investigaciones disciplinarias y ha proferido “apenas 13 sanciones disciplinarias”.

Cepeda se pregunta por qué si la Corte Suprema de Justicia condenó a los excongresistas Erik Morris, Jairo Merlano, Mario Uribe, Álvaro Araújo Castro, Ciro Ramírez y Humberto Gómez Gallo, la Procuraduría decidió exonerarlos.

Esas decisiones, según la representante Ángela María Robledo, contrastan con la “celeridad” del Ministerio Público en las investigaciones de funcionarios que representan otra tendencia política e ideológica diferente a la del procurador. Mencionó como “casos emblemáticos” las sanciones de destitución e inhabilidad que ha proferido contra la excongresista Piedad Córdoba, el exalcalde de Medellín Alonso Salazar y el exsecretario de gobierno de Bogotá Guillermo Asprilla.

Robledo le reclamó a Ordóñez la razón por la que no ha tenido la misma celeridad para investigar las denuncias que el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, hizo en su llamado Libro verde contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos o las de Alonso Salazar contra el exalcalde de Medellín Luis Pérez, pero que si ha demostrado celeridad y contundencia contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al abrirle “de forma rápida” un pliego de cargos.

Cepeda también mencionó otras “acciones contradictorias” del procurador como su férrea oposición al marco jurídico para la paz al pedirle a la Corte que lo declare inexequible, pero que hizo lo contrario frente otra norma muy cuestionada, como lo es el fuero penal militar. Por eso, el representante Wilson Arias afirmó que Ordóñez ejerce sus funciones “apegado a sus creencias personales, religiosas e ideológicas”.

Clara López, candidata presidencial del Polo Democrático, le dijo al procurador que una de sus funciones es proteger y defender el derecho a disentir, además de la del ejercicio de la oposición política. Por eso reclamó un fuerte pronunciamiento contra las recientes afirmaciones del Gobierno que han señalado a dirigentes del Polo, como Jorge Enrique Robledo, de promover la violencia por su defensa de las protestas sociales.

Ángela Robledo también extrañó de Ordóñez la ausencia de pronunciamientos fuertes en los casos de violencia contra la mujer y la impunidad en los delitos de género, de la misma forma como sí lo hace para oponerse al derecho de las mujeres (consagrado por la Corte Constitucional) a interrumpir el embarazo en tres casos específicos.

Hernando Hernández Tapasco, congresista del Polo, también le preguntó a Ordóñez sobre qué investigaciones ha adelantado contra miembros de la fuerza pública que han desbordado el uso de la fuerza en manifestaciones de indígenas y en las recientes protestas del Catatumbo.

En la audiencia también le reclamaron al procurador su reciente anuncio de investigar al alcalde de Piedras (Tolima), quien promovió una consulta popular en la que el 98 % de los ciudadanos del municipio manifestó su oposición al proyecto de explotación Aurífera en la mina La Colosa, situación que Cepeda calificó de contradictoria porque Feliciano Valencia, líder indígena de Cauca, cuestionó que con el poder preferente de la Procuraduría no ha hecho seguimiento a los 23 acuerdos que el Gobierno ha suscrito con los indígenas desde 1993 y que no se han hecho efectivos. “¿Dónde está la vigilancia del procurador?”.

Voceros de Colombia Diversa reclamaron que el procurador no le da garantías a la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI y, por el contrario, enumeraron las decisiones que ha tenido para impedir la sentencia de la Corte sobre el reconocimiento a las parejas del mismo sexo.

La rendición de cuentas al procurador se convirtió en todo un memorial contra el funcionario, quien, ante su ausencia, no tuvo una sola voz que lo defendiera.