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| 10/6/2007 12:00:00 AM

Los fantasmas de los ex presidentes

Ernesto Samper y Belisario Betancur parecen condenados a revivir una y otra vez sus pesadillas: el 8.000, que carcome al ex mandatario liberal, y el Palacio, que quema al conservador.

En menos de una semana, los ex presidentes Ernesto Samper y Belisario Betancur comprobaron por enésima vez que nunca podrán eludir su pasado. Que los dos hechos que ensombrecieron sus respectivos mandatos son heridas abiertas propensas a ser infectadas con cualquier nuevo suceso. Que gracias a la comprobada financiación de la campaña presidencial de Samper por parte del cartel de Cali, todas las realizaciones de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico siempre serán analizadas desde la óptica de la duda. Que cada revelación sobre el Palacio de Justicia sólo aumenta las preguntas sobre qué hizo o dejó de hacer Belisario durante esos dos fatídicos días de noviembre de 1985.

A Samper el más reciente sablazo se lo propinó la mismísima Corte Suprema el pasado jueves 4 de octubre. En un comunicado, compulsó copias de una declaración del confeso narcotraficante Víctor Patiño Fomeque a la Comisión de Acusación de la Cámara. Le pidió investigar las actuaciones del mandatario en la aprobación del Congreso de la reforma constitucional que restableció la extradición a finales de 1997. Patiño alega que los narcotraficantes del norte del Valle pagaron millonarios sobornos para garantizar que la extradición no se aplicara con retroactividad. Patiño habló en Estados Unidos ante un fiscal colombiano que había sido comisionado por la Corte como parte del proceso penal que se le sigue al senador Vicente Blel. La sala penal de la Corte consideró que lo dicho por el narcotraficante en agosto de este año amerita ser investigado por el juez constitucional del ex presidente.

Curiosamente, la acusación no es nueva; un fiscal de Estados Unidos dijo lo mismo en marzo de 2005. Dijo que tenía pruebas y declaraciones de testigos que probaban que Samper y varios congresistas habían sido "comprados" por los narcos. Y aunque el fiscal luego se retractó -el Departamento de Justicia estadounidense así se lo solicitó-, algunas personas como el llamado 'abogado de la mafia', Gustavo Salazar, y el ex congresista Carlos Oviedo salieron a ratificar la denuncia. Salazar le dijo a SEMANA en ese entonces que así se lo habían confesado sus clientes. A pesar de la gravedad de las imputaciones, el asunto no pasó a mayores. La 'patrasiada' del fiscal gringo apaciguó los ánimos y terminó siendo más una tormenta pasajera para Samper, que un tsunami.

Hasta ahora. Gracias a la para-política, la Corte Suprema ha recobrado su imagen de respetabilidad ante la opinión pública y su credibilidad va en ascenso. Aunque compulsar copias es sobre el papel un procedimiento inane y se hace todos lo días, es mucho menos usual que la sala penal de la Corte se tome el tiempo de anunciarlo públicamente y con bombos y platillos. ¿Qué fue lo que dijo Patiño que motivó la decisión de la Corte?

SEMANA conoció los principales apartes de la declaración de Patiño, que implica no sólo a Samper, sino a varios ex congresistas de los años 90 y al senador Blel, a quien la Corte Suprema llamó recientemente a indagatoria. Según Patiño, los capos del norte del Valle y los hermanos Rodríguez Orejuela hicieron una vaca para 'comprar' congresistas y evitar que la reimplantación de la extradición los impactara. Querían que su pasado delictivo de 1997 hacia atrás quedara sin posibilidad de castigo en Estados Unidos. Y estaban dispuestos a pagar lo que fuera: algo así como cinco millones de dólares.

A Samper, la declaración de Patiño le debe parecer un refrito: otra vez habla de cómo financiaron la campaña y cómo, gracias a esta contribución, los narcotraficantes tenían cómo influir en el gobierno, y esto, según Patiño, se reflejó en que la extradición quedó sin retroactividad. La posición del gobierno de Samper, sin embargo, fue públicamente contraria a esa pretensión. La ministra de Justicia de Samper, Almabeatriz Rengifo, le dijo a SEMANA que el primer proyecto presentado por ella no contenía ese condicionamiento; ese fue propuesto por los congresistas en debates posteriores. Y también es cierto que la administración Samper demandó ante la Corte Constitucional el artículo que elimina la retroactividad. La Corte rechazó esa acción.

Si a Samper le llueven el 8.000 y sus coletazos, a Belisario la investigación de la Fiscalía sobre las personas que desaparecieron después de la retoma amenaza con hundirlo en un barril sin fondo. Belisario también sufre de un problema de credibilidad. Sus declaraciones sobre el Palacio parecen insuficientes para la opinión pública. Existe la sensación -que él mismo ha ayudado a alimentar- de que él no ha contado todo lo que sabe, que tiene un guardado por ahí.

Al confirmarse que hubo personas que salieron vivas escoltadas por la Fuerza Pública, que nunca más volvieron a ser vistas por sus seres queridos, mantener ese silencio, esa discreción, pierde día a día defensores. Es que la desaparición forzosa es un delito de lesa humanidad. Por esa razón, la Fiscalía General compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investigue al ex presidente. En su declaración ante la Fiscal del caso, el 17 de enero de 2006, Belisario dijo que "se me informó que era posible que algunos de los asaltantes hubieran salido con vida, pero no se me precisaron nombres". Preguntado quién le informó, contestó: "los altos mandos militares por el conducto regular del ministro de Defensa, el general Miguel Vega Uribe. Supe con carácter de generalidad que eran conducidas principalmente a la Casa del Florero". La investigación de la Fiscalía ha concluido que los desaparecidos fueron llevados primero a la Casa del Florero y luego a instalaciones militares.

Es tanta la incredulidad, que Belisario y Samper afrontan una realidad lamentable para cualquier ciudadano y aun más para hombres que han llegado a tan alta dignidad: tener que reiterar su inocencia una y otra vez.

Que el juez natural de los dos mandatarios -la Cámara de Representantes- los haya exonerado anteriormente de su responsabilidad en esos hechos ha importado poco ante la opinión pública y ahora parece que se han sumado a los escépticos la Corte Suprema y la Fiscalía.

Para Samper este nuevo episodio es otro pierde-pierde. Si la Comisión de Acusación decide llamarlo a declarar -algo muy remoto, dadas la poca efectividad y dedicación de sus miembros-, tendrá que repetir su discurso: que no conocía de la financiación de los narcos a su campaña, que su gobierno desmanteló el cartel de Cali, que restableció la extradición, etcétera, etcétera. Y como siempre, corre el riesgo de que nuevamente una gran parte de la opinión no le creerá.

Y aunque tampoco se espera mucho de una eventual investigación a Belisario por parte de la Cámara, su situación política y pública podría resultar menos halagadora. A diferencia de las acusaciones contra Samper, que en su mayoría son cuentos viejos recargados, sobre el Palacio cada vez que la Fiscalía devela nuevos hechos asombrosos, aumentan las preguntas sobre la actuación y la responsabilidad del ex presidente conservador. Un escenario nada amable.
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