Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/07/09 00:00

Preocupación por emergencia cocalera

Los cultivos de coca siguen en aumento y volvieron a los niveles de 2007. Por qué las estrategias de erradicación del gobierno no han podido frenarlos.

Para hacerle frente al aumento de los cultivos de coca el gobierno ha intensificado las labores de erradicación manual y fumigación terrestre, a cargo de 15.720 hombres. Foto: Natalia Botero

Este año Colombia solo ha recibido malas noticias en el tema de cultivos ilícitos. El viernes pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reveló que en los últimos dos años las áreas de coca sembradas en el país se duplicaron, pasando de 48.189 hectáreas en 2013 a 96.084 hectáreas en 2015. Esta tendencia coincide con el informe que entregó en marzo la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca, según el cual en 2015 los cultivos llegaron a niveles que no se veían hace más de una década, alcanzando las 159.000 hectáreas.

Antes de que se hicieran públicos los resultados de la Unocd –que además señaló que el 81 por ciento de los sembrados de coca se concentran en cinco departamentos: Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá–, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, salió a decir que el gobierno estaba preocupado, “más no sorprendido”, por este incremento. Señaló que la suspensión de las fumigaciones aéreas, el clima y la mayor productividad de los cultivadores fueron algunas de las razones que llevaron a este escenario.

Villegas, además, anunció que “ya se están ejecutando” las primeras acciones de la nueva política antidrogas, que incluyen “sustitución sostenible, erradicación, interdicción aérea y marítima, la fumigación manual con nuevos equipos, y el control de la demanda”. En marzo pasado, cuando fue la Casa Blanca la que reveló la grave situación, el mismo presidente Juan Manuel Santos anunció un plan piloto de erradicación manual y fumigación terrestre en diez municipios que concentran el 42 por ciento del área sembrada de coca.

La tendencia de crecimiento de los cultivos ilícitos viene desde 2012. La pregunta es, entonces, ¿por qué las estrategias del gobierno no han sido eficaces para frenarla? Un exfuncionario conocedor del tema sostiene que las medidas oficiales se han concentrado en soluciones “cortoplacistas”, ignorando que detrás de la siembra de coca hay un problema mucho más profundo, de necesidades básicas insatisfechas en las comunidades campesinas dedicas a esta actividad ilícita. “No hay incentivos reales para tener una vida legal”.

Por ejemplo, el gobierno plantea la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos productivos como la siembra de cacao. ¿Qué futuro tiene este negocio en poblaciones en las que no existen carreteras para movilizar los productos? O más aún, ¿cómo puede un campesino proyectarse con un negocio de este tipo, que requiere de un músculo financiero sólido para mantenerse, si no tiene resueltas necesidades fundamentales como la educación y la salud?

La falta de tierras tituladas para sembrar es otro de los problemas que siguen alimentando el negocio de los cultivos ilícitos. Se estima que casi el 70 por ciento de los cultivadores de coca no tienen tierras propias y se apoderaron de baldíos para realizar esta actividad, porque les resulta rentable y no tienen mucho que arriesgar porque el terreno no les pertenece. “El problema para solucionar no son los cultivos, sino las condiciones territoriales que hacen que permanezca”, señala el exfuncionario.

Además de la ausencia de una política social integral, también se han quedado cortas las estrategias para atacar a las organizaciones criminales. Si bien hay resultados de las autoridades que debilitan una parte de la cadena (por ejemplo, este año se han incautado cerca de 160 toneladas de cocaína y se han destruido 3.000 laboratorios), hacen falta golpes más contundentes en los eslabones medios y altos del negocio para desarmar las estructuras que mantienen y mantendrán vivo este mercado ilícito.

Ya la experiencia le ha mostrado al país que los cultivos, en sí mismos, no son el enemigo. Y mucho menos los campesinos que los cultivan. La política de erradicación debe incluir también un componente social integral. Y de este tema no mencionó ni una palabra el ministro Villegas esta semana, cuando le dijo al país que el gobierno “no estará quieto ante estas cifras, vamos a enfrentarlas… no solo las hectáreas, sino también el crimen organizado que maneja muchas de ellas”.

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