LOS ENREDOS DEL GOBERNADOR

El escándalo por la presunta adjudicación irregular de multimillonarios contratos por parte del gobernador de Cundinamarca, David Aljure, tiene mucha tela de donde cortar. La semana pasada el nombre del funcionario estuvo en boca de todos por cuenta de haber adjudicado 11 obras viales por un valor de 50.000 millones de pesos, más 12 contratos de interventoría por cerca de 3.500 millones. Todo ello en un tiempo récord de dos semanas _entre el 2 y el 17 de octubre_, pocos días antes de las elecciones regionales. Al parecer los contratos para la ejecución de las obras suscritos por Aljure con algunas cooperativas están viciados porque habrían violado la Constitución de 1991 y la Ley 80 de 1993, llamada Ley General de Contratación. Las cooperativas beneficiadas habrían subcontratado con otras firmas sin haber efectuado una licitación pública, mecanismo contemplado en dicha ley. Los hechos están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General. El escándalo terminó enfrentando a la ex gobernadora Leonor Serrano y al senador Eduardo Pizano contra el gobernador Aljure y la diputada y miembro de la Dirección Liberal Nacional _DLN_ Elizabeth Rico. Los primeros sostienen que en Cundinamarca lo que se está presentando es una feria multimillonaria encaminada a favorecer a los padrinos políticos de Aljure, entre ellos la representante a la Cámara Marta Catalina Daniels. Y los segundos se defienden diciendo que todo no es más que una persecución política contra la actual gobernación. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Ante la falta de recursos que tenía Cundinamarca para ejecutar su programa de obras, Aljure consideró inicialmente que la mejor manera de obtener los dineros necesarios era vendiendo el Hospital de la Samaritana y el Palacio de San Francisco. Pero al fracasar en ambos intentos decidió buscar empréstitos que le permitieran financiar las obras. De acuerdo con las cifras que tenía la Secretaría de Obras, el costo de los proyectos ascendía a unos 70.000 millones de pesos. Además Aljure aspiraba a una adición presupuestal por un poco más de 32.000 millones de pesos. Pero para lograr esos propósitos Aljure necesitaba de la autorización de la Asamblea Departamental y la única manera de lograrla _según sus críticos_ era comprometiéndose con la mayoría de los diputados a entregarles contratos a las cooperativas en aquellas zonas donde dichos diputados ejercen influencia política. Los diputados, ni cortos ni perezosos, empezaron a enviar pliegos al despacho del gobernador para que les autorizara las obras que ellos consideraban prioritarias en sus regiones. Así sucedió con Néstor Rozo, quien le dirigió la solicitud al gobernador, discriminando los municipios que se favorecerían y el monto de las obras (ver facsímil).SEMANA tuvo acceso a las solicitudes de los diputados, 11 de las cuales fueron analizadas y aprobadas por la gobernación. A Luis Eduardo Calderón, por ejemplo, le aprobaron 15 proyectos viales por un valor de 800 millones de pesos. Lo mismo sucedió con Néstor Rozo, Gloria Gómez Ortiz y Elizabeth Rico, entre otros. La diputada Rico, quien aspiraría a la Cámara de Representantes en las próximas elecciones, logró que la gobernación autorizara 800 millones de pesos para obras en Puerto Bogotá, Guaduas y la inspección de La Paz.Hubo otros diputados mucho más osados. Es el caso de Alberto Dimaté, quien no sólo envió su pliego de obras sino que en su solicitud también se tomó la molestia de anotar los nombres de los posibles contratistas y los teléfonos en los cuales los funcionarios de la gobernación podían localizarlos. Por no compartir el procedimiento llevado a cabo por el gobernador Aljure, el director de Planeación Departamental, Diego Hernán Cataño, se vio precisado a renunciar. En su carta de dimisión Cataño afirma que 75 de dichos proyectos, "ni siquiera existen, y no cuentan con los soportes de ley, obligando a quienes los concibieron a hacer mediante una alocada carrera su correspondiente justificación".
Otra perla
Pero hay más casos específicos. En la actualidad pesa contra el gobernador un juicio de responsabilidad por detrimento patrimonial del departamento en cerca de 6.600 millones de pesos. El hecho tiene que ver con la ejecución del proyecto Zipaquirá-Pacho-La Palma, cuya longitud inicial era de 93 kilómetros y tenía un costo de 15.600 millones de pesos. La obra se ejecutaría por concesión. El departamento aportaría 7.800 millones de pesos y los particulares los restantes 7.800 millones. Sin embargo el gobernador Aljure decidió otra cosa. De manera directa, es decir sin licitación, sólo adjudicó el tramo La Palma-Los Totumos (jurisdicción de Pacho), cuya longitud es de 42 kilómetros. La obra tiene un costo de 9.000 millones de pesos. Eso significa que la vía, siendo mucho más pequeña, le salió más cara al departamento. El contrato le fue adjudicado a la cooperativa Coinco, que a su vez subcontrató con la firma Emicol la ejecución de la misma. Como cooperativa interventora quedó Codeter. Esta obra no solo es más cara sino menos rentable. Mientras que la vía Zipaquirá-Pacho-La Palma tiene un Tráfico Promedio Diario (TPD) de 1.000 vehículos, la vía La Palma-Pacho tiene un TPD de 275 vehículos. Luego de las denuncias presentadas les toca ahora a los organismos de control del Estado determinar si se trata de una danza de Los millones para favorecer a los amigos políticos del gobernador o si en realidad son obras prioritarias para el desarrollo del departamento. En todo caso no deja de llamar la atención el hecho de que un alto funcionario del Estado, como el gobernador de Cundinamarca, a pocos días de entregar su mandato decida iniciar una carrera contra el reloj para adjudicar una serie de contratos multimillonarios, al parecer, de manera irregular.