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| 8/2/2014 2:00:00 PM

Los líos de la familia política de Petro

Gustavo Petro está en el banquillo por cuenta de denuncias contra su familia política. ¿Qué es verdad y qué es mentira?

El alcalde Gustavo Petro pasó de la noche a la mañana de ser el mayor denunciante del cartel de la contratación de Bogotá y adalid de la lucha contra la corrupción al banquillo de los acusados por permitir, aparentemente, que parientes suyos estén haciendo negocios o cobrando comisiones de éxito con empresas de la ciudad.

La injerencia de su familia política se empezó a oír sotto voce en los pasillos del Palacio Liévano, y últimamente con mayor fuerza en el Cabildo Distrital y en varios medios. Pero esta semana terminó por convertirse en escándalo cuando el concejal Carlos Vicente de Roux decidió hacer público su rompimiento con Petro.

De Roux ha sido amigo y aliado de Petro desde hace años. Los dos hicieron el informe que puso al descubierto el cartel de la contratación de la Alcaldía de Samuel Moreno y han compartido lo que debe ser la izquierda en el poder. Por eso, que este caleño haya salido a advertir sobre la injerencia de los familiares del alcalde es una carga de profundidad para un político que ha hecho su carrera denunciando la corrupción.

Lo grave no es solo la denuncia sino de quién proviene. De Roux es uno de los hombres con mayor credibilidad en la izquierda. Pocos ponen en tela de juicio su motivación. No solo es un conocedor de la problemática capitalina sino que para evitar suspicacias ha dicho que no piensa ser candidato a la Alcaldía. De no haber quemado sus naves con Petro hubiera sido el candidato lógico de los Progresistas. Eso ya no es posible, y como él mismo lo ha dicho la carta de la izquierda va a ser Clara López. Y no fue el único de la bancada que se fue contra su jefe. También lo hicieron en entrevistas con La W Clara Sandoval, Diana Rodríguez, Diego García, Juan Carlos Flórez, Antonio Sanguino y el contralor Diego Ardila, entre otros.

Las denuncias de De Roux son documentadas y concretas. Tomó tres multimillonarios contratos (paraderos de buses, operadores de TransMilenio y trámites del tránsito) que tuvieron el mismo problema: en vez de sacarlos a nueva licitación para obtener mejores ventajas, los renovaron con justificaciones poco claras. Además, hay rumores de la presencia de familiares del alcalde en la decisión y se habla del pago de comisiones.

El primero que le generó dudas al cabildante fue el negocio de los paraderos de buses. En 2001 la empresa Eucol firmó un contrato para construirlos en la ciudad a cambio de comercializar la publicidad en ellos. Además de estas obras y su mantenimiento, el distrito recibiría el 7 por ciento de esa publicidad. Según cifras oficiales y proyecciones del concejal la empresa obtuvo casi 300.000 millones de pesos entre 2001 y 2013, que le generaron cerca de 200.000 millones en utilidades mientras la ciudad recibió 22.000 millones de pesos.

Según De Roux, lo obvio era sacar una nueva licitación para que Eucol u otro operador le diera más plata a la ciudad. En vez de eso, meses antes del vencimiento se decidió prorrogar por seis años. A cambio, Eucol deberá construir 500 paraderos adicionales, instalar señales en 5.500 más y darle a la ciudad el 11,5 por ciento de los ingresos, “una proporción escuálida, frente a lo que recibirá por publicidad”.

Y hay dudas sobre cómo se tomó esa decisión. Hace algunos meses, en declaraciones a la revista Dinero, Alejandro Botero, el mismo que encendió el ventilador del cartel de la contratación de la Alcaldía pasada, dijo que ese negocio se definió en el apartamento del concuñado del alcalde, Carlos Gutiérrez, y que Petro estaba presente. Allí se habría decidido prorrogar el contrato a Eucol, que supuestamente ofreció pagar una millonaria comisión. A cambio, Botero recibiría como recompensa el contrato para construir los 500 paraderos. El alcalde no se ha referido a la supuesta reunión, y dice que demandó a Botero días antes de la publicación y que le pidió a la Fiscalía investigar a ese personaje por los abusos que pudo haber cometido invocando su cercanía con el alcalde.

Curiosamente, una vez la ciudad firmó la prórroga, Eucol contrató a la empresa Servicori, de propiedad de Botero, para hacer las obras, pero voceros le dijeron en su momento a Dinero que lo hizo por recomendación de un amigo y no de familiares del alcalde. Finalmente, por problemas en su ejecución se lo quitaron a Botero, para dárselo, según él, al ingeniero Juan Carlos Alcocer, cuñado de Petro y gerente de la firma Praga Construcciones.

Con el viento en contra, Botero decidió irse a Panamá, pero antes le entregó a la Fiscalía la información de cómo los concuñados y familiares del mandatario están haciendo negocios, no solo en el Sistema Integrado de Transporte, sino en otras empresas como el Acueducto o la ETB. Botero hace alarde de saber secretos del alcalde progresista, pues no solo ha sido su amigo, sino que estuvo en la comisión de empalme.

Además de los eucoles, los concejales petristas también tienen dudas sobre la forma como se renovaron los contratos de TransMilenio y del SIM de tránsito. A pesar de que el alcalde cuestionó en campaña los contratos leoninos de los operadores de los articulados, se renegociaron. Los de la fase I aceptaron disminuir su remuneración con lo que según el alcalde, TransMilenio ganará 70.000 millones de pesos más.

También hay controversia por el contrato de Servicios Integrales para la Movilización (SIM). Esta concesión, además de tener estándares de calidad cuestionables, dice De Roux, se le dio una prerrogativa innecesaria. El contrato vence en 2016, pero como se requería construir una bodega que vale 28.500 millones para almacenar la documentación, la Secretaría de Movilidad decidió extenderlo hasta 2022 porque no había recursos ni predios para la bodega.  

El contralor distrital, Diego Ardila, le dijo a SEMANA que el 70 por ciento de la contratación en la alcaldía de Petro se está haciendo por vía directa, buscando todo tipo de quiebres para no cumplir la Ley 80. “Si no hay un mandato claro del alcalde a sus funcionarios para que haya licitaciones, se va a seguir abonando un terreno peligroso”.

El propio Petro marcó distancia con sus cuñados: “Carlos Gutiérrez ni siquiera es familiar mío. A él lo veo en reuniones porque es esposo de la hermana de mi esposa, pero no tengo ninguna relación. Es más, somos rivales políticos”, dijo a María Jimena Duzán en SEMANA. Y frente a otras denuncias, sostuvo que con respecto a los intereses que Carlos Alberto Gutiérrez tenía en el tranvía de la séptima, había decidido no realizarlo. Pero se equivocó, pues quien lidera la APP de esa obra es la firma francesa Alstom, y su concuñado está en realidad en el tren de cercanías que la empresa Sofca propuso hacer entre Bogotá y Zipaquirá.

Varios medios han advertido que Carlos Alberto Gutiérrez le prestó dinero al grupo Nule; que su cuñado, Juan Carlos Alcocer, trabajó con ellos e incluso que estos dos y María Teresa Alcocer, hermana de la esposa del alcalde, terminaron haciéndose a un lote de Julio Gómez, uno de los protagonistas del cartel de la contratación, en condiciones investigadas por las autoridades.

Es claro que la familia política del alcalde lo ha puesto en un terreno difícil del que aún puede salir bien librado, si toma las decisiones correctas. Su caso no es un nuevo cartel de la contratación como el de los Moreno, pues todos los que han denunciado a Petro, comenzando por el propio De Roux reconocen que no es corrupto. Lo tildan de negligente, de delegar en exceso o de no ser un gran negociador, pero en todo caso no de comisiones o mordidas. “Se trata de unos parientes, hombres de negocios, que han usado el hecho de ser familiares del alcalde para inmiscuirse en la ciudad. Y Petro, en vez de ponerlos en su lugar, ha preferido mirar para otra parte o no ha querido darse cuenta por estar metido en la política”, dijo De Roux. El punto es que mientras no los ponga a raya, como se lo está pidiendo su bancada, su mandato parece acercarse a lo que pasa en Venezuela con los boliburgueses, donde empresarios y familiares que apoyaron a Hugo Chávez y a otros líderes terminaron años después enriqueciéndose de forma desproporcionada con negocios del Estado. Del alcalde depende que en Bogotá no prospere una ‘petroburguesía’.
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