Viernes, 19 de septiembre de 2014

| 2013/03/22 00:00

Los funcionarios que ocultaron el desfalco a la DIAN

Procuraduría investiga dos contadores que se prestaron para ocultar millonario fraude.

. Foto: .

El proceso por el multimillonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cada día trae un nuevo capítulo. Ahora la Procuraduría les formuló pliego de cargos a dos funcionarios de la entidad que no vigilaron eficientemente las empresas ‘fachada’ que sirvieron para realizar el fraude cercano a los 100.000 millones de pesos.


Los responsables de esta presunta omisión son Raúl Vargas y Antonio Ramón Angulo, dos contadores de la DIAN seccional Bogotá, quienes, según el Ministerio Público, faltaron a los preceptos de lealtad a la administración al presuntamente permitir las actividades ilícitas de quienes contribuyeron al desfalco a la Dirección de Impuestos, en especial a Blanca Jazmín Becerra,  la misma que creó 10 empresas de papel desde el 2003 para el ilícito.


Jazmín llegó a tener un patrimonio cercano a 20.000 millones de pesos, dinero con el que adquirió ocho casas, tres apartamentos, cinco parqueaderos, siete lotes, tres oficinas, un local comercial, 12 vehículos y una finca en Anapoima (Cundinamarca), donde se deleitaba cabalgando caballos de paso.


Una de las empresas es Consultores y Asesores R&B, a través de la cual se hicieron decenas de trámites ilegales. Según la Procuraduría, Vargas y Angulo prácticamente se hicieron los de la ‘vista gorda’ con el material probatorio obtenido en esta empresa durante una inspección realizada por ellos en julio del 2010. Las pruebas indican que los funcionarios buscaron desorientar la investigación y así evitar que fuera descubierta Blanca Jazmín.


Las faltas impuestas por la Procuraduría son gravísimas a título de dolo, es decir que en caso de ser encontrados responsables, podrían ser destituidos e inhabilitados por 20 años para ejercer cargos públicos, debido a la complejidad de las conductas.

 

Raúl Vargas y Antonio Ramón Angulo gozan de su libertad desde el 17 de enero, cuando el juez 36 de garantías consideró que se vencieron los términos para que la Fiscalía los acusara por lo cual les otorgó ese beneficio.

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