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| 4/15/1996 12:00:00 AM

LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE

DESCONCIERTO TRAS EL LLAMADO A INDAGATORIA A SERPA, PARDO Y TURBAY. DE QUE LOS ACUSA LA FISCALIA?

Aun a los enemigos de Ernesto Samper la noticia les produjo incredulidad. Los tres hombres más cercanos al Presidente llamados a indagatoria, una circunstancia que a la luz de los antecedentes del escándalo de la narcofinanciación electoral hasta ahora siempre ha significado la cárcel. Y la posibilidad de ver a Horacio Serpa, a Rodrigo Pardo y a Juan Manuel Turbay detenidos parecía una medida excesiva, aun en el océano sin fondo que ha sido el proceso 8.000. En un mundo donde se pensaba que la capacidad de sorpresa se había agotado, el llamado a indagatoria de tres ministros en un solo día desconcertó a la opinión.Para los ministros, aparte de constituir un duro golpe, la verdad es que el asunto no constituyó una sorpresa. Serpa, Pardo y Turbay fueron formalmente notificados de la citación a indagatoria pasadas las 9 de la mañana del viernes, por medio de un telegrama que les envió la Unidad de Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la verdad es que la inminencia de la decisión les había sido advertida dos días antes por el propio fiscal general Alfonso Valdivieso, quien en una conversación con Serpa el miércoles en la tarde le dio a entender que la determinación de la Unidad que es formalmente autónoma para la toma de este tipo de decisiones no parecía tener reversa.
Esa misma noche Serpa y Pardo visitaron al presidente Samper en la Casa de Nariño. El jefe del Estado se mostró inicialmente incrédulo, pero al escuchar los detalles de la información conocida por Serpa de boca de su viejo amigo de lucha política en Santander y hoy Fiscal General, convino en que el asunto estaba definido. Pero Serpa y Pardo no sólo habían ido a Palacio a contarle la mala noticia al Presidente. También, y de manera muy franca, a plantearle sus respectivas renuncias. Samper expresó su oposición a dicha decisión pues, en su opinión, desestabilizaría de manera grave al gobierno y terminaría de debilitar al propio mandatario. A esta oposición, los ministros debieron sumar la de sus abogados, quienes consideran que renunciar ahora a los ministerios que ocupan los colocaría ante una detención inmediata pues, al perder el fuero constitucional que cobija a los miembros del gabinete, quedarían en manos de la justicia regional la de los fiscales sin rostro, dentro de la cual el llamamiento a indagatoria obliga automáticamente a detener a los sindicados.
Pero sin duda alguna lo que más pesó en la decisión de los dos ministros de no renunciar inmediatamente fue su solidaridad con el Presidente. Ernesto Samper considera que es objeto de una persecución política. Su relación cordial y respetuosa con la Fiscalía en público está a punto de terminar, como ya lo indican las declaraciones de Samper conocidas el sábado, al cierre de esta edición. Si se suma el caso Fernando Botero, la tercera parte de su gabinete podría terminar en la cárcel. Y a esto sólo se sobrevive políticamente si se deja la impresión de que hay una confabulación contra el gobierno para tumbarlo. Esta versión va a ganar adeptos, porque si semejante situación no es el resultado de intereses políticos, esto significaría que el gobierno de Colombia es un gobierno de hampones. Y nadie que conozca a Horacio Serpa, a Rodrigo Pardo o a Juan Manuel Turbay cree que puedan haber hecho algo que amerite que terminen en la cárcel como si se tratara de vulgares delincuentes.Serpa es un hombre con muchos enemigos políticos por su respaldo popular a nivel de base. Pero nunca en 30 años de vida pública había sido cuestionada su integridad moral. Pardo y Turbay son hombres sin enemigos y cuando el Presidente el viernes pasado asoció al primero con el concepto de dignidad y al segundo con el de honestidad, a quienes los conocen esa descripción no les pareció un lugar común. Se trata de personas cuya imagen es la de servidores públicos a la antigua. Pardo es un hombre formado en el rigor académico de los alumnos aventajados del profesor Fernando Cepeda en la Universidad de los Andes. Desde cuando engrosó el grupo de asesores de Virgilio Barco su imagen ha sido la de un estudioso sin ambiciones personales. En el caso de Turbay, la idea que de él tienen los conocedores es la de una figura con vocación de servicio, absolutamente leal a Samper y carente de apetitos políticos individuales.
Por lo anterior, se da por hecho que la radical negativa de Samper a que renuncien es el anuncio de que tratará de utilizar la anterior imagen de sus tres colaboradores para intentar poner en evidencia una supuesta injusticia de la justicia. La idea de que sigan en el gabinete hasta cuando sea ordenada su detención permite prever que, por ejemplo, en el caso de Serpa, la eventual llegada del popular defensor del jefe del Estado a su lugar de reclusión se haga en medio de una manifestación de apoyo al Presidente.
Con hojas de vida de esta naturaleza Samper va a tener munición para enfrentarse a Alfonso Valdivieso. El Presidente considera que el Fiscal está dando patadas de ahogado porque la denuncia contra el primer mandatario presentada ante la Comisión de Acusaciones es débil. Como es previsible que haya una exoneración a la vista en el Congreso, Samper cree que el Fiscal quiere compensar esta debilidad jurídica con presión política.Valdivieso, por su parte, no es ningún suicida y llevaba cuatro semanas midiendo milimétricamente las recomendaciones de sus subalternos antes de medírsele a este enorme paso. La acusación contra los ministros la formula la Fiscalía, pero el fallo definitivo está en manos de la Corte, la cual nunca ha sido acusada de formar parte de alguna conspiración. Si todos los cargos de la Fiscalía contra los ministros son desestimados en la Corte, el prestigio del Fiscal quedaría seriamente minado y la teoría del gobierno sobre la persecución quedaría avalada. Por lo tanto, el Fiscal es consciente de que está poniendo su carrera política en juego con estas tres indagatorias y muchos creen que no hubiera tomado este riesgo si no estuviera convencido de que jurídicamente está caminando en tierra firme.
Terreno juridico
¿Pero cuál es ese terreno en el que se está moviendo la Fiscalía? En términos generales se trata de hechos que si bien ya no escandalizan para nada a la opinión pública, técnicamente producen implicaciones penales sobre las cuales, según la Unidad de Fiscales, no tiene discrecionalidad una autoridad judicial. En esta categoría estaría todo lo relacionado con la violación de los topes electorales y las reuniones de encubrimiento. Todo el mundo sabe que la campaña de Ernesto Samper superó ampliamente los 4.000 millones de pesos permitidos por el Consejo Electoral. Como no había antecedentes de conductas a este respecto puesto que se estaba inaugurando una nueva legislación electoral, es muy probable que ninguno de los directivos tuviera conciencia de la dimensión delictiva que se le iba a atribuir posteriormente a la situación. Colombia al fin y al cabo siempre ha sido un país de contabilidades amañadas, pues existía una tolerancia frente a estas prácticas. Pero el hecho de que por cuenta de estas contabilidades se obtuvieran reposiciones del Estado por sumas cercanas a los 2.000 millones de pesos, le da un carácter penal claro a la falsedad en documentos. Si el director administrativo de la campaña, Juan Manuel Avella, está en la cárcel en estos momentos como el autor material de estos hechos, queda por definirse quiénes fueron los autores intelectuales. Fernando Botero ya reconoció su culpabilidad en la confesión. Ernesto Samper niega la de él. Les corresponde a las autoridades establecer qué grado de responsabilidad tenían sobre esto los otros directivos de la campaña, así como qué delito se configura cuando se está enterado de esto pero no se tiene una responsabilidad jerárquica concreta sobre los mismos hechos.
Una de las razones por las cuales los ministros fueron llamados a indagatoria es por las denuncias de Botero y de otras personas en el sentido de que todos los altos directivos de la campaña tenían plena conciencia de que se estaban violando los topes. El espíritu de Fernando Botero es o todos en la cama o todos en el suelo. Y el sistema de colaboración con la justicia genera problemas difíciles de sortear. Por ejemplo, si Botero está en la cárcel por un testimonio de Santiago Medina, cómo dejar por fuera de la cárcel a unas personas que han tenido en su contra el testimonio de Botero o incluso el de otras personas. Se puede decir que el ex ministro de Defensa y los otros testigos son partes interesadas, pero lo mismo se puede decir de Medina. Y si bien la justicia basada en delaciones tiene múltiples fallas, es difícil manejarla con preferencias o subjetividad por parte de convicciones íntimas. El sistema fue inventado para agilizar la administración de justicia y es a los jueces a quienes corresponde en última instancia estimar o desestimar el valor de estos testimonios. Bajo el régimen de colaboración establecido por la nueva Constitución, la justicia llega al final y no al principio. Por eso es probable que muchos de los que estén o vayan a estar en la cárcel sean inocentes, pero esto no significa que las órdenes de aseguramiento no estuvieran sustentadas por una justificación jurídica válida. Ahora viene la etapa de la defensa. Esta seguramente tendrá conceptos de peso, como el de que en derecho penal sólo es responsable el que firma o el que da al orden. Y que no puede haber responsabilidad por conceptos abstractos de asociación o presunción de conocimiento.
Algo parecido sucede con los cargos de encubrimiento. Pocos en Colombia dudan que durante el primer año del gobierno la alta plana del samperismo se la pasara reunida discutiendo qué hacer ante la evolución del proceso 8.000. Ni siquiera las personas acusadas de participar en estas reuniones niegan su presencia, y también en esta categoría están los tres ministros. Lo que es evidente es que en el momento de participar en las mismas ninguno de ellos pensó que estaba cometiendo un delito. Interpretaron esos encuentros como simples sesiones de estrategia o de manejo político de un problema y hasta los llegaron a bautizar con el nombre de comité de crisis. La Fiscalía les ha dado una interpretación diferente. Según ésta, el objeto de esas reuniones era evitar que saliera a flote la información sobre delitos cometidos. Y la Unidad de Fiscales considera que esto de por sí es un delito.

En la colada
Los anteriores hechos tienen a los ministros en problemas jurídicos. Sin embargo, aun de ser ciertos, la percepción por parte de la opinión pública sería de que ahí no hay nada grave. Lo grave para ellos sería que sus nombres llegaran a ser asociados con la dimensión narco del escándalo. Es decir, que tenían conocimiento de que el dinero con el que estaban manejando las elecciones era proveniente del cartel de Cali. A los ministros les ha ocurrido lo que le ha sucedido a muchos en este escándalo. Que simplemente por estar ubicados en algún punto del trayecto recorrido por los recursos atribuidos al cartel de Cali han caído en la colada sin que esté claro su conocimiento del origen de estos recursos. Con lo que se conoce de las investigaciones hasta la fecha, en esta situación se encuentra más Horacio Serpa que los otros dos ministros. Dentro del concepto de que el dinero en efectivo del cartel de Cali tenía que ser utilizado para aceitar la maquinaria, el Ministro del Interior quedó en el centro de todo ese proceso. Era él quien tenía que decidir y coordinar el envío y los destinatarios de esos recursos. Siendo protagonista, su defensa se basa en afirmar que si el dinero era del cartel él no tenía porqué saberlo. En la credibilidad de esa tesis se definirá la culpabilidad o inocencia de Horacio Serpa.
Las situaciones de Rodrigo Pardo y Juan Manuel Turbay tienen una mejor presentación ante la opinión pública porque su participación en la campaña no estuvo directamente relacionada con el envío del dinero en billetes. Ellos tendrán que explicar cómo es posible que una campaña quebrada pasara de la noche a la mañana a ser rica de nuevo sin darse cuenta. Pero eso en el fondo no es responsabilidad de ellos y no todos los miembros de una campaña están en la minucia financiera, ni tienen porqué no creer las explicaciones de los responsables. Esta es otra zona gris donde se definirá la inocencia o culpabilidad de los ministros.
No hay duda de que si tres personas honestas se encuentran en una situación jurídica irregular es que la ley se está aplicando con criterios más estrictos que en el pasado. Esto puede tener elementos de retroactividad originados en hechos políticos derivados del escándalo del proceso 8.000. Como ha sucedido aquí desde el principio, se están combinando realidades jurídicas con realidades políticas, lo cual es inevitable. Es posible que cuando se decanten las cosas y se llegue al final del proceso el valor probatorio de la defensa demuestre que sus responsabilidades no fueron tan graves como las interpretó la Fiscalía cuando los llamó a indagatoria. Pero por el momento están acusados de haber estado presentes en la casa en el momento en que se paseaba el elefante.

La situación de Serpa
El primer señalamiento que pesa en el proceso en contra del ministro Horacio Serpa se basa en la coincidencia de varios testimonios en el sentido de que el entonces jefe de debate de la campaña Samper Presidente tuvo una injerencia directa en la asignación de alrededor de 3.200 millones de pesos en efectivo, procedentes del cartel de Cali, a las distintas tesorerías regionales para la segunda vuelta de la elección presidencial.Los testimonios coincidentes que colocan a Serpa en delicada situación son los del ex tesorero Santiago Medina, el ex ministro Fernando Botero, un testigo secreto y, en algunos apartes, el de Patricia Pineda de Castro, relacionista pública de la campaña, quien confirma que Serpa tuvo conocimiento del movimiento de esos recursos en efectivo y fue decisivo en su distribución.
Según ha sido demostrado en la investigación,días antes de la segunda vuelta Serpa viajó a San Andrés a bordo de un avión de propiedad de Elizabeth Montoya de Sarria, y en ese viaje el hoy Ministro llevó, en compañía del hoy viceministro Juan Carlos Posada, un maletín con 15 millones de pesos en efectivo para la tesorería de la campaña del archipiélago. Serpa ha reconocido estos hechos, pero ha negado que supiera de quién era el avión y cuál era la procedencia de los dineros. De esta operación hay un recibo firmado por Serpa a Medina por los 15 millones de pesos en efectivo.
En el tema de la distribución de los recursos en efectivo procedentes del narcotráfico, Serpa ha sido señalado por testimonios recogidos en la investigación como la persona que entregó más de 300 millones de pesos a los distintos grupos que integraban la Alianza por Colombia. Según Santiago Medina, Serpa no sólo habría tenido que ver con la asignación de los recursos en efectivo para las tesorerías regionales, procedentes del cartel de Cali, sino, en varias oportunidades, en la consecución de recursos de supuesto origen ilícito. Medina menciona que poco después de la primera vuelta Serpa recibió en su oficina de la sede de la campaña al hoy confeso narcotraficante Víctor Patiño Fómeque en compañía de un amigo de éste, Ignacio Londoño, más conocido como el 'Tigrillo' por ser hijo del dirigente vallecaucano 'El Tigre' Londoño. De acuerdo con Medina, finalizada la reunión Serpa le llevó a su oficina, en la tesorería, a Londoño y a Patiño para discutir aportes para la campaña. Uno de esos aportes se concretó días después en la famosa comida en el hotel Casa Medina, a la que asistieron cerca de 40 personas y durante la cual, según documentos que obran en el expediente, Londoño, Patiño y otros cuatro amigos suyos aportaron un cheque por 100 millones de pesos. El testigo secreto de la Fiscalía complementa esta información y asegura que además Ignacio Londoño le entregó a Serpa un maletín con dinero en efectivo en la sede de la campaña.
En desarrollo de la investigación la Fiscalía trata de establecer el grado de conocimiento que Serpa tenía sobre la violación de los topes de gasto de la campaña establecidos en las normas electorales. De confirmarse que Serpa tuvo un manejo directo de los 3.200 millones de pesos en efectivo procedentes del cartel de Cali, como ese dinero fue exclusivamente para la segunda vuelta cuyo tope legal eran 2.000 millones, el Ministro del Interior podría ser acusado de fraude electoral.
Aparte de lo anterior la Fiscalía tratará de confirmar, en la declaración que rendirá Fernando Botero esta semana como testigo de cargo contra los tres ministros, si Serpa participó en reuniones de la cúpula de la campaña en las que se habría discutido el tema de los topes y la manera de violarlos. La idea es establecer si en las reuniones del llamado comité de agenda de la campaña, que se realizaban todos los lunes a primera hora en la casa del candidato y a las que asistían Serpa, Botero, Rodrigo Pardo, Juan Manuel Turbay, José Antonio Vargas, Juan Fernando Cristo y el propio Samper, se discutieron estos temas. Adicionalmente la investigación busca confirmar la realización de dos reuniones, una a mediados de abril y otra pocos días después de la segunda vuelta, en las que participaron Samper, Botero y Serpa y en las cuales se habría discutido el asunto de los topes.
Otro punto por definir tiene que ver con que, días antes de la segunda vuelta, Botero le habría entregado a Santiago Medina, delante de Horacio Serpa, 12 cheques equivalentes a un millón de dólares, procedentes de los recaudos en el exterior, para que fueran utilizados en la campaña y absolutamente por fuera de la contabilidad.
En cuanto a los posibles delitos relacionados con el encubrimiento, la Fiscalía tratará de establecer el papel que habría jugado Serpa en más de 30 reuniones, referidas por Fernando Botero. Según el ex ministro de Defensa esas reuniones, celebradas durante los meses que siguieron al inicio del gobierno, tenían por objeto garantizar que lo sucedido en la campaña nunca se conociera. En una de esas reuniones, efectuada en las casas de descanso de Telecom en San Andrés, Samper, Serpa y Botero habrían discutido los reclamos hechos por los hermanos Rodríguez Orejuela en una carta que el gobierno conoció por intermedio de Santiago Medina en el segundo semestre de 1994. Dicha carta contendría una serie de quejas de los Rodríguez porque el gobierno no estaría cumpliendo los compromisos supuestamente adquiridos a cambio de las millonarias contribuciones del cartel de Cali a la campaña.
Finalmente la investigación trata de establecer el papel desempeñado por Serpa en las semanas previas a la detención de Santiago Medina, cuando el gobierno intentaba a toda costa evitar que el ex tesorero de la campaña colaborara con la Fiscalía. Según testimonios contenidos en la investigación, Serpa se habría reunido con Medina varias veces para convencerlo de que no hablara.

La situación de Pardo
Los señalamientos que aparecen en el proceso en contra del canciller Rodrigo Pardo se concentran casi exclusivamente en la violación de los topes de gasto establecidos por las normas electorales. Según los testimonios de Fernando Botero y Santiago Medina, la campaña invirtió en publicidad una cifra superior a los 8.000 millones de pesos. Esta cifra, que coincide con los análisis realizados por la Fiscalía a la contabilidad de la campaña, habría estado representada en compra de afiches, calcomanías y toda clase de productos publicitarios. Además, en el alquiler de centenares de vallas en todo el país y en la contratación de avisos en periódicos y revistas. Pero la parte más significativa serían miles de cuñas radiales y varias decenas de cuñas de televisión.
El grueso de la ofensiva publicitaria de la campaña Samper Presidente habrían sido efectivamente las cuñas radiales de las semanas previas a a la elección. Dichas cuñas habrían sido conseguidas como consecuencia de convenios entre la campaña y las grandes cadenas radiales para que sólo fueran cobradas en una mínima parte. Según algunos de los testimonios, Pardo habría participado de cerca en el diseño de estos convenios, que consistían en algunos casos en que por cada 10 cuñas que la campaña pagara la respectiva cadena radial le regalaba 90. De ese modo las regaladas no aparecían relacionadas como gasto en la contabilidad de la campaña. Sin embargo, según las normas electorales, como se trataba de una contribución en especie, de-bían haber sido registradas como ingreso valorado de acuerdo con las tarifas comerciales. Como esto no se hizo, dichos acuerdos entre la campaña y las cadenas habrían servido para falsear la contabilidad y eludir el control de los topes legales. Lo que la Fiscalía trata de establecer es cuál fue el papel de Pardo en dicha operación. La Fiscalía también trata de averiguar si es cierta la afirmación de Santiago Medina en el sentido de que Rodrigo Pardo tuvo una directa participación en las autorizaciones que su oficina hacía de las órdenes de pago por concepto de publicidad, pues como este rubro por sí sólo superó en más de dos veces el tope total de la campaña, de confirmarse lo dicho por Medina se consideraría inevitable que Pardo hubiera estado al tanto de la superación de los topes.
Un testimonio que podría confirmar lo anterior es el del ex director administrativo de la campaña Juan Manuel Avella, quien asegura que en el curso de la campaña advirtió a Pardo que se estaban violando los topes para los gastos de publicidad. Otros testimonios en el proceso indican que Pardo habría participado en la decisión de utilizar dinero recaudado en efectivo para gastos del rubro publicitario y mantenerlos por fuera de la contabilidad de la campaña. Sin embargo algunas personas que trabajaron con Pardo en la campaña sostienen que su vinculación con los asuntos de publicidad tuvieron que ver más con el diseño y las estrategias de comunicación que con el pago de las cuentas y el manejo de los recursos destinados a este rubro.
En cuanto a la utilización de dineros procedentes del exterior, que también se mantuvieron por fuera de la contabilidad de la campaña, Botero sostiene que Pardo estaba al tanto de ello, pues en un par de ocasiones él le habría entregado fondos, prcedentes del exterior, para cancelar deudas contraídas con proveedores publicitarios.
Finalmente, la investigación buscará establecer el papel que habría jugado Pardo en las más de 30 reuniones que se habían celebrado, según Botero, a lo largo del primer año del gobierno y cuyo objetivo habría sido el de desarrollar distintas actividades destinadas a encubrir lo sucedido en la campaña y obstruir el desarrollo de las investigaciones judiciales al respecto.

La situación de Turbay
En el caso del ministro de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, la investigación trata de confirmar si participó en las reuniones en las que, según algunos testimonios que obran en el proceso, la cúpula de la campaña habría diseñado los mecanismos para evadir los topes establecidos en las normas electorales, medida necesaria para obtener la reposición de alrededor de 1.800 millones de pesos de recursos públicos.
Según el testimonio de Fernando Botero, Turbay habría estado al tanto de numerosos recaudos que se mantuvieron por fuera de la contabilidad, algunos de los cuales _como el de la firma japonesa Mitsui_ fueron captados por medio de cuentas corrientes de Fernando Botero en la ciudad de Nueva York, tal y como el ex ministro de Defensa lo ha confirmado.
Según el mismo testimonio, cuyos detalles serán ampliados en la declaración que Botero rendirá esta semana a la Unidad de Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, Turbay habría participado en el recaudo de otros recursos del exterior que, al igual que los de las cuentas de Nueva York, nunca fueron registrados en las cuentas de la campaña, con el fin de evitar dejar registrada la violación de los topes legales.
La investigación trata de establecer, además, el papel jugado por Turbay en relación con una contribución por el equivalente a cerca de 500.000 dólares, representados en sumas en diferentes divisas y cuyo efectivo ingreso a las arcas de la campaña habría sido parcial. Los investigadores tratan de establecer si esa suma es la misma que, según Botero, Elizabeth Montoya de Sarria y algunos amigos de la asesinada 'monita retrechera', fue reunida en una contribución que el propio candidato habría acordado en abril de 1994 con la señora Montoya de Sarria. Allegados al ministro de Comunicaciones aseguran que Turbay no ha manejado nunca cuentas en el exterior y que por ello mismo nada podría haber tenido que ver con estas operaciones en moneda extranjera.
En cuanto al grado de conocimiento que pudo haber tenido Turbay sobre los dineros procedentes del cartel de Cali, algunos testimonios que se han ido acumulando en desarrollo de la investigación indicarían que el actual ministro de Comunicaciones habría analizado en compañía de Samper la distribución que habría sido definida por Horacio Serpa, de los cerca de 3.200 millones de pesos en efectivo procedentes del cartel de Cali, a las diferentes tesorerías regionales de la campaña para la segunda vuelta presidencial, así como a algunos grupos no liberales que apoyaban la candidatura presidencial de Samper, como es el caso de la Alianza por Colombia. Como esa cantidad rebasaba por sí sola el tope legal de 2.000 millones de pesos para la segunda vuelta de la elección presidencial, de confirmarse el conocimiento que habría tenido Turbay de dichos dineros el ministro de Comunicaciones podría ser acusado además por los delitos relacionados con la violación a las normas electorales gracias a las cuales la campaña recuperó tras la segunda vuelta 1.800 millones de pesos del erario público.
En cuanto a las actuaciones del alto gobierno que la Fiscalía considera podrían constituir un encubrimiento de lo sucedido en la campaña, la investigación busca confirmar cuál fue el papel de Turbay en las más de 30 reuniones que, según Fernando Botero, celebraron con el Presidente de la República sus principales colaboradores con el supuesto fin de evitar que se conociera lo sucedido en la campaña. Botero ha dicho además que Turbay participó en la famosa comida en la Escuela de Caballería.
Según uno de los testimonios de la investigación, Turbay también habría estado al tanto del contenido de la carta enviada al gobierno por los hermanos Rodríguez Orejuela en el segundo semestre de 1994, en relación con una serie de reclamos del cartel por un supuesto incumplimiento de los compromisos que habrían sido adquiridos como contraprestación a los millonarios aportes en efectivo del cartel a la campaña.
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