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| 3/31/2012 12:00:00 AM

Los intocables: en el limbo investigación fiscal de pensiones en la Judicatura

El juicio fiscal contra 23 magistrados por el carrusel de las pensiones quedó sepultado gracias a una sentencia judicial que le quitó el proceso a la Contraloría y se lo dio a la Comisión de Acusaciones.

En vísperas de la Semana Mayor, una decisión judicial dejó en el limbo el juicio fiscal al carrusel de las pensiones de la Rama Judicial. La Contraloría buscaba determinar si 14 magistrados auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura se aprovecharon de su paso por la entidad para aumentar sus pensiones gracias a las 'palomitas' que les dieron nueve magistrados titulares.

Cuando muchos colombianos pensaron que finalmente una entidad se atrevía a investigar los excesos de la Justicia, salió una sentencia de una sala de conjueces de la misma Judicatura y precisó que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara -y no la Contraloría- la que debe investigar fiscalmente a los magistrados de las altas cortes. En otras palabras, el proceso quedó enterrado. Según el fallo, la Contraloría debe enviarle a la Comisión "la totalidad de estos procesos adelantados contra los magistrados". Es decir que la investigación podría terminar en un saludo a la bandera, pues la Comisión de Acusaciones del Congreso es el símbolo de la impunidad. La llaman la comisión de absoluciones, porque en el último medio siglo solo ha hecho una acusación que terminó en condena: la del general Gustavo Rojas Pinilla.

La controversia jurídica por la competencia para investigar fiscalmente a los magistrados comenzó desde finales de enero cuando la contralora, Sandra Morelli, abrió un juicio fiscal a los 23 magistrados de la Judicatura. El ente de control presume que 14 de ellos, gracias a breves 'palomitas' como magistrados auxiliares, aumentaron hasta cuatro veces su pensión. El incremento se debe a que el cálculo para que los funcionarios de la Rama Judicial se pensionen se hace con base en los salarios devengados en el último año laborado.

La Comisión de Acusaciones reclamó la competencia sobre la investigación. Entonces comenzó un pulso institucional que tenía en vilo al mundo judicial. ¿La razón?: el hecho de que la Contraloría pudiera investigar a magistrados de la Judicatura abriría un precedente jurídico para que las otras cortes entraran en el radar del ente de control.

La contralora Morelli pidió al Consejo de Estado dirimir la competencia y la Comisión hizo lo propio ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En el primer caso, los magistrados dejaron la discusión para después de Semana Santa. En el segundo, después de que los magistrados de la Judicatura se declararon impedidos, la Sala de siete conjueces entró a dirimir el conflicto. Al final, concluyeron que la comisión es la que debe investigar a los magistrados por dos razones: el nombramiento de los funcionarios que mejoraron sus pensiones, aunque es una posible irregularidad, no es de orden fiscal, y en segundo lugar, los magistrados gozan de un fuero especial y su juez natural es el Congreso.

Así, quedó en vilo el futuro de la investigación por el presunto detrimento patrimonial al Estado que, según cálculos de la Contraloría, en principio equivale a cerca de 14.000 millones de pesos (eso cuestan las pensiones de los investigados, proyectadas en el tiempo según su expectativa de vida). Pero también quedó en veremos la posibilidad de conocer la verdad sobre los presuntos 'palomazos' en otras instancias de la Justicia.

La Comisión, para quitarse su bien merecida fama de inoperante, en las últimas semanas ha estado activa y anunció una investigación a más de 200 magistrados y exmagistrados de toda la Rama por las pensiones. Los presidentes de las altas cortes, por su parte, consideran que detrás de los anuncios de las presuntas irregularidades hay generalizaciones injustas y se comprometieron a denunciar penalmente a los posibles responsables. Pero en un escenario de tensión política por cuenta de la reforma a la Justicia que cursa en el Congreso no hay que esperar decisiones sobre el carrusel pensional. Lamentablemente, hay que darle cristiana sepultura a las denuncias.
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