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| 5/25/2014 12:00:00 AM

Una campaña presidencial atrapada en escándalos

Las acusaciones y polémicas desatadas, en vez de invertir la lógica, podrían consolidar la intención del voto.

Acusaciones de sobornos de narcos, espionaje y piratería de correos electrónicos han convertido las elecciones presidenciales en una toda una batalla campal que ha polarizado aún más al país, justamente cuando hace grandes esfuerzos para superar su pasado y presente violentos.

El intercambio de insultos ha distraído la atención de las conversaciones entre el Gobierno y las FARC, para poner fin a medio siglo de conflicto interno y que, se esperaba, sería uno de los temas cruciales en debate de cara a las elecciones del domingo próximo.

Podría decirse que buena parte de la culpa recae sobre dos antiguos aliados cuyas peleas públicas han dividido a Colombia desde hace cuatro años: el presidente, Juan Manuel Santos, y su antecesor en el cargo, el todavía influyente Álvaro Uribe Vélez.

Aunque preside la economía posiblemente de mayor crecimiento en Sudamérica, Santos es el blanco de los ataques implacables de Uribe y de su heredero, el exministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga. Según las encuestas, Santos y Zuluaga están empatados y les llevan una gran ventaja a los tres candidatos restantes.

El partido Centro Democrático, de Zuluaga, ha fustigado a Santos por ser blando -según dice- en las negociaciones con las FARC. Zuluaga ha amenazado con poner fin a las conversaciones en Cuba, salvo que los rebeldes demuestren que realmente quieren la paz y declaren un cese de fuego permanente.

Pero esas diferencias políticas han cedido el centro de la escena a las rencillas interminables y las denuncias tremebundas que casi a diario se envían entre las campañas y que han provocado, en buena parte de la opinión colombiana un profundo malestar.

Comenzaron con informes de prensa de que el jefe de campaña de Santos, J. J. Rendón, habría recibido 12 millones de dólares de los principales narcotraficantes del país para negociar su rendición. La información se basaba en el testimonio de hace tres años de un capo de cartel encarcelado en Estados Unidos y que fue filtrado a los fiscales colombianos.

El venezolano Rendón renunció inmediatamente después de reconocer que intercedió en el caso, aunque negó haber recibido el dinero.

Dos días después, las autoridades arrestaron a un experto en informática de la campaña de Zuluaga y lo acusaron de haber infiltrado los correos electrónicos de los negociadores de las FARC y del mismo Santos. Zuluaga denunció el arresto como un plan para descarrilar su candidatura.

A continuación, Uribe, sin presentar pruebas, acusó a Rendón de canalizar dos millones de dólares de los presuntos pagos de los narcos a la campaña de Santos en el 2010, por lo cual el presidente-candidato anunció una posible denuncia contra el senador electo por los delitos de calumnia e injuria.

Asimismo, durante el Gran Debate el pasado 23 de mayo, ante la pregunta de que si había traicionado a Uribe, Santos respondió: "No. Yo traicioné la corrupción, el amiguismo con el paramilitarismo y las chuzadas". A la mañana siguiente, el mandatario expresó: "Uribe ha sido muy amigo de los paramilitares", aunque afirmó no saber a ciencia cierta qué vínculos tuvo con la ultraderecha armada que se desmovilizó parcialmente en el 2005.

"Lo que he leído en los libros que publicó hace unas semanas (el senador electo) Iván Cepeda me dejó bastante sorprendido. Hay unos señalamientos que demuestran unos vínculos más allá", dijo Santos, en referencia a los libros A las puertas de El Ubérrimo (2008) y Por las sendas del Ubérrimo (2014) escritos por Cepeda y que contienen fuertes denuncias que llevaron a la Fiscalía a abrir, en enero del 2013, una investigación por los supuestos nexos del expresidente con las autodefensas
.

Para revolver más las aguas, el fin de semana pasado apareció un video filmado clandestinamente con un teléfono celular en el que Zuluaga escuchaba atentamente al presunto ciberpirata, que describía una estrategia para utilizar información que habría sido obtenida ilegalmente para socavar el apoyo a las conversaciones de paz.

Muchos colombianos, incluso entre los partidarios de Santos, se preguntan si el presidente quiso utilizar el proceso de paz en beneficio de su campaña electoral cuando anunció el 17 de mayo un histórico acuerdo con las FARC para combatir juntos las drogas ilícitas.

Muchos observadores creen que Santos debió haber suspendido las conversaciones con las FARC hasta después de los comicios.

Tanto Zuluaga como Santos están dispuestos "a ganar (la elección) por cualquier costo", dijo Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Uribe y ahora candidata presidencial por el Partido Conservador, que está en un lejano tercer puesto de acuerdo con la encuesta Invamer-Gallup más reciente. "Las dos campañas le están haciendo daño a Colombia, le están quitando confianza a los colombianos sobre sus líderes políticos y a las instituciones".

Vicente Torrijos, analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá, sostuvo que la andanada de acusaciones difícilmente afectará el resultado.

"El uso exagerado del escándalo, en vez de invertir la lógica, lo que puede producir es la consolidación de la intención del voto", opinó.

"El odio desatado por la campaña no se va a disipar fácilmente", dijo por su parte Michael Shifter, presidente de Inter-American Dialogue, un centro de estudios sobre asuntos hemisféricos con sede en Washington.

Al ganador le aguarda la ardua tarea de aliviar el encono generado por las acusaciones. El Congreso está dividido y Uribe, recientemente elegido al Senado, ha prometido liderar la oposición a Santos, si el ahora candidato presidencial resultara reelegido.
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