Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 1985/09/16 00:00

LOS FUEGOS ARTIFICIALES DE LA PAZ

Mientras se multlplican las acciones militares, las ganas de diálogo se reducen

LOS FUEGOS ARTIFICIALES DE LA PAZ

"Están celebrando aniversarios": comentó secamente el general Diego Gonzalez Ossa, jefe de Estado Mayor del Ejército, a propósito de las vastas acciones guerrilleras intentadas --y abortadas-- en los últimos días. Se refería al primer aniversario del asesinato, aún no esclarecido, del dirigente del M-19 Carlos Toledo Plata, en vísperas de la firma de la tregua con ese grupo subversivo. Y las celebraciones iban a ser algo más que fuegos artificiales, aunque así las describió una joven testigo del asalto a la subestación de policía del Cerro del Cable, al suroriente de Bogotá: "parecían luces de Nochebuena".
Las acciones fueron varias. El 11 de agosto, un ataque al Batallón de Inteligencia Militar Charry Lara, en el barrio Altamira de Bogotá, y simultaneamente otro a la estación de Torca, al norte de la capital, donde se distribuye la energía eléctrica para un buen sector del territorio nacional.
En la madrugada del lunes 12, el ataque con cohetes al Cerro del Cable, donde funciona un centro de comunicaciones de la Policía por el cual pasan comunicaciones neurálgicas del Estado. Y finalmente en Ipiales, el 13, el descubrimiento de nada menos que diecisiete bombas colocadas en los tanques de guerra cargados de municiones y explosivos del Grupo Mecanizado Cabal.
En todos esos casos, la responsabilidad de los ataques se atribuyó al M-19, que por lo visto ha reactivado considerablemente sus operaciones urbanas para planear acciones que, de haber tenido éxito, hubieran tenido gravísimas repercusiones: extensos apagones, caos de comunicaciones, y en el caso de los tanques, segun fuentes militares, la voladura de media población de Ipiales. Este último caso revela, ademas, un hecho especialmente preocupante para el Ejército: que hubo complicidad militar en la colocación de las bombas. Fueron detenidos varios soldados y suboficiales (uno de ellos se suicidó cuando iba a ser arrestado), y todos los integrantes del Grupo Mecanizado Cabal han sido sometidos a una total restricción de permisos y salidas en espera de la investigación.
Entre tanto, tampoco cesaron las escaramuzas en el campo. Un asalto a Salgar, Antioquia, atribuido al EPL (organización que teóricamente se encuentra en tregua), choques en Jambaló, Cauca, con las FARC y el Ricardo Franco, y entre uno y otro enfrentamientos con el ELN en San José de Itsmos, Huila, y con el M-19 en Sevilla, Valle, y en Algeciras, Huila, todo ello con resultado de numerosos muertos y heridos, tanto de la guerrilla como del Ejército y la Policía. En suma, las dos primeras semanas del mes de agosto han figurado entre las más agitadas y sangrientas de lo que va del año.
Se trata, sí, de una celebración de aniversario, como apunta el general González Ossa: pero paradójicamente es el aniversario de la firma de la tregua (con el M-19, el EPL y el ADO) el que así se "celebra". Al parecer bastó un año para que acabara imponiéndose la política de "buena puntería y tierra arrasada" que el presidente Betancur, en sus discursos de euforia, había declarado proscrita. Como declaró el comandante de las Fuerzas Armadas, general Augusto Moreno Guerrero, "ya no hay nada más que hablar con la guerrilla". Y Para darle músculo a esa declaración, el aumento del pie de fuerza de la Policía anunciado hace pocas semanas por los ministros de Defensa y Gobierno viene a complementarse ahora con la creación de un cuerpo especial del Ejército, una "fuerza de élite" de mil hombres, especialmente destinada a operaciones de comando que estara integrada por soldados profesionales.
En las altas esferas del gobierno, de las Fuerzas Armadas y de los partidos parece haberse dado por cerrada definitivamente la etapa del diálogo. A las duras palabras del general Moreno Guerrero se sumó así, durante la convención liberal, el duro enjuiciamiento del ex presidente Mosquera Cháux sobre la política de paz del Presidente: "el partido liberal no ha estado de acuerdo con los procedimientos que Belisario Betancur adoptó por su cuenta y riesgo" en ese terreno. El nuevo candidato del oficialismo liberal, Virgilio Barco, apenas le dedicó al tema una sola y vaga frase de su discurso: "... procurar la pacificación del país, con mano tendida y pulso firme, removiendo las causas profundas de la inconformidad, dentro del marco del Estado de Derecho, dándoles a nuestras Fuerzas Armadas el respeto y el respaldo a que son merecedoras como garantes del orden y defensoras de nuestras instituciones". Y el candidato disidente, Luis Carlos Galán, eludio por completo el tema durante su propio lanzamiento. El Directorio Nacional Conservador, por su parte, volvió a exigir perentoriamente la entrega de las armas por parte de los grupos guerrilleros. Y otro tanto hizo el ministro de Gobierno, Jaime Castro, al responder indirectamente a la nueva propuesta de diálogo hecha desde La Habana por Antonio Navarro Wolf en nombre del M-19: "el retorno al diálogo --dijo el Ministro-- debe ir acompañado de la cancelación total y definitiva de la actividad militar" del M-19. No más aperturas, pues. Y en cuanto a la que se dijo con gran bombo que sería "la última", el indulto, la verdad es que no ha tenido absolutamente ningún efecto. (Ver recuadro).
Dentro de esa unanimidad de puertas cerradas sólo se ha registrado una ligera discrepancia: la del propio presidente Betancur, que hablando el 9 de agosto en la base militar de Tolemaida dijo que "seguimos abriendo los brazos para que se reincorporen a la sociedad", sin excepción, todos aquellos que "creen adelantar una tarea creadora y constructiva por fuera del marco de la ley". Es decir, los guerrilleros.
Pero da la impresión de que el Presidente es, a estas alturas, el único de esa opinión. Así lo dio a entender en días pasados la casi olvidada Comisión de Diálogo, que pidió una reorganización de sus mecanismos para que tengan alguna injerencia en la vida nacional, y pidió en particular que se incluyera en el diálogo a las Fuerzas Armadas y de Policía, que de él han estado resueltamente ausentes. Dos prestantes miembros de la Comisión de Paz, han declarado también, que una reorganización es urgente.
Rafael Rivas Posada, rector de la Universidad de los Andes y nuevo director adjunto del Partido Liberal, pidió a principios de la semana al gobierno que "oxigenara" el proceso mediante un mayor compromiso de las autoridades, y que reanudara las conversaciones con los grupos guerrilleros. Y el general (r) Gerardo Ayerbe Cháux, al presentarle al Presidente su renuncia como miembro de la Comisión, pidió también un "replanteamiento" para "ensanchar la atmósfera de paz" que en su opinión "se ha ido achicando". Pues, en efecto, si el gobierno no entra a reactivar el proceso (en el caso de que todavía quiera y pueda hacerlo), todo el embeleco de la paz quedará reducido a simples fuegos artificiales.--
El indulto para nadie
La aprobación de la ley del indulto dio lugar en el Parlamento a los más largos y agitados debates de los últimos tiempos. Sin embargo ya van dos meses desde su promulgación, y su operancia ha sido nula: ni un solo indulto ha sido concedido entre los más de cien casos que se vienen tramitando. Más aún: en ninguno de ellos ha sido posible obtener la certificación de que los detenidos que solicitan el indulto sean "políticos" y no "comunes". Y esa certificación es el requisito sine que non para ser indultado.
Se trata de un certificado --explican a SEMANA los abogados Alejandro Hernández, Jairo Velásquez y Gloria Zamora-- expedido por la dirección de la cárcel, o por la brigada respectiva, o por el DAS, o por el F-2. Pero ninguno de esos organismos ha querido reconocer hasta ahora, entre los casos presentados, que el delito cometido sea político. Es decir, uno de los que la ley contempla como tales: rebelión, sedición y asonada, o los conexos con ellos ("cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos"), con excepción del secuestro, la extorsión y el homicidio fuera de combate.
Los abogados defensores citan ejemplos: el de los miembros del PLA que el año pasado (o sea, antes de la promulgación de la ley, condición necesaria para acogerse a ella) se tomaron la Bolsa de Bogotá. Fueron juzgados por rebelión, y se encuentran detenidos en la cárcel Modelo como "subversivos". Pero no se les expide la certificación, alegando que se trató de "homicidio común" y "lesiones personales". Otro caso es el de un miembro del M-19 detenido también hace un año, en los días de la firma de los acuerdos de tregua, cuando escondía armas de su grupo subversivo. Se le juzga por porte ilegal de armas, que es una contravención al Código de Policía, y no se le permite alegar su condición de detenido político. En éste y otros casos, el Ministerio de Justicia ha insistido ante la Dirección Nacional de Prisiones, sin ningún éxito. En consecuencia, el Ministerio ha solicitado la intervención de la Procuraduría para las Fuerzas Militares, por ahora también sin resultado.
Por otra parte, la ley del indulto (ley 49 de 1985) ha sido ya demandada por inconstitucional por los abogados Jorge Salcedo Segura y Gustavo Duarte. De acuerdo con el artículo 76 de la Carta, en efecto, el indulto debe ser aprobado con los dos tercios de los votos de los miembros de las Cámaras, y el proyecto actual, que fue el presentado por los ministros de Justicia, Gobierno y Defensa, se aprobó por mayoría simple: la mitad más uno. La Corte no se ha pronunciado todavía sobre la demanda. Pero aun en el caso de que la ley fuera declarada inconstitucional, los indultos que hayan sido tramitados entre el 4 de junio de 1985, fecha de su promulgación, y el 31 de diciembre del mismo año, fecha de su vencimiento, serán válidos.
Faltan más de cuatro meses para que venza la ley. Pero las trabas halladas por el centenar de personas que han solicitado el indulto, hacen pensar a los abogados defensores que los trámites están siendo dilatados deliberadamente, para que vencido el término no haya podido entrar ninguna demanda. En consecuencia, se están organizando ya colectivos de abogados y comités de familiares que tratan de presionar a las autoridades para que la ley se cumpla. Aunque el ambiente de guerra abierta que se respira nuevamente en el país la convierte en una ley singularmente impopular ante el grueso de la opinión.--

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