Dos grandes fallos que dejó pendientes el Consejo de Estado

A finales del 2014, la continuidad de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá y la de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría ya concentraban la atención de los medios de comunicación. De hecho, se esperaba que en el 2015 el Consejo de Estado les pusiera punto final a ambos debates. Sin embargo, no hubo humo blanco.
 
Eso significa que esa corporación judicial tiene en sus manos el futuro de dos de las personalidades a quienes se les atribuye un protagonismo de excepción en el ámbito político, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales del 2018. Ambos debates serán, en consecuencia, los principales retos del órgano jurisdiccional para el año venidero.
 
Los magistrados no lograron resolver el fondo de los dos asuntos, principalmente, debido al inusitadamente alto volumen de recursos que fueron interpuestos por los interesados en uno y otro proceso. No fueron suficientes horas y horas de discusiones.
 
En el 2014 y el 2015, el Consejo de Estado sólo pudo ocuparse del caso para definir si magistrados con familiares que laboran en la Procuraduría o entidades distritales debían apartarse o no del caso. En plata blanca, ni la legalidad de la destitución del alcalde capitalino ni la validez de reelección de Alejandro Ordóñez como procurador fueron materias de discusión en la Sala Plena del órgano jurisdiccional.
 
Vencidos todos estos obstáculos, a la corporación ya no le queda otro camino que fallar. Eso implica que en el 2016 se podrán despejar las dudas en torno a los impedimentos legales de Ordóñez y Petro para continuar o no su carrera como servidores del Estado.
 
Caso Petro
 
La Sala Plena del Consejo de Estado tiene que definir si mantiene o no la sanción que le impuso la Procuraduría al alcalde Petro. Pese a que esa misma corporación le permitió permanecer en el cargo hasta el final de su mandato, eso no significa que el dirigente de izquierda se haya librado del todo de la sanción.
 
Si al final el tribunal decide que la decisión de la Procuraduría fue legal, Petro quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años. Esto lo sacaría de la carrera por la Presidencia y de la posibilidad de ocupar cualquier otro cargo estatal durante el mismo lapso.
 
La demanda contra la elección del procurador
 
El Consejo de Estado debe definir si la designación de Alejandro Ordóñez como jefe del Ministerio Público reelegido para un período inmediato fue legal o no. En caso de que la demanda prospere, el procurador saldrá de su cargo, lo que no frena sus posibilidades para seguir ejerciendo funciones públicas.
 
A diferencia del caso de Petro, una derrota jurídica de Ordóñez no lo dejaría por fuera de la puja en las próximas elecciones presidenciales. Ello porque lo que tiene que resolver la magistrada ponente, Rocío Araújo Oñate, no es si el procurador cometió o no una falta disciplinaria, sino establecer si su elección fue legal.

En fin, con los dos fallos sin resolverse, muchos advierten que esa fue la gran deuda del Consejo de Estado con el país.