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INVESTIGACIÓN
Los delitos del sargento que sabe qué ocurrió en el Palacio de Justicia
Las víctimas enumeran los crímenes por los cuales imputan a Bernardo Alfonso Garzón.
2 de febrero de 2014
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Tras la captura del sargento (r) del Ejército Bernardo Alfonso Garzón, implicado en las desapariciones del Palacio de Justicia, las víctimas piden que esta sea la oportunidad para que se rompa el celofán de la impunidad en Colombia.
En una carta que nueve organizaciones de víctimas enviaron al Comité Contra las Desapariciones Forzadas cuentan, en detalle, quién es el sargento Garzón y por qué la justicia colombiana debe actuar con vehemencia en este y otros casos.
El sargento Garzón deberá rendir indagatoria por los presuntos delitos de tortura, secuestro extorsivo y tentativa de homicidio. Las víctimas aseguran que el exagente de inteligencia del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Batallón Charry Solano del Ejército está involucrado en más de 30 desapariciones forzadas en Bogotá entre 1984 y 1990.
Las víctimas aseguran que el sargento se involucró en las desapariciones forzadas y ejecuciones de Irma Franco y 11 empleados de la cafetería del Palacio de Justicia (1985), Amparo Tordecilla y Carlos Uribe (1989). Además, aseguran que Garzón tuvo injerencia en los crímenes de Óscar William Calvo (1984), Nydia Erika Bautista de Arellana, Cristóbal Triana, Bertil Prieto Carvajal, Francisco Luis Tobón, Blanca Emilia Mahecha Marín, Rosalba Hurtado Ospina, María Yaneth Muñoz (1987) y José Cuesta (1988).
A los señalamientos se agrega un hecho adicional: todos los casos endilgados al suboficial retirado siguen impunes. “Aunque jueces y fiscales han comprobado su participación activa en la preparación de varios de estos crímenes, en ninguna de las investigaciones penales fue llamado a juicio como autor”, asegura la carta firmada por las organizaciones de víctimas.
El único caso que sí le ha pesado jurídicamente a Garzón es el de la tortura del exguerrillero del M -19 Guillermo Marín y del teólogo Antonio Hernández Niño.
Marín, un exguerrillero del M-19 ha descrito a las autoridades la forma como fue torturado por agentes del Estado adscritos al batallón de inteligencia Charry Solano. Según él, los agentes lo metieron en un costal junto con un compañero suyo de apellido Hernández y les dispararon a quemarropa. Creyeron que los dos habían muerto y dejaron sus cuerpos en el Parque de los Novios, en Bogotá. Pero Marín sobrevivió y se exilió en Europa.
Posteriormente, denunció el secuestro y las torturas a las que fue sometido por el sargento y por otros integrantes del Coici: Camilo Pulecio y Gustavo Arévalo.
Una captura esquiva
A pesar de los crímenes por los que está sindicado, el sargento Garzón evadió la justicia colombiana durante casi dos décadas.
A principios de los 90 Garzón declaró para la Procuraduría y la Fiscalía quiénes eran los responsables de las desapariciones del Palacio de Justicia y estuvo en la cárcel de Palmira en 1996 pero por el delito de robo. Meses después se retractó ante un juez penal militar y recuperó su libertad en marzo de 1997.
Además del caso del Palacio de Justicia, el sargento también declaró en los casos de Amparo Tordecilla y Guillermo Marín, pruebas que sirvieron para dictar sentencia. Pero Garzón se retractó y esto fue aceptado por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Bogotá en 2004 y 2006.
Esto fue un golpe duro a las víctimas pues significó un retroceso y una muestra de impunidad en un caso que incluso había logrado encontrar los restos de Nydia Erika Bautista.
Diferentes testigos del caso del Palacio de Justicia afirman que el sargento se fue a vivir a España, donde se enriqueció. Residió allí hasta el 2009 y tuvo que volver a Colombia a raíz de la circular roja que expidió la Interpol en su contra.
A pesar de la medida, la Fiscalía logró la captura cuatro años después. Ahora, la suerte de este militar la tienen los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos.
“De la actuación u omisión de la administración de justicia y los entes de control depende ahora que se salde o no la inmensa deuda con los derechos de las víctimas de desaparición forzada al derecho a la verdad, a la justicia y a garantías de no repetición, que ahora se ponen nuevamente a prueba”, concluye la misiva.
Esta fue firmada por la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada – Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos, Asfaddes, Familiares de Desaparecidos por el Apoyo Mutuo, Familiares del Palacio De Justicia, Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad, Corporación Jurídica Libertad, Corporación de Desarrollo Regional y Asociación de Familiares de Desaparecidos de Trujillo.
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