LOS DESAPARECIDOS

La palabra es asociada con Argentina. Lamentablemente también es una realidad en Colombia: los desaparecidos.
Las cifras no son de la misma magnitud que las que se han oído en relación con el Cono Sur. Pero la gravedad del fenómeno no es inferior. Según datos conocidos por SEMANA, en este momento hay en Colombia alrededor de 300 personas registradas oficialmente como desaparecidas, por causas presumiblemente políticas. La opinión pública en general es indiferente a este fenómeno, aun cuando cada jueves desfilan silenciosas y en forma casi desapercibida en la Plaza de Bolívar un número cercano a 100 personas, especialmente madres y familiares de muchos de ellos que vieron la necesidad de organizarse en la "Asociación de Familiares de Desaparecidos" (ASFADES) y que cuentan con los servicios de un grupo de abogados que se han constituído en la parte civil.
Trescientos desaparecidos son apenas el 1% de los que se les atribuyen a los militares argentinos. Sin embargo, la cifra ya no puede considerarse simplemente como una suma de casos aislados como se venía haciendo en el pasado. Evidencia de esto es que hace poco tiempo la Procuraduría General de la Nación registró por primera vez el problema a nombre del Estado colombiano, a petición del Presidente, y prepara un informe sobre el tema, para divulgarlo a la opinión pública.
Los datos fragmentarios conocidos hasta la fecha no permiten llegar a conclusiones categóricas. Para comenzar, sólo se tienen estadísticas a partir de 1977, cuando es detenida y desaparece la bacterióloga Omaira Montoya Henao (ver recuadro). A partir de ese momento, un promedio de tres casos mensuales ha sido denunciado y se considera que esto no representa la totalidad del problema, pues en las zonas rurales el fenómeno es común pero poco denunciado.
Si bien no hay conclusiones categóricas, sí se pueden delinear ciertas tendencias. Buena parte de las desapariciones tienen lugar después de arrestos por agentes de los Organismos de Seguridad del Estado o por personas pretendiéndolo ser. Muchos atribuyen la intensificación de las desapariciones al Estatuto de Seguridad de la administración Turbay Ayala, que es cuando tienen lugar la mayoría de los casos. Sin embargo, si se tiene en cuenta que es durante ese período presidencial cuando se comienza a investigar el problema, cualquier conclusión preliminar podría ser tendenciosa. Con el objeto de ilustrar las circunstancias en que se producen, SEMANA presenta cuatro casos sobre los cuales ha podido tener información detallada.
Eran las tres de la tarde del viernes 10 de diciembre de 1982 cuando Patricia Eugenia Rivera Chávez de 27 años y sus dos hijas, Gilma Eliana de 9 años y Catherine de 4 salieron de su casa ubicada en el barrio Calvo Sur de Bogotá y se dirigieron una panadería a cuadra y media de donde vivían. Iban a comprar las onces. Después de hacerlo y apenas salieron, dos hombres descendieron de un taxi y abordaron a madre e hijas "Acompáñenos", dijo uno de ellos a oído de Patricia Eugenia, quien de inmediato opuso resistencia. Marcos Crespo, un señor de 74 años de edad que pasaba por el lugar, acudió en auxilio de Patricia y sus dos pequeñas, pensando que se trataba de un atraco. Los vendedores de la panadería aseguran que en ese momento los dos hombres se identificaron como agentes del F-2 de la Policía y empujaron a las dos niñas, la madre y el anciano hacia un automóvil de servicio público que esperaba al borde de la acera y que partió rápidamente ante la sorpresa de los testigos. Esa misma noche, José Modesto Rivera padre de Patricia, se dirigió a las dependencias del F-2 y del DAS para averiguar sobre el paradero de su hija y sus nietas. "En ese momento no llegué ni siquiera a imaginar que se tratara de algo serio, y que para mi estaba comenzando una odisea que aún no termina", asegura ahora. Su peregrinación, que sin éxito comenzó ese viernes de diciembre, lo llevó a todas las dependencias del Estado que pudieran tener algo que ver con el caso: la Procuraduría, los juzgados de menores, los hospitales y clínicas, las cárceles, la Brigada de Institutos Militares, el Bienestar Familiar y sus diferentes divisiones. Hoy, diez y ocho meses después, Patricia, sus dos hijas y el anciano Marcos Crespo, siguen sin aparecer. Son muchos los avisos que ha publicado en los periódicos y muchas las puertas que ha tocado José Modesto Rivera. Todo ha sido en vano. En ningún organismo del Estado dan razón. Pero a pesar de que Don José Modesto ha sido objeto de chantajes y extorsiones, sigue adelante.
Eran las 5:30 p.m del lunes 9 de septiembre de 1977. Omaira Montoya y Mauricio Trujillo, se encontraban en la carrera 44 con calle 72 de la ciudad de Barranquilla, cuando fueron detenidos por una patrulla de agentes del F-2 y el CAES. Ellos de inmediato comenzaron a gritar pidiendo auxilio, pero fueron esposados e introducidos en una camioneta Ranger modelo 75, color violeta y llevados a una playa solitaria a donde llegaron numeroso carros con hombres de civil fuertemente armados y dos oficiales de Ejército, con uniforme y grado de coroneles. Mientras a Mauricio Trujillo, en la actualidad diputado suplente de la Asamblea de Cundinamarca, fue alejado unos 50 metros de sitio y sometido a intensas torturas, a Omaira la condujeron a algún sitio desconocido. El 14 de septiembre Mauricio Trujillo fue trasladado a La Segunda Brigada con sede en Barranquilla y puesto a órdenes del Juez 14 de Instrucción Penal Militar. El F-2 y el CAES rindieron un informe oficial ante este juez, informando que Omaira se había fugado después de la captura, lo que resulta imposible si se tiene en cuenta que había sido fuertemente esposada. Omaira tenía 30 años en esa época y padecía una afección cardiaca. A pesar de una gran campaña publicitaria denunciando su desaparición nadie hasta ahora ha dado razón de su paradero.
El año pasado se conoció el fallo de la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, en el proceso disciplinario seguido contra los funcionarios que hicieron la detención de Mauricio y Omaira, hallando culpables de atentar contra la moral y prestigio de la Policía al sargento segundo Pablo Egmidio Rodríguez Rojas, al cabo primero Facundo Del Río Jiménez y a los agentes Juan David Moreno Acosta y Alfonso Santamaría, a quienes sancionaron con la destitución de su cargo. Al teniente, Luis Eduardo García Osorio, se le sancionó con multa de 15 días de sueldo. A otras 15 personas más vinculadas se les exoneró de toda responsabilidad. Informaciones obtenidas por la Asociación de Desaparecidos, dan cuenta que los destituidos fueron enganchados meses después a los servicios de inteligencia de la Policía del Valle.
Los familiares de Omaira siguen adelantando diligencias ya que, aunque se presume su muerte, el cuerpo jamás fue entregado a la familia.
El día 20 de julio de 1982, Armando Lopera López de 21 años de edad, bachiller de un colegio departamental de Medellín, líder cívico del barrio Belén Rincón de esa misma ciudad, y que se había tenido que trasladar a Montería por hostigamiento de los servicios de inteligencia, (su casa fue allanada 7 veces) se hallaba en un taller de oficios varios en donde prestaba sus servicios. De pronto irrumpieron agentes del B-2 del Ejército, quienes lo sacaron abruptamente y lo condujeron al Batallón Junín, a órdenes del comandante Ardila. Doña Margarita López de Lopera, viajó al otro día a Montería, pero los militares negaron haberlo detenido. Ella estuvo quince días recorriendo muchos sitios de Montería y sus alrededores sin encontrar pistas. El 22 de septiembre, Freddy Lopera, hermano de Armando, llegó al aeropuerto de Medellín para tomar un avión que lo llevara a Montería, para buscar nuevas pistas que condujeran al paradero de su hermano, pero fue detenido por agentes vestidos de civil. De esta manera, doña Margarita perdía en menos de tres meses, a sus dos hijos mayores y comenzaba su deambular por los comandos de Montería y Medellín, sin hallar nada. Su imagen se ha hecho popular en los Comités de Derechos Humanos y se ha convertido en la gúia de mujeres que como ella entre doloridas e indignadas reclaman hijos, esposos y hermanos.
Del indicio a la prueba concreta
El 26 de mayo a las 7 de la mañana Gustavo Albeiro Muñoz, 24 años de edad, estudiante de ingenieria de la Universidad de Antioquia de Medellín, salía de su casa en el barrio Belén de Medellín, cuando de una volqueta de las Empresas Públicas de Medellín, bajaron soldados del Ejército y emprendieron a golpes contra él, según versión de testigos, y lo aprehendieron. Posteriormente, agentes del servicio de Inteligencia allanaron dos casas vecinas y llevaron a dos jóvenes amigos de Gustavo a la IV Brigada averiguándoles sobre las actividades de su vecino. Poco después los pusieron en libertad. Las averiguaciones de la familia Muñoz fueron inútiles. Los padres interpusieron el recurso del Habeas Corpus el 26 de julio82 y solicitaron informes al auditor principal de Guerra y a las autoridades carcelarias, quienes respondieron que "revisados y examinados minuciosamente los libros radicadores e Indices, no se halló por parte alguna constancia de que el particular Gustavo Albeiro Muñoz Hurtado, haya estado o esté detenido por cuenta de la justicia penal militar y más exactamente por el comando de la Cuarta Brigada". Sin embargo el informe del Procurador General del 21 de marzo de 1983 informó que Gustavo Albeiro Muñoz, fue capturado por una patrulla del Batallón de Policía Militar número cuatro, el 26 de mayo de 1982, según aparecía en el "resumen semanal de informaciones del señor comandante de la Cuarta Brigada para el señor comandante del Ejército de fecha 28 de mayo de 1982". El informe de Procuraduría añadió que Gustavo Albeiro "fue muerto a bala por desconocidos, según relato de testigos de los hechos, en la mañana del 4 de julio de 1982, en la vereda El Viajano del municipio de Sahagún, Córdoba", la fecha en la cual se presume que Gustavo Albeiro estaba en poder de los militares. El cadáver no fue entregado a los padres por lo que se sigue contando como desaparecido.--