Los líos del ICBF

El 11 de agosto del 2011 fue uno de los días más aciagos para Elvira Forero en los cinco años que se desempeñó como directora del ICBF. Ese día llegó a su despacho la procuradora delegada para la familia y la infancia, Ilva Miriam Hoyos, quien le entregó un descarnado informe sobre la contratación de la entidad a su cargo.

El documento de 350 páginas, al que tuvo acceso SEMANA, registra un rosario de presuntas irregularidades por las que la Procuraduría llega incluso a concluir que en unos casos se "podrían poner en alto riesgo la vida y la salud de los adultos mayores". Y en otros contratos por "negligencia" en la observación de los mismos "se pudo haber puesto en riesgo, y se puede seguir haciéndolo" a los niños beneficiarios de la Bienestarina.

En teoría, es un informe de carácter preventivo, es decir, pretende dar recomendaciones. Pero en la práctica, la procuradora consideró tan grave lo que encontró, que decidió remitir copias del mismo a la Fiscalía y a la Contraloría para que investigaran los hallazgos. E incluso trasladó copias a la misma Procuraduría para que investigara los contratos con los hermanos Edmundo y Gabriel del Castillo y el abogado experto en contratación Jorge Pino Ricci.

Forero, cuando fue consultada por SEMANA, en agosto pasado, dijo estar tranquila y consideró que tenía explicaciones válidas para cada uno de los puntos del informe. De hecho, en un largo diálogo dio sus respuestas a muchos de los puntos. "Solo ayer me lo entregaron -dijo el pasado 12 de agosto en diálogo telefónico desde Costa Rica-. Apenas he tenido tiempo de leer las primeras páginas, pero le puedo decir que la procuradora Ilva Miriam Hoyos llegó sin conocer el instituto ni querer conocerlo".

Todo comenzó en marzo de este año, cuando la procuradora Hoyos, ante múltiples denuncias que llegaban a su despacho, decidió 'tomarse' el ICBF. Llegó con un equipo de 18 funcionarios a la sede central de Bogotá y durante cerca de 20 días estuvieron de sol a sol en el instituto revisando la contratación. Sin embargo, como el ICBF tiene 17.000 contratos al año, la Procuraduría decidió tomar solo una muestra de 78 contratos.

La conclusión es, en principio, demoledora: se detectaron, en prácticamente todos los contratos revisados, anomalías, algunas aparentemente menores como la no entrega de informes que demuestren el cumplimiento del objeto del contrato, y en otros casos, posibles problemas de mayor factura, como "fraccionamiento de contratos", y en general, un desorden significativo en materia de archivo y administración.

En principio, los primeros resultados del informe son preocupantes, pues el ICBF es, después del Ministerio de Defensa, una de las entidades que manejan más recursos del Estado para contratación: en los últimos nueve años casi se ha doblado su presupuesto, pasó de 1,7 billones de pesos a 3,1 billones.

Hay quienes creen que a través de algunas regionales del ICBF, cuyas direcciones se les dan como cuota a congresistas, se pagan algunos favores políticos. Y de hecho, SEMANA documentó cómo el ICBF de Córdoba ha servido para alimentar intereses de congresistas relacionados con Sahagún.

La directora, Elvira Forero, dijo en ese momento que, por el contrario, la han criticado por tratar de centralizar la contratación: "Tengo múltiples pruebas de todo lo que se ha hecho para que no haya intermediarios. Este año hay 17.000 contratos para ejecutar los recursos del ICBF, y en el 2006 eran 23.000 contratos. Los hemos disminuido a pesar de que el presupuesto ha aumentado, porque estoy haciéndolos por convocatoria pública".
 
A propósito de los señalamientos, el columnista Daniel Coronell publicó para SEMANA, el 20 de agosto del 2011, la columna La que a buen pino se arrima.

¿Qué encontró la Procuraduría?

En una primera tanda, revisaron contratos de prestación de servicios de personas que han estado envueltas en polémicas recientes, como los hermanos Edmundo y Gabriel del Castillo, y el abogado Jorge Pino. Así como también la de personajes como el exministro José Manuel Arias Carrizosa, quien fue uno de los impulsores, al lado de Luis Guillermo Giraldo, del referendo para la reelección del entonces presidente Uribe. En todos ellos, la Procuraduría registró la falta de reporte de informes detallados que den cuenta del cumplimiento del contrato.

Uno de los casos que más llamaron la atención es el de Luz Amparo Guerra, quien fue jefe de prensa de la Alcaldía de Bogotá en la administración Peñalosa. Ante este caso, en el artículo publicado en esta revista el 13 de agosto pasado se escribió lo siguiente: Desde el 2006 Luz Amparo Guerra está contratada por 'prestación de servicios' con el ICBF y la Procuraduría no entiende por qué Guerra "fue comisionada para realizar viajes que al parecer no se relacionan con el objeto de trabajo ni con la profesión que tiene". Ella, que es comunicadora social y politóloga, es frecuentemente comisionada para acompañar a la directora en temas que tienen que ver con contratación, lo cual, según dice la Procuraduría, sería propio del jefe jurídico. Una inquietud adicional es que por esos viajes, en los que va y vuelve el mismo día, recibe viáticos de 310.000 pesos, que en cuatro años suman más de 60 millones de pesos.

En el caso de Gabriel del Castillo, quien asesoró al ICBF mientras su hermano Edmundo era el secretario jurídico de Presidencia, la Procuraduría encontró que en el contrato del 2009 tenía obligaciones que no están relacionadas con su profesión -"asesorar al ICBF en programas de comunicación interna y externa"- o que se justificó una adición en el monto del contrato con el argumento de la necesidad de "contar con personal de las calidades tanto humanas como intelectuales del doctor Del Castillo".

Hay un caso que para la Procuraduría resulta curioso y es que como contratista, Edmundo del Castillo tenía la tarea de hacer la interventoría de un contrato de Bienestarina. Y cuando del Castillo se fue para la Casa de Nariño, esa interventoría quedó en manos de un consorcio en el que estaba una firma de los polémicos hermanos Nule. Contrato para el cual dio su visto bueno, precisamente, su hermano Gabriel del Castillo.

En general, en estos como en los otros contratos de prestación de servicios se habla de que no aparecen documentos para sustentar el porqué cada uno de ellos era el más indicado para ser contratado ni tampoco que se rindan informes sobre el contrato. "Todos los soportes de las acciones de los contratistas están en distintas carpetas -respondió Elvira Forero-. Mal haría el Estado en gastar el tiempo del contratista en pedirle informes en los que, por ejemplo, repita la minuta del contrato que hizo".

Otro de los paquetes más polémicos de contratos que revisó la Procuraduría fue con la Red Alma Máter. Este es un consorcio de cinco universidades públicas del Eje Cafetero que se han convertido en un pulpo de la contratación en el país y ha estado en el ojo del huracán por un contrato para surtir cartillas que le tumbó la Secretaría de Educación de Bogotá.

La Procuraduría encontró que entre el 2007 y el 2011 ha hecho convenios con el ICBF por 197.414 millones de pesos. Y en la revisión de los mismos halló que nunca se invitó a otros oferentes para estos contratos y dice que no se demuestra la necesidad y la conveniencia de contratar directamente con Red Alma Máter. En segundo lugar cuestiona que a través de ese contratista se estén subcontratando cerca de 7.470 personas, que indirectamente trabajan para el ICBF. La Procuraduría pidió evaluar si se estaba dando una "tercerización de servicios públicos esenciales". Y en tercer lugar, encuentra algo que se parece a la figura de "fraccionamiento de contratos", pues son tres en el 2010 con el mismo objeto. La directora Forero alegó en su momento que era "legal y constitucional el contrato directo con Alma Máter".

Ancianos y niños en riesgo

Un tercer paquete de contratos que revisó el equipo especial de la Procuraduría fue los que firmó el ICBF para dar complemento alimentario a ancianos en condiciones de extrema pobreza. La Procuraduría se mostró aterrada con el manejo dado, pues dijo que, por ejemplo, los estudios previos no incluyeron los datos estadísticos de la población adulta mayor de cada departamento para poder establecer el número de cupos por contratar. El Ministerio Público no entiende cómo el ICBF contrata desde el 2006 con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos.

Luego se detiene en el análisis de cuatro consorcios que ganaron contratos y encontró también distintas anomalías. Por ejemplo, uno de ellos tiene su domicilio en Valledupar y le dieron el contrato para alimentar a los ancianos de Putumayo, Guainía, Amazonas y Arauca. En otro caso, el de la Unión Temporal Luz de Vida, la Procuraduría no entiende cómo en un solo día, el 10 de diciembre del 2010, se constituyó dicha Unión Temporal y se suscribió el contrato entre ella y el ICBF para ocho departamentos. "No se puede saber con qué antelación el operador presentó la propuesta y esta pudo ser evaluada por el ICBF". Ese consorcio, además, hizo el diagnóstico de la situación de los viejos con datos de 1994.

En cuanto a un tercer consorcio, la interventoría dice que presentó falencias significativas con los utensilios y equipos para almacenamiento y distribución de las raciones. Y a pesar de eso, se certificó el cumplimiento del contrato, "lo que podría poner en alto riesgo la vida y la salud de los adultos mayores".

En varios apartes del informe se trascriben textualmente reportes de interventorías que hablan de que "los alimentos están sobre el piso, las verduras y legumbres fuera del ambiente de refrigeración, aliños para varios días con mal olor" o "no cuentan con los equipos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad. Almacenamiento en lugar no adecuado. Alta infestación de moscos en servicio sanitario, evidencia de cucarachas. Vajilla de materiales no adecuados (madera), vasos rotos y deteriorados". Una situación que, según la Procuraduría, es inconcebible que haya persistido desde octubre del 2009, sin que al parecer se hayan adoptado los correctivos por parte del ICBF para garantizar una sana alimentación a los adultos mayores.

Y en cuanto a los contratos que se revisaron de alimentación escolar, las cosas no son muy distintas. La Procuraduría detectó un caso en que se tuvieron que suspender las clases por falta de la distribución oportuna de alimentos, otro en que el contratista propuso cambiar los alimentos por abanicos y uno más en que el contratista no les dio a los niños Bienestarina sino Frutiño.

Uno de los puntos más delicados del informe es el que tiene que ver con producción y distribución de la Bienestarina. La Procuraduría encontró problemas tanto en el contratista (Industrias del Maíz) como en el interventor (Inter-Icbf). Del 2007 al 2010, el concesionario presentó perturbación y suspensión en varias plantas de producción; deficiencia en la calidad: en la planta de Cartago se detectó presencia de bacterias (salmonella) en lotes de Bienestarina; aunque el producto de alto valor nutricional no contiene aditivos ni preservativos, el Invima halló presencia de este último (ácido sórbico), y en un informe del 30 de agosto del 2010 se habla de que muestra de Bienestarina analizada "arrojó una salmonella sp, coliformes fecales y otros". El informe no precisa de cuáles plantas provienen las muestras.

Elvira Forero salió al paso en su momento y dijo que "la Bienestarina les llega a nueve millones de colombianos y no tiene ningún riesgo. Cuando hemos tenido que multar a los operadores, lo hacemos. Industrias del Maíz fue seleccionada luego de un proceso de nueve audiencias públicas, no se ganó el contrato al azar".

Hay tantas o más preocupaciones sobre el consorcio interventor del que hacía parte el cuestionado Grupo Nule. La Procuraduría encontró que no acreditaba la experiencia requerida y carecía de músculo financiero. Con apenas tres días de inicio del contrato, el interventor empezó a faltar a las visitas necesarias para vigilar las plantas y la distribución de la Bienestarina. Para la Procuraduría, el ICBF falló en tomar las medidas necesarias ante el incumplimiento de sus contratistas.

"La Contraloría hizo una visita con la que se detectó ácido sórbico. Nosotros multamos a Industrias del Maíz por eso y multamos a la interventoría por no haberla detectado".

Para la Procuraduría, las sanciones al interventor se impusieron con retrasos de hasta ocho meses desde la fecha de los incumplimientos. "Preocupa la falta de adopción de decisiones de manera pronta, oportuna, eficaz y legal por parte del ICBF, lo que pudo haber puesto, y puede seguir haciéndolo, en riesgo a los niños, a las madres gestantes y a los adultos mayores con la distribución de Bienestarina sin el control de calidad debido", dijo la procuradora Ilva Miriam Hoyos en su informe.

"El ICBF perdió su norte y se convirtió en una empresa contratista": Ángela Robledo

El pasado 1 de noviembre, en un debate de control político a la directora del instituto, Elvira Forero, la representante a la Cámara Ángela Robledo denunció presuntas irregularidades en la contratación.

Al debate asistieron la directora, Elvira Forero; la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y la contralora general, Sandra Morelli.

La representante a la Cámara Ángela Robledo, del Partido Verde, afirmó que Elvira Forero, directora del ICBF, convirtió al instituto en "un monstruo que sólo se ocupa de contratar, contratar y contratar, mientras la garantía de derechos de las poblaciones más pobres y vulnerables está en veremos”.

Tras pedirle la renuncia a la funcionaria, Robledo aseguró que Forero, quien dirige desde el año 2006 el ICBF, “se ocupó de duplicar y concentrar el 80 por ciento de un presupuesto que hoy llega a casi cuatro billones de pesos (3,9 billones)”.

En ese sentido, la representante rechazó que la funcionaria destine los recursos para “alimentar una serie de empresas, grupos, consorcios y hasta organismos internacionales que tanto la Procuraduría como la Contraloría investigan por cuenta de múltiples irregularidades”.

En su criterio, la concentración del dinero en el ICBF se traduce en problemas de transparencia, aumento de costos de transacción, favorecimiento de monopolios y debilitamiento de las 33 regionales, las cuales, según la representante, no inciden en términos de presupuesto y aplicación de las políticas públicas del instituto.

Robledo criticó que bajo la dirección de Forero, “el ICBF perdió su norte y se convirtió en una empresa contratista”.

Sobre las presuntas irregularidades en la contratación, la representante rechazó que los recursos que destina el ICBF para alimentar a niños y ancianos, “van a los bolsillos de contratistas como el Grupo Torrado, Cooperativa Colanta, Red Alma Máter y la Organización Internacional de Migraciones (OIM)”.

A propósito de la denuncia de Robledo, el columnista Daniel Coronell se refirió en su columna de esta semana El carrusel Torrado a los vínculos del ICBF con el senador Efraín Torrado y su hermano el concejal de Bogotá Édgar Alfonso Torrado.

La respuesta del ICBF

Durante el debate, la directora del ICB, Elvira Forero, aseguró que el instituto atiende de manera integral a la población vulnerable y agregó que más de 14 millones de raciones diarias de alimentos se entregan en 33 regionales y 200 centros zonales en el país.

Ante los operadores que manejan los programas, la funcionaria explicó que de 23.000 contratos existentes en el 2006, se pasó a 17.000 en el 2010, y 14.000 en el 2011. Según Forero, en referencia a la alimentación escolar, los contratos se redujeron de 2.600 a 300.

A través de un comunicado, el ICBF destacó la importancia de las convocatorias públicas "como mecanismo de transparencia en los procesos contractuales".

Ante los señalamientos, la directora dijo que las denuncias serán entregadas a la Procuraduría y la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones pertinentes, y reiteró en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes que el ICBF no es una máquina de contratación, y que "sólo ejecuta su presupuesto y evita que se quede en cuentas de ahorro o TES".

"La objetiva contratación garantiza la asistencia y permanencia de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y asegura la atención social de 11 millones de colombianos", concluyó en su momento Forero.