Los departamentos que están en vilo

Esta interinidad por partida cuádruple está generando no solo inestabilidad política, sino también parálisis en las administraciones locales, golpe a las finanzas del Estado y desmoralización en los ciudadanos. Eso, sin contar con el costo fiscal que tiene la eventual convocatoria a cuatro elecciones atípicas. Una mirada a estas regiones muestra que, aunque cada caso es distinto, hay elementos comunes como inhabilidades e investigaciones previas así como una larga lista de mandatarios ‘descabezados.’ 

Huila es el ente territorial donde el cambio de mandatario está más avanzado. La campaña para suceder a Cielo González está en furor. Hasta el cierre de esta edición, el presidente Juan Manuel Santos no había convocado las elecciones atípicas en ese departamento. Sin embargo, la firma del decreto es inminente. González, de La U, fue inhabilitada por tres años para ocupar cargos públicos, después de que acumuló tres sanciones disciplinarias en menos de cinco años. Fue inhabilitada en primera instancia porque cuando fue alcaldesa de Neiva permitió que 7.000 millones de pesos de regalías se invirtieran en la empresa Toro Investment Group S. A., una fiducia que no tenía garantías legales. También suscribió un convenio con la Universidad Surcolombiana para que ejerciera labores de interventoría en obras públicas, aunque la entidad no era idónea para esa tarea. Y otorgó permisos sindicales permanentes a tres profesores del municipio. 

Al final de su periodo como alcaldesa de Neiva, González tenía siete investigaciones abiertas. Es decir, los opitas fueron a las urnas y la eligieron a sabiendas de que podía terminar sancionada. Ahora el departamento se ve avocado a un nuevo proceso de elección. El Partido Conservador y los liberales fraguaron un acuerdo para conquistar el cargo. La U, el partido de González y la mayor fuerza política del departamento, aún no decide un candidato. Más allá de la política, lo que más preocupa de la convocatoria a unas elecciones atípicas es si su nuevo gobernador podrá sacar al departamento de su atasco administrativo y ejecutar las obras de infraestructura, educación y asistencia social pendientes. 

Otro departamento en similar situación es Casanare. En menos de una década ha tenido 12 gobernadores. Algunos mandatarios han sido condenados por relaciones con paramilitares y otros por corrupción. El último fue Nelson Mariño, del Movimiento Afrovides, destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos durante 14 años. El ente de control lo halló culpable de haber contratado a la Caja de Compensación Familiar de Casanare para suministrar almuerzos escolares sin un debido proceso de licitación. Además encontró un sobrecosto en el contrato por más de 1.200 millones de pesos. 

A diferencia de lo que ocurrió con González, las sombras sobre Mariño eran más oscuras de lo que podrían ser simples irregularidades en la contratación. Varios exparamilitares lo han relacionado en sus versiones con los jefes de las Autodefensas Campesinas del Casanare. Las alertas, sin embargo, estaban encendidas desde antes de la campaña. 

Las ONG, algunos artículos de prensa y los entes de control habían advertido sobre los riesgos que se cernían sobre el departamento. De Mariño se decía que era ficha de William Pérez, exgobernador del Casanare, quien fue condenado a 15 años de cárcel por sus vínculos con los paramilitares. Sin embargo, los casanareños acudieron a las urnas y votaron por él. 

A pesar de que Mariño fue sancionado en diciembre, la Procuraduría no ha podido notificar su destitución porque estaba en vacaciones hasta la semana pasada. No obstante, ya hay movimiento político y según fuentes de la región no hay candidato que genere confianza absoluta. Lo cierto es que ese departamento, el segundo que más regalías recibe después del Meta (en los próximos dos años está presupuestado un ingreso de más de un billón de pesos por concepto de regalías directas e indirectas) ha padecido una interinidad endémica. El costo ha sido una larga lista de elefantes blancos sin ninguna utilidad como el Parque de las Aguas y un museo dedicado al hombre llanero; proyectos agrícolas a medio camino y un buen porcentaje del erario dilapidado. 

El departamento del Chocó, además de sufrir la amenaza de los grupos ilegales, ha tenido que cargar el lastre de la interinidad: en los últimos seis años ha tenido ocho gobernadores. El actual mandatario, Luis Gilberto Murillo, fue suspendido por el Consejo de Estado en julio del año pasado. El gobernador, quien llegó al departamento con la intención de cambiarle la cara –pues la mayor parte de su clase dirigente está procesada por parapolítica o corrupción– aparentemente tiene una inhabilidad. En 1997 fue condenado por un delito que ya no existe. Pero será el Consejo de Estado quien resuelva si puede o no continuar en el cargo. 

Mientras pasa el tiempo, el Chocó está en manos de Hugo Arley Tovar, secretario de Hacienda de Murillo. Según fuentes de la región, en su caso el traumatismo ha sido mínimo hasta ahora. De hecho los relevos que ha realizado el gabinete son con personas de su mismo equipo. “Está normal, como ha funcionado siempre el Chocó”, dijo irónicamente un analista de la región. Si bien la incertidumbre jurídica no es la causa de serios problemas regionales como la pobreza y el conflicto, sí alienta la incertidumbre sobre una administración que había despertado buenas expectativas.

Caldas también está en el limbo. La permanencia en el cargo del gobernador Guido Echeverri está en vilo hasta que el Consejo de Estado no decida, en segunda instancia, si violó o no el régimen de inhabilidades. En primera instancia el Tribunal Administrativo de Caldas anuló la elección de Echeverri porque su esposa Ana María Jaramillo fue secretaria de Hacienda (encargada) de Manizales dentro del año anterior a los comicios. Según la ley, se genera una inhabilidad cuando el cónyuge ha ocupado un cargo público un año antes de la elección. El gobernador apeló el fallo y su caso pasó al Consejo de Estado, que en los próximos días podría definir su situación.

Entretanto hay un temor por la inestabilidad política. Echeverri fue elegido de una coalición integrada por partidos que pertenecen a la Unidad Nacional (más el Polo Democrático). Pero su posible salida podría anticipar un enfrentamiento entre el santismo y el uribismo, lo que podría romper esas alianzas. De ese departamento es originario el exministro Óscar Iván Zuluaga, precandidato uribista. Su posible injerencia en una eventual puja por la gobernación terminaría por destapar las cartas y revelar quién está con quien. Pero lo realmente importante es que se perdería el terreno ganado por Echeverri. Según líderes caldenses de distintos partidos, el gobernador goza de un amplio respaldo y ha logrado recuperar algo de confianza. No hay que olvidar que su predecesor, Mario Aristizábal, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos. Una nueva campaña aumentaría la inestabilidad en un departamento que acaba de acogerse a la Ley de Quiebras, pues la crisis cafetera ha afectado sus finanzas. 

En Colombia –como en muy pocos países– estas sanciones contra los mandatarios elegidos popularmente son pan de todos los días. Desde 2009, los entes de control han sancionado o condenado a diez mandatarios regionales mientras gobernaban, varios por irregularidades cometidas antes de llegar a esos cargos. Además de las fallas de estos políticos, hay otros ingredientes que alimentan esta peligrosa rotación: falta de celeridad en la Justicia, irresponsabilidad de los partidos a la hora de dar los avales y una precaria cultura política.