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| 10/22/2011 12:00:00 AM

¡Los dados están echados!

Las elecciones del domingo consolidarán un nuevo mapa político, reiterarán que la oposición está acorralada y definirán hasta dónde pueden llegar las mafias políticas locales.

Lo que está en juego en las elecciones del próximo domingo es cómo se va a repartir el poder local en Colombia: quiénes van a gobernar 1.103 municipios, 32 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá. Más allá de lo formal, están en juego la viabilidad y la calidad de la democracia, la supervivencia de los partidos y la conformación de un nuevo mapa político.

Las elecciones del próximo domingo no tendrán un ganador absoluto. Serán una suma de casos individuales con pocos denominadores comunes. En esta campaña se ha visto de todo: los enemigos en un lugar pueden llegar a ser aliados en el municipio de al lado y rivales de otros años aparecen ahora con la misma camiseta. Son competencias regionales que tienen características políticas muy diferentes a las de la elección presidencial del año pasado. Los partidos tienen menos significado en las regiones que en la esfera nacional porque en las competencias por alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administradoras lo que se impone es el juego de las alianzas.

Los resultados del domingo darán pistas sobre el rumbo que sigue -y seguirá- el sistema de partidos. El colapso del bipartidismo que reinó durante 150 años le dio paso en los años noventa a una proliferación de más de setenta partidos y, más recientemente, a una depuración a cerca de una decena. Hay síntomas evidentes de acercamiento entre algunas de las colectividades vigentes: el conservatismo con La U -o una parte de él-, por un lado, y el liberalismo con Cambio Radical, por el otro. Hay un pulso tras bambalinas entre La U y los liberales por convertirse en la primera fuerza electoral.

La izquierda está arrinconada ante la Unidad Nacional que forma parte del gobierno, pero el éxito de Gustavo Petro en Bogotá hace pensar que todavía hay un espacio para esas banderas. Solo que en esta ocasión, a diferencia de la última década, no están en manos del Polo Democrático. Los partidos nuevos -sobre todo los verdes- y los independientes -que son la mayoría de los ciudadanos, según las encuestas- se jugarán su lugar futuro y su papel en la política.

El presidente Juan Manuel Santos va en coche. Ni su base política, ni su popularidad, ni sus márgenes de acción están en juego el próximo domingo. Posiblemente nunca antes un mandatario había mantenido tanta distancia de unas elecciones regionales. Además de que las normas le prohíben participar en política, en esta ocasión había razones de ese orden para estar al margen. La gran mayoría de candidatos a las gobernaciones, principales ciudades y municipios, son combinaciones de pactos entre los partidos que están en la Unidad Nacional -La U, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Liberal y los verdes-, lo cual asegura que habrá gobernantes locales con suficientes lazos de comunicación con el gobierno nacional. Si este hubiera dado señales de parcialidad en favor de algunos candidatos, no solo habría contrariado la ley sino que habría dividido a su propia coalición.

Además, la oposición del Polo Democrático no tuvo candidatos fuertes en esta campaña que pusieran en peligro la supremacía política de la Unidad Nacional. La única crítica que recibió Santos por participar en política fue por sus declaraciones en favor del recuento de firmas con las que se inscribió Rodrigo Guerrero a la Alcaldía de Cali, en medio del escándalo en el que la Registraduría estuvo a punto de cancelarle su inscripción como candidato. Pero, por las dimensiones de la crisis, la intervención presidencial tuvo más connotación institucional que partidista.

La campaña de 2011 tuvo como característica peculiar la intensa campaña que hizo el expresidente Álvaro Uribe en favor de algunos candidatos. Su agobiante agenda de viajes internacionales estuvo acompañada durante los últimos meses por una maratón proselitista comparable a la de sus propias campañas electorales en 2002 y en 2006. Estuvo en 28 departamentos y presidió las manifestaciones más concurridas de toda la campaña. En Boyacá escuchó a 72 candidatos a alcaldías y en Casanare compartió tribuna con candidatos enfrentados que no se miraron entre sí.

Su objetivo principal es fortalecer a La U como partido y consolidar su liderazgo natural en esa colectividad, aunque también apoyó a amigos personales -como el candidato a la Alcaldía de Cartagena, Campo Elías Terán-, cuyo origen no estaba en La U. Falta ver cuál será el efecto de sus endosos en competencias tan reñidas como las de Bogotá -donde le cargó megáfono a Enrique Peñalosa- o en Bucaramanga -donde hizo viable la aspiración de Martha Pinto-, pues las encuestas no favorecen a sus amigos en Antioquia. Uribe reiteró en los últimos meses su vocación política y aprovechó el escenario para equilibrar la agenda noticiosa que ha por los escándalos que involucran a exfuncionarios de su gobierno. Puesto que no volverá a haber elecciones en Colombia hasta 2014, después del domingo a Uribe le tocará "ahora sí volverse expresidente", según le dijo a SEMANA uno de sus colaboradores.

Igual que en las últimas elecciones, hay un puñado de candidatos que no se inscribieron con el aval de un partido, sino con el respaldo de firmas. Hace cuatro años salieron elegidos mandatarios seccionales como Judith Pinedo, para la Alcaldía de Cartagena, cuyo proyecto no tendrá continuidad por falta de un vehículo partidista o colectivo. La fórmula de las firmas también ha mostrado sus falencias en casos en los que fue utilizada por candidatos que, simplemente, no clasificaron para un aval en la piñata de los partidos, o acudieron a ellas porque no encontraron eco en sus colectividades tradicionales. Esos fueron los casos de Rodrigo Guerrero, en Cali, y de Gustavo Petro, en Bogotá, cuyas colectividades -conservatismo y Polo, respectivamente- se fueron con otros. Esas campañas, y otras como la de Gina Parody también en Bogotá, servirán de termómetro para evaluar la pertinencia de las inscripciones por firmas.

Estos comicios, finalmente, serán una prueba para la democracia. A pesar de los avances de la seguridad democrática en los últimos años, del trabajo de organizaciones no gubernamentales como la MOE y Transparencia Internacional, de la veeduría de los medios de comunicación y del trabajo preventivo que lideró el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, hay graves riesgos de que fenómenos delincuenciales y mafiosos aprovechen los mecanismos de la democracia local para afianzar su influencia en las regiones.

Durante la campaña hubo numerosos casos de trasteo de cédulas, proselitismo por parte de políticos condenados o procesados y parientes de delincuentes buscando mantener su poder en cuerpo ajeno. Las instituciones intentaron frenar las acciones contra el sufragio libre -la Registraduría anuló la inscripción de 450.000 cédulas-, pero hubo muestras de que se pudieron quedar cortas frente a los herederos de la parapolítica, las bacrim y las mafias del narcotráfico, que han demostrado una insuperable capacidad para acomodarse, quebrar la ley, esquivar los controles y burlar a las autoridades. Se calcula que uno de cada cuatro municipios está en alto riesgo de captura por grupos y fenómenos ilegales y el domingo se sabrá qué tanto lograron en su pulso frente al Estado.

Lo anterior pone de presente que el voto es vital. La calidad de los gobiernos locales y regionales está en juego. La limpieza de la política también. La profundidad de la democracia aún más. Y las definiciones no solo dependerán de que las instituciones funcionen, sino de que la gente vote bien y a conciencia. No sobra recordar que el voto es un instrumento poderoso y que los ciudadanos -más, tal vez, de lo que se cree-, se juegan su destino en las urnas.
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