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| 8/11/2007 12:00:00 AM

Los Juan Carlos del Valle

Juan Carlos Abadía y su padrino, el senador Martínez Sinisterra, no sólo se enfrentan a otros candidatos, sino a denuncias sobre su pasado y sobre sus actuaciones políticas.

Juan Carlos Abadía y Juan Carlos Martínez Sinisterra son dos nombres que, por estos días, dan mucho de que hablar en el Valle del Cauca. El primero es candidato a la Gobernación. El segundo, su principal apoyo político. Sus contradictores aseguran que en la campaña están apelando a todo tipo de artimañas y que el dinero corre a rodos. Ellos se defienden con el argumento de que las denuncias y acusaciones en época electoral suelen ser gratuitas y se deben tomar con beneficio de inventario.

Pero la historia no favorece al polémico binomio de los dos Juan Carlos. El hombre clave detrás de ellos es Carlos Herney Abadía Campo (padre del aspirante a la Gobernación y padrino político de Martínez), un controvertido ex senador liberal del proceso 8.000 y también famoso por haberse fugado de las casas fiscales de Bogotá (Las Villas), donde purgaba condena por los dineros que le recibió al cartel de Cali. Es, además, el fundador del Movimiento Popular Unido (MPU), partido que en 2002 avaló a varios candidatos al Congreso que ahora están en el ojo del huracán por la para-política. Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, hoy en prisión, son dos de ellos.

Juan Carlos Abadía es un administrador de empresas que, a su corta edad, 28 años, ya ha ocupado la presidencia de la Asamblea del Valle y del Concejo de Cali. Inscribió su candidatura a la Gobernación del Valle como independiente con el respaldo de 140.000 firmas, pero cuenta con el apoyo de Convergencia Ciudadana, algún sector del uribismo, liberales y conservadores disidentes. Si bien comenzó muy joven en política, y en las entrevistas se le veía desarticulado, quienes lo conocen bien -como varios de sus compañeros del Concejo- dicen que le cabe plenamente el adagio de que "hijo de tigre sale pintado" y que ahora es todo un animal político.

Hace poco, el joven Abadía jugó un papel protagónico en el escándalo que se desató por una serie de contratos que están siendo investigados, y cuyo valor asciende a 25.000 millones de pesos. En la primera reunión privada que sostuvo el nuevo alcalde, Ramiro Tafur -quien reemplazó a Apolinar Salcedo después de su destitución por parte de la Procuraduría- con los concejales de Cali, Abadía pidió la palabra para solicitarle al burgomaestre respetar un contrato por más de 1.000 millones de pesos que, según dijo, pertenecía a la fundación de universidades del Eje Cafetero. El objeto del contrato es socializar la fumigación contra la hormiga arriera con las comunidades de la zona rural aledaña a Cali. Tafur le contestó que ese era el primer contrato que pidió investigar por irregular, pero Abadía le insistió en el tema. Hoy ese contrato está congelado y la Fiscalía, la Procuraduría y la Oficina del Zar Anticorrupción lo tienen bajo la lupa.

Juan Carlos Abadía es muy popular entre los periodistas locales. Se hizo conocido porque en una ocasión, para conquistar a una presentadora de un noticiero de televisión, mandó cubrir el carro con pétalos de rosa, mientras la periodista se arreglaba en un salón de belleza.

Al heredero del clan Abadía, los líos con las autoridades no le son desconocidos. En la actualidad enfrenta dos investigaciones en la Procuraduría. La primera, en la que está involucrado con otros 15 ediles, por haber elegido como contralor de Cali a Miguel Piedrahíta, quien aparentemente estaba inhabilitado. El contralor habría favorecido a Abadía, al anular varias investigaciones que podrían truncarle su aspiración a la Gobernación. La segunda tiene que ver con el cambio en el uso del suelo de un sector de la ciudad, que permitió la venta de un club social muy afamado, cuyos propietarios habrían repartido dinero entre los concejales que aprobaron la medida. Allí se menciona su nombre.

Pero si Abadía genera polémica, su principal apoyo político no se queda atrás. La fugaz carrera de Juan Carlos Martínez Sinisterra ha sido meteórica. Hace 10 años era un desconocido comerciante en Buenaventura, y de la mano de los Abadía logró un escaño en la Asamblea del Valle en 1998. En 2002 ingresó a las grandes ligas de la política nacional y se convirtió en congresista por el MPU de los Abadía. En 2006 saltó a Convergencia Ciudadana y consiguió la segunda votación de su nuevo partido.

En la actualidad es la cabeza visible de esa colectividad y fue mencionado por la Corporación Arco Iris como "beneficiario de altas votaciones en sectores del Valle que dominaron los paramilitares", aunque no tiene procesos formales en su contra.

Martínez se jacta en reuniones privadas de su amplio inventario burocrático. Dice contar con 13 alcaldías en Cauca y Valle, con el consulado de Panamá, con el Invías de todo el país, con la Corporación Autónoma del Valle y, como si fuera poco, con línea directa con la Presidencia de la República. Quienes lo conocen dicen que es un tipo hábil que no busca figurar, pues reconoce que su cercanía pública no le conviene a ningún candidato.
En noviembre de 2005 estalló uno de los primeros escándalos en que se vio involucrado el senador Juan Carlos Martínez. Fue cuando Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, destituyó de manera fulminante a José Tovar, director de la oficina del Incoder que maneja los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca y Valle. Graves irregularidades en la asignación de tierras y propiedades investiga la Fiscalía por este caso. En su defensa, Tovar dijo en su momento que "no me va a pasar nada porque tengo el respaldo del senador Martínez".

Los escándalos han continuado. Hace un año, María Carlota Jaramillo, contralora del Cauca, encontró sobrecostos en un contrato de la Secretaría de Salud por 3.000 millones de pesos para comprar medicamentos. "Pagaban el acetaminofén lo a 5.000 pesos la unidad", denunció la contralora. Ante la gravedad de los hechos, Juan José Chaux, gobernador del departamento, tuvo que destituir al secretario de Salud, Carlos Quiñones, personaje de la cuerda de Martínez. El senador liberal Luis Fernando Velasco emplazó públicamente al gobernador Chaux por este asunto. "Quiero denunciar que en Cauca un cartel de drogas lícitas e ilícitas se quiere tomar la política", aseveró Velasco.

En la actualidad, otra denuncia pública involucra a Martínez. Se trata de las amenazas que ha recibido uno de los candidatos a la Alcaldía de Buenaventura, Héctor Copete. Este ingeniero cree que las amenazas contra su vida podrían venir de la campaña de su contendor, José Feliz Ocoró. "Acá lo que pasa es que a Copete lo apoyan Dilian Francisca Toro y el partido de La U, mientras que a Ocoró lo respaldan el senador Martínez y Convergencia Ciudadana, y ellos han dicho que ganan o ganan", sostienen varios líderes del puerto consultados por SEMANA.

La controversia sobre Martínez no se circunscribe sólo al plano local. El pasado 20 de julio, en la votación para escoger la mesa directiva del Senado, los acuerdos en el interior del uribismo -pactados en 2006- establecían que la vicepresidencia sería para Convergencia Ciudadana. El gobierno hizo lobby para que Martínez ocupara el cargo y evitar desequilibrios en la coalición. Varios congresistas, incluso uribistas, no consideraron sano que Martínez estuviera en esa posición. Por eso, de un momento a otro, muchos votaron por el candidato del Polo, Iván Moreno Rojas, quien finalmente ganó.

Al calor del debate electoral, los contradictores de Abadía y de Martínez están diciendo de todo. "Están comprando el apoyo de los líderes cívicos, concejales y diputados con maletines llenos de dinero", dicen en los pueblos. "Así no hay lealtad que aguante", se quejan en voz baja algunos candidatos. Así, con ese tono de sospecha y tufillo de corrupción, está entrando en la recta final la contienda electoral en el Valle del Cauca.

La competencia será dura. En los últimos sondeos de opinión hay un cabeza a cabeza en el primer lugar entre Abadía y el conservador Francisco Murgueitio. De cerca los siguen la liberal María del Socorro Bustamante; el candidato del Polo, Orlando Riascos, y Alejandro De Lima, un independiente. La semana pasada Fabiola Perdomo, una de las viudas de los diputados de Valle asesinados hace 45 días por las Farc luego de pasar cinco años en cautiverio, inscribió su nombre para competir en octubre por el primer cargo del departamento.

Su inclusión en la baraja de candidatos podría cambiar el panorama electoral en el Valle, en donde la polarización entre Abadía y los demás candidatos es lo único claro. De hecho, existe un principio de alianza entre seis de los aspirantes para unirse bajo un solo nombre y enfrentar el final de la contienda. A esta coalición por el Valle, como la han llamado sus defensores, no fue invitado Abadía. Las posibilidades de que esto funcione por ahora parecen muy pocas, pues parece difícil que candidatos de distintos partidos estén dispuestos a declinar sus aspiraciones para favorecer un tercero.

Este es, en síntesis, el panorama político del Valle, a un poco más de dos meses de los comicios. La campaña promete ser caliente, por la cantidad de dinero, por la polarización entre Abadía y el resto, y por el alto voltaje de las recriminaciones que ya se siente entre los candidatos. También, desde luego, porque el departamento del Valle se está jugando su suerte.
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