Jueves, 27 de noviembre de 2014

| 2013/02/02 10:00

Los mercenarios del cáncer en Colombia

Al drama de quienes padecen cáncer en el país se suma que solo el 30% de los servicios ofrecidos están certificados.

Los mercenarios del cáncer en Colombia Foto: Javier de la Torre Galvis

Un nuevo drama se suma a quienes enfrentan las dificultades e incertidumbres que llegan tras un diagnóstico de cáncer: saber si la atención que reciben tiene el visto bueno de alguna autoridad, y si la medicación es realmente la que se requiere o solo la más costosa. “Alrededor de los tratamientos oncológicos se ha construido una maraña de intereses donde no se tiene en cuenta al más importante: el paciente” dice Carlos Castro, director médico de la Liga contra el Cáncer.


La preocupación es válida. Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, de los 2.222 servicios médicos relacionados con el cáncer en el país, solo 710 están certificados por alguna autoridad de salud. “Estamos preocupados por la proliferación de oncológicos de garaje”, asegura Alejandro Gaviria, ministro de Salud. Además, precisamente por lo sensible de estos tratamientos y por la atención integral que demanda esta enfermedad, la ley exige que quien ofrezca servicios oncológicos debe garantizar que sus especialistas estén vinculados de tiempo completo. Sin embargo, en el país no hay más de 200 médicos oncólogos y hematólogos, y de manera sorprendente existen 938 lugares donde se ofrecen estos servicios. “Esa cantidad no la tiene ni Estados Unidos con una población de 200 millones de habitantes” dice Raúl Murillo, director del Instituto Nacional de Cancerología. “Existen médicos itinerantes, mercenarios actuando con gran irresponsabilidad pues cualquier complicación con un cáncer es un riesgo de muerte” dice Raimundo Manneh, presidente de la Asociación Colombiana de Oncología.


A este diagnóstico se suma que la forma como opera el sistema de salud ha creado incentivos a los médicos para formular medicamentos que no siempre se requieren e incluso terminan siendo contraproducentes. Algunos centros sin control o profesionales, por ejemplo, ganan comisión por la venta de medicamentos. Murillo da fe de cómo le llegan pacientes a los que les han recetado tratamientos de quimioterapia cuando podrían haberse atendido mediante cirugía o con otro tipo de tratamiento menos costoso e intrusivo. “Es un sistema perverso que estimula la formulación” dice Castro. Sin embargo, Manneh rebate diciendo que es “un tema traído de los cabellos” y que los médicos actúan con ética y que no se dejan manipular por los laboratorios.


Por otro lado, este esquema desangra el sistema de salud pública. Vía tutela se exige prácticamente cualquier tratamiento sin importar su costo. “He tenido pacientes que viajaron a Suiza y les tocó regresar porque allá no les cubrían los medicamentos que aquí les daban” dice Castro. De hecho, según cifras de la Defensoría del Pueblo las tutelas para demandar tratamientos oncológicos crecieron en un 45 por ciento al pasar de 3.105 en 2010 a 4.521 en 2011. 


Es tal el avance de la informalidad en este tipo de tratamientos que se presta para el contrabando de medicamentos, según coinciden en decir los especialistas. Manneh explica que la libertad de precios que imperó por años llevó a que en Colombia los medicamentos costaran hasta 10 veces más que en los países vecinos. Esto se moderó con el control que impuso el gobierno hace un año, pero aun así “ni si quiera porque baje el dólar, bajan los medicamentos” dice el médico Castro.


También preocupa que aparezcan quejas por centros oncológicos de los que se duda que se administren medicamentos reales, como el caso que denunció esta revista, en 2011, de un centro oncológico en Santander en el que se investiga si en efecto trató a una paciente con quimioterapia o con placebos. 


Ahora, todo esto no significa necesariamente que los centros que no están certificados no tengan las condiciones para prestar el servicio. Sin embargo, sí deja un mal sabor que no busquen certificarse. Así mismo, el hecho de que se utilice el nombre de oncólogos para abrir centros de servicio no quiere decir que ellos participen de las irregularidades. Esto lo deben aclarar los organismos de control. 


¿Cómo se llegó a este punto?

Los interrogantes que se han abierto sobre la manera como se están prestando estos servicios en el país, combinados con la angustia que vive cada persona que padece esta enfermedad, han dado origen a organizaciones de pacientes que buscan una garantía en la calidad de los servicios que se prestan. Una de las mayores impulsoras fue la congresista Sandra Ceballos, quien en 2008 promovió una ley para, entre otras, mejorar el control sobre estos establecimientos, pero falleció de cáncer antes de que se promulgara. El gobierno de entonces la objetó porque consideró que no debía haber una ley específica para una enfermedad, pero la Corte Constitucional la avaló y en abril de 2010 ordenó que se reglamentara en seis meses. Pero esto no se hizo. En noviembre pasado un fallo del Consejo de Estado le dio un plazo perentorio de ocho meses al Ministerio de Salud para que lo haga.


El cambio más significativo hasta el momento vino por cuenta de la reforma a la salud que comenzó a regir a comienzos del año pasado. Con esta norma, la competencia para habilitar estos centros salió de las secretarías de Salud departamentales y municipales, y pasó al Ministerio de Salud. “Es un avance pues la mayoría de servicios que se prestan nunca han sido visitados por nadie” dice Laura Ramírez abogada de la Fundación Simmon, una de las líderes en la materia, que tiene asiento en la Mesa Nacional de Cáncer. El 55 por ciento de los servicios que se prestan en todo el país no ha sido verificado, según los datos del gobierno. Si bien los que no lo han hecho dicen que antes de la nueva ley la verificación podía ser posterior, lo cierto es que la mayoría nunca lo hizo.


Esta abogada, por ejemplo, cuenta cómo en Barranquilla encontraron casos en los que a los pacientes las EPS les daban los medicamentos en unas neveras artesanales, para llevarlos al lugar donde debían aplicárselos, descuidando la conservación en frío que demandan estos medicamentos para que sean efectivos. Llama la atención que Atlántico sea el segundo lugar donde hay más servicios oncológicos, incluso por encima de departamentos que lo triplican en población como Antioquia.


Por su parte, el Ministerio de Salud con el Instituto de Cancerología comenzó en octubre pasado a verificar que las nuevas solicitudes que hacen las IPS para prestar servicios oncológicos cumplan las condiciones técnicas y científicas. En la Dirección de Prestación de Servicios del Minsalud no informaron cuántas de las nuevas solicitudes fueron aprobadas aduciendo que es un trámite en proceso. Sin embargo, SEMANA conoció que en una presentación hecha en noviembre pasado, quienes participaron en la revisión contaron que de 187 solicitudes de IPS para prestar estos servicios, solo una cumplía con la norma.


Para 2013 se esperan 50.000 nuevos diagnósticos de cáncer entre los colombianos y el fallecimiento de 33.000 personas por esta causa, lo que la ubica en la segunda causa de mortalidad nacional luego de las enfermedades cardiovasculares.


La publicación de la lista de los lugares certificados para prestar servicios oncológicos sería un principio para que los pacientes puedan saber qué sitios son confiables. Pues sin duda la dolorosa situación que tienen que sobrellevar no se compadece con la falta de acción de las autoridades para controlar este desalentador diagnóstico.

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