Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2009/03/14 00:00

Los están matando

Las víctimas que reclaman sus tierras están siendo asesinadas, torturadas y amenazadas. La reparación está fracasando y se consolida una contrarreforma agraria sangrienta.

Más de 20 años para lograr un título de tierras en urabá Estos parceleros de Turbo, víctimas de paramilitares, son de los pocos que han recibido títulos. Uno de sus líderes fue asesinado y varios sufren amenazas

Con las tierras, los paramilitares tenían un plan de largo plazo. Con pistola en mano, durante casi dos décadas expulsaron a los campesinos de sus fincas, usurparon parcelas y presionaron para que les vendieran a precios bajos. Usaron las instituciones del gobierno y muchos artilugios jurídicos para que todo pareciera legal. Querían consumar a sangre y fuego una contrarreforma agraria para lavar los activos del territorio, para controlar políticamente a las regiones, y para fungir como elites económicas rentistas en el futuro mediato. Todavía luchan a muerte por lograrlo, y si no se hace algo urgente, se saldrán con la suya.

Se trata de 5,5 millones de hectáreas que fueron abandonadas, invadidas o transferidas en negocios espurios, de las cuales fueron expulsadas 385.000 familias que hoy erran en busca de recuperar lo perdido. Pero en lugar de tierra, muchos de ellos han encontrado la muerte. Diez asesinatos, 563 amenazas, violaciones a mujeres y niños, golpizas, panfletos de las Águilas Negras en los que anuncian nuevas masacres, sedes de organizaciones de víctimas que han sido incendiadas y saqueadas, y el hostigamiento constante a quienes han retornado a sus fincas, son apenas una muestra de lo que está ocurriendo en todo el país.

Sólo en Urabá ya han muerto cuatro líderes que buscan restitución de sus bienes robados por comandantes de las autodefensas y que hoy están en manos de testaferros; en Córdoba muchos han desistido de reclamar sus parcelas donde las bandas criminales se han instalado con sus cultivos ilícitos; y en el Valle los narcotraficantes están sacando a bala a los campesinos que recibieron de manos del gobierno fincas incautadas.

Un panorama en el que la avaricia y la violencia con la que actúan las mafias contrasta con la casi nula respuesta del gobierno. Los nuevos conflictos, alrededor de las tierras, tienen en riesgo a las regiones frágilmente pacificadas. Pero más de fondo, está el problema que esta contrarreforma representa para la democracia. "Si no somos capaces de resolver este problema nos acabamos como Estado de Derecho", dice Eugenia Méndez, asesora del Ministerio de Agricultura para la restitución de tierras. "Nos toca deshacer lo que se hizo con violencia y no tenemos una herramienta distinta al derecho".

Méndez ha recorrido medio país, vereda a vereda, tratando de entender qué pasó en estas dos décadas en las que la tierra cambió de manos brutalmente. Se encontró que "los que no pagaban por la tierra sí pagaban abogados", y que los paramilitares usaron sofisticadas herramientas para hacer parecer legal lo que no es más que destierro. ?

¿Cómo pasó todo?

Se han encontrado cinco tipos de despojo usados por narcotraficantes, paramilitares, y terratenientes que pescaron en el río revuelto del desplazamiento forzado.

Los casos más graves son aquellos en los cuales con una pistola en la cabeza la gente tuvo que vender a bajos precios. Es lo que ocurrió en zonas como Urabá y en los territorios donde 'Jorge 40' tenía su imperio. Hace pocos días la revista de Internet Verdad Abierta publicó varias cartas que campesinos le escribieron a 'Jorge 40', antes de su desmovilización, en las que suplican por que les devuelva sus tierras.

Un campesino que había sido beneficiado en 1999 por el Incora con 40 hectáreas en San Ángel, Magdalena, le escribe al jefe paramilitar y le dice que: "El señor alias 'Tuto Castro' llegó a mi casa y habló con mi señora. Como no estaba me dejó razón que necesitaba comprar mi finca... Luego mandó a otros hombres para que le vendiera la tierra a través de un señor de apellido Nieto... ". En esta región se han encontrado títulos leoninos registrados en notarías, falsificaciones de firmas y otras formas de estafa.

En Urabá ocurrió de manera similar. Vicente Castaño, Raúl Hasbún y otros jefes paramilitares de la zona usaron una nutrida red de testaferros para obligar a hacer traspasos de tierras. Allí las víctimas reclaman restitución de 30.000 hectáreas. Esto es un lío mayúsculo porque los predios aparecen con varios dueños. La disputa por estas tierras ya les ha costado la vida a cuatro líderes: Juan Jiménez Vertel, asesinado presuntamente por testaferros de Vicente Castaño que se esconden bajo la denominación de "Águilas Negras" en Chigorodó. Benigno Gil, quien se había cansado de esperar la restitución de tierras y retornó con varios campesinos a las fincas que les habían arrebatado los paramilitares en Mutatá. Jaime Antonio García, fue asesinado en diciembre del año pasado, y en febrero pasado también cayó Alejandro Pino Medrano, asesinado cuando intentaba retornar a su finca en Riosucio, Chocó, de donde salió expulsado por los hombres de las AUC. Los actuales líderes campesinos, como Carmen Palencia, tienen que andar con escoltas de la Policía.

En la parte chocoana de esta región el problema que no se resuelve todavía tiene que ver con la usurpación de títulos colectivos adjudicados a comunidades afrocolombianas, que han sufrido un verdadero calvario, enfrentadas a grupos de empresarios de palma, testaferros y nuevos paramilitares. (Ver 'Los usurpados del Chocó').

Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación, dice que en muchas regiones se crearon nuevas elites agrarias, constituidas por quienes pescaron en el río revuelto de la violencia. "Lo que hicieron los paramilitares era ilegal. Lo que hicieron estas elites no", dice Pizarro. Desde un enfoque de capitalismo salvaje, estos empresarios y nuevos ricos sólo aprovecharon una oportunidad para comprar a bajos precios. Pero dentro de un enfoque de derechos, que es como se debe abordar la reparación a las víctimas, el gobierno no puede desconocer que miles de negocios de tierras ocurrieron en un ambiente enrarecido por la guerra.

Otra forma de despojo es la que sufrieron personas que aunque tienen título de su tierra no pueden volver a ella porque está ocupada por grupos armados, por testaferros o por invasores. Es el caso típico que usó Salvatore Mancuso en Córdoba. Ejemplo de ello ocurrió en Costa de Oro, donde una finca de 885 hectáreas le fue adjudicada por el gobierno a 59 parceleros a principios de los años 90. Nunca pudieron hacer uso de ella porque allí se había instalado Fidel Castaño con sus hombres, quien dejó que se quedaran algunos de ellos como peones o arrendatarios. Después Carlos Castaño le 'vendió' la finca a Mancuso, quien le mandó el mensaje a los campesinos que poseían títulos de que "me vende o le compro a la viuda", que era su frase de batalla. Algunos vendieron. Pero los que se negaron a hacerlo nunca pudieron volver. Hasta ahora que Mancuso reconoció su crimen y lograron la restitución. Pero casos como este, resueltos en el proceso de Justicia y Paz, son apenas cuatro en todo el país y no suman ni 2.000 hectáreas.

Otro conflicto agudo se está dando entre los mismos campesinos pobres y desplazados. Muchos de quienes abandonaron las tierras eran adjudicatarios de predios que les había dado el gobierno. Según la ley anterior a 2007, si una persona pasaba más de cinco años fuera de esa tierra se le podía adjudicar a otro. Y eso pasó en muchos lugares de Antioquia y de Sucre, por ejemplo. Hoy el desplazado llega a la tierra exhibiendo el título que hace más de una década le otorgó el Incora, pero resulta que encuentra en su finca a una familia, también pobre o desplazada, que también tiene título. Dado que el Estado no tiene hoy manera jurídica de resolver el entuerto, empieza el problema entre ellos.

Por último hay muchas tierras de víctimas que simplemente quedaron abandonadas y que siguen así. En esta situación se encuentran algo más de un millón de hectáreas ubicadas en zonas más remotas donde no hay condiciones de seguridad -por cultivos ilícitos, guerrilla o bandas emergentes- ni de desarrollo mínimo para un retorno que garantice una vida digna. Es el caso de Montes de María, donde hoy empresarios tradicionales, especialmente antioqueños, están comprando tierras masivamente a precios bajos, aprovechando el desencanto de la población desplazada que se cansó de esperar soluciones.

Todo este despojo se facilitó además por una situación histórica. En el campo ha habido mucha informalidad. La gente hace negocios verbales o se firman acuerdos hasta en una servilleta. Esto tiene que ver con la idiosincrasia del campesino, donde la palabra tiene peso y hace parte de los valores de la convivencia. Pero también con la debilidad del Estado en sus niveles más básicos y locales donde se realizan transacciones a merced de terratenientes y mafiosos.

El inminente fracaso de la restitución y reparación de tierras se refleja en las cifras. Los paramilitares apenas han entregado 6.600 hectáreas al fondo de reparación de víctimas. Aunque ellos quieren entregar más no pueden, pues Acción Social recibe activos saneados. Es decir, sin deudas y con los títulos al día. Por eso muchas de sus tierras terminarán en extinción de dominio. Mientras tanto a los desplazados les han entregado apenas 60.000 hectáreas, muchas de las cuales han tenido que abandonar de nuevo por amenazas y reclamos de las mafias (ver artículo 'Los perseguidos').

Pero la contrarreforma no sólo se expresa en las tierras hoy en litigio, fruto de la violencia. El narcotráfico se apoderó de muchas de las mejores tierras del país y siguen con ellas. Las usan como rentas en detrimento de la productividad del país. Elevaron sus precios con la especulación. Alejandro Reyes, asesor del programa Midas de la embajada de Estados Unidos, dice que las tierras productivas decayeron hace dos décadas por la extorsión y boleteo de la guerrilla. El narcotráfico compró tierras a bajos precios y con sus ejércitos privados les subió el valor. "Ahora muchas de esas tierras no están en manos de la mafia sino de empresarios". En Codazzi, Cesar, por ejemplo, antes de esta vorágine una hectárea valía dos millones de pesos. Ahora vale 60 millones.

No se sabe a ciencia cierta cuánta tierra está hoy en manos de los narcos, pero en una década sólo se les han incautado 457.000 hectáreas de las cuales sólo 40.000 tienen extinción de dominio, y apenas 3.480 serán entregadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes para la reparación de las víctimas.

El tamaño del fracaso es que de las tierras usurpadas apenas se ha devuelto el 1 por ciento. Una cifra que debería declararse vergüenza nacional.

Kafka en el campo

En cualquier país del mundo un problema tan crucial para la vida económica y política, que involucra a tantas personas, y que indica de manera tan clara la calidad de la democracia que tiene la Nación, sería tema central de debate. En Colombia no.

Los integrantes de la Comisión Nacional de Reparación son una especie de quijotes luchando contra molinos de viento, intentando que en una ley acá y otra allá, se incluya un parágrafo que frene la inminente legalización de esta contrarreforma. En un país que tiene un Congreso, y mucha parte del gobierno, con alta influencia gamonal, esto ha sido más que titánico. Los campesinos apenas empiezan a dar la pelea después de varios años de permanecer doblegados por la violencia paramilitar, la manipulación guerrillera, y la ruptura del tejido social que dejó el desplazamiento masivo.

El gobierno ha tardado mucho en entender que cuando hay una guerra en el campo, no puede tener una legislación rural como si se tratara de un país en paz. La sentencia de la Corte Constitucional, que obliga a cumplirles a los desplazados, dejó al desnudo la inoperancia de entidades como Incoder, que en una década les entregó menos de 20.000 hectáreas. Gracias a esta sentencia, en el último año se incrementaron las adjudicaciones.

Aunque tardías, se han tomado medidas eficaces como la protección temporal de tres millones de hectáreas que no se pueden comprar ni vender hasta que no se aclaren sus títulos de propiedad. El gobierno es de la tesis de que más que grandes políticas, se deben resolver los casos, uno a uno, y de acuerdo con las demandas que instaure la gente. Un camino extenuante para las víctimas que duran hasta siete años luchando en tribunales por el reconocimiento de sus títulos.

Por eso muchos ven con buenos ojos tres aspectos claves que contiene la ley de víctimas que hace curso en el Congreso. Primero, invierte la carga de la prueba a favor de la víctima. Segundo, ordena crear una comisión de la verdad que desentrañe qué fue lo que ha ocurrido con las tierras en casi medio siglo de violencia. Y tercero, propone un mecanismo extraordinario de justicia transicional, temporal y de carácter civil para resolver los problemas con las tierras, y que esté adscrito a Justicia y Paz.

Esto sería un gran avance pero no suficiente. Aunque muchos piensan que basta con instrumentos jurídicos, en realidad el tema de la tierra, que ha estado históricamente ligado a la violencia y la guerra, necesita también de una voluntad política más clara. Más aún cuando se habla de consolidación de la seguridad democrática y del posconflicto. En Guatemala, Sudán o Ruanda, el retorno de los desplazados ha sido sangriento, por motivos similares a los que vive Colombia.

Patricia Buriticá, miembro de la Comisión de Reparación, dice que se necesita destrabar el tema de la extinción de dominio. "Que una vez incautadas las tierras se les adjudiquen a las víctimas. De entrada son medio millón de hectáreas", dice. En caso de que el gobierno se vea obligado a devolver esta tierra al presunto narcotraficante al que se le incautó, pues que se le indemnice. Si la justicia funciona bien, estos deberían ser casos excepcionales, y no la regla, como ha ocurrido históricamente.

Otra cosa importante es crear rápidamente las comisiones regionales de restitución de bienes. Dado que los casos de litigio son miles, hay problemas de violencia y fragilidad de la institucionalidad local, Buriticá piensa que se debe hacer una concertación en el nivel municipal. "La restitución debe hacerse como un proceso de reconstrucción del tejido social y político", lo cual implicaría sentar en una mesa a autoridades locales, terratenientes y víctimas a pensar en el futuro de las regiones alrededor de proyectos que generen riqueza y reconciliación. En últimas, cómo construir Estado en las zonas rurales donde a veces las mafias son más poderosas que las instituciones. Un problema esencialmente político.

Quizá sea mucho pedir pero no imposible. Lo cierto es que hoy no basta con titular tierras. Mientras los nuevos grupos armados ganan terreno, los nuevos dueños de la tierra hacen su agosto con los desplazados, y el Estado sigue viendo apenas de reojo el problema, se está poniendo la primera piedra de la próxima guerra. O lo que es peor, la consolidación de una contrarreforma agraria, que no es más que un orden social injusto y tenebroso, construido con la sangre y las lágrimas de muchos colombianos.

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