Los delitos que enfrentaría el periodista que se autoamenazó

Hoy será un día crucial para el periodista Yesid Toro Meléndez, el reportero de un medio regional del Valle del Cauca que el viernes confesó mediante una carta ser el autor de un panfleto donde amenazó a ocho periodistas, incluido él mismo.
 
La noticia, que cayó como un baldado de agua fría para el gremio periodístico de la región, no deja de sorprender y menos a los siete comunicadores que se vieron afectados por el panfleto.
 
Como se recordará, el pasado viernes 24 de abril Yesid Toro confesó a través de una carta que él fue el autor del panfleto intimidante. Y además de pedir perdón a los siete colegas afectados y las directivas de los medios donde trabajó (Q´hubo y diario El País de Cali), argumentó que lo hizo porque estaba agobiado por las deudas.
 
En la misiva el reportero, experto en crónicas judiciales, explicó que con la amenaza buscaba evitar que le retiraran el esquema de protección que el Estado le brindó desde un año atrás (a raíz de otra amenaza que sí fue cierta) y acelerar el pago de cinco meses de subsidio de transporte que le adeudaba la Unidad Nacional de Protección (UNP) (Ver nota).
 
Lo cierto es que hasta el propio general Rodolfo Palomino se refirió al tema este fin de semana y advirtió que pese a la confesión, “el periodista no será exculpado de su responsabilidad penal”, le dijo al diario El País.
 
Y es en ese campo, el judicial, donde el futuro del periodista se podría complicar. Desde muy temprano el comunicador sería acompañado este lunes por su abogado, Élmer Montaña, a rendir una declaración voluntaria ante un fiscal, ya que hasta el momento sobre Yesid Toro no pesa ninguna orden de captura.
 
No obstante, fuentes de la Fiscalía consultadas por este medio y que tienen acceso a la investigación sobre el panfleto donde fueron amenazados ocho periodistas del Valle aclararon que Toro Meléndez podría enfrentar tres cargos: “falsa denuncia, fraude a subvención y amenaza”.
 
Explican las fuentes que de los tres delitos que probablemente le imputarán, el más grave es el de fraude a subvención, una modalidad delictiva recientemente instaurada en Colombia que busca evitar el acceso indebido a recursos, subsidios o donaciones que hace el Estado en efectivo o en especie.
 
En efecto, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, su entonces ministro del Interior y Justicia presentó un proyecto de Ley que modifica un artículo del Código Penal en el que se tipifica como delito el fraude a subvención.
 
Dicho artículo quedó de la siguiente manera: “El que obtenga un apoyo económico directo o incentivo, préstamo no reembolsable, desgravación o cualquier otra ayuda económica del estado, alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su concesión, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de siete (7) a doce (12) años”.
 
De ahí que las fuentes de la Fiscalía consultadas por este medio aseguran que el cargo más grave y que le podría configurar una medida de aseguramiento es el del fraude a subvención y que pese a su confesión, “nada de ello atenuará la pena, salvo que acepte cargos”.