Martes, 24 de enero de 2017

| 1995/07/17 00:00

LOS MUERTOS DE LA PAZ

Todos estos hombres han caído desde cuando Samper le tendió la mano a la guerrilla. En este lapso, el número de soldados y policías asesinados se triplicó

LOS MUERTOS DE LA PAZ

EL SOL DE JUNIO CAIA A PLOMO SOBRE LAS tumbas del cementerio barranquillero de Calancala. Eran las 11:05 de la mañana del jueves cuando Karen, una pequeña de 11 años, de piel trigueña y enormes ojos negros, vestida con una pollera de flores lilas y zapatos de charol blanco, se arrodilló frente a una tumba sin lápida en la que estaba escrito a mano el nombre de Erick Enrique Almanza Mieles, su padre, un policía de 28 años asesinado dos semanas antes por la guerrilla.
En voz baja Karen oraba por él. Sus rezos poco a poco se convirtieron en una conversación íntima. Le repetía, una y otra vez que siempre lo tendría a su lado y le prometía que nunca iba a desamparar ni a su hermanito, ni a su mamá. Y es que de la familia se había ido para siempre la persona que la guiaba y la protegía. Desde aquel miércoles 31 de mayo en que Almanza sucumbió ante las balas de la guerrilla, su madre, su esposa y sus dos hijos quedaron sin sustento.
El agente Almanza llevaba ocho años de servicio en la Policía Nacional. Hacía un mes había sido trasladado a la estación del cerro Kennedy en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde vigilaba, junto con 19 hombres más, varias antenas repetidoras de televisión y telecomunicaciones. Mensualmente bajaba hasta Santa Marta para recibir su sueldo y para disfrutar de unos días de descanso al lado de su familia en Barranquilla. En uno de esos viajes la muerte se atravesó en su camino.
Caía la tarde del lunes festivo 29 de mayo. Después de pasar los tres días del Duente con sus hijos, Almanza viajó a Santa Marta, donde se reunió con el comandante de la estación de cerro Kennedy, el subintendente barranquillero Luis Alberto Pérez Orozco. Tenían la misión de llevar a la estación dos millones de pesos correspondientes a las quincenas de sus 19 compañeros, y algunos víveres que ya escaseaban en el cerro. Para ello, la Policía les asignó un pequeño camión modelo 54.
A las seis de la mañana de ese miércoles, Pérez, Almanza y el conductor Julio Enrique Escárraga partieron hacia la estación. Los dos policías viajaban de civil y desarmados. El primer inconveniente lo tuvieron a los pocos minutos de camino. El camión sufrió una falla mecánica que retrasó el viaje una hora y media. El resto del recorrido fue tranquilo hasta que a la altura del cerro San Isidro la cuadrilla 19 de las Farc los interceptó. Horas después los tres fueron hallados muertos. Al parecer, el conductor trató de huir, pues fue encontrado a pocos metros con 12 tiros en la espalda. La muerte de los dos policías fue aún más dramática: todo indica que los guerrilleros los colocaron cara a cara, los amarraron, los torturaron y le dieron a cada uno un tiro de gracia en la nuca. Después, los alzados en armas desocuparon el carro, lo incendiaron y dejaron escritos los nombres de las Farc y el ELN -la Coordinadora Guerrillera- en el lugar del crimen.
Por eso la pequeña Karen no puede contener las lágrimas frente a la tumba de su padre. Algo similar le sucede a la madre del subintendente, doña Adela Elizabeth Orozco, quien montó para él un altar en la sala de su casa. Frente a un enorme Cristo de electroplata y en una vieja silla de madera gruesa forrada en terciopelo, doña Adela, una mujer de 75 años, de rostro arrugado y ojos profundos, ruega por el alma del único de sus ocho hijos que tenía empleo.

LOGICA SINIESTRA
Este mismo sentimiento de dolor y desesperanza lo siente casi medio centenar de familias de policías y soldados, enlutadas por la guerrilla en escasos 30 días transcurridos desde cuando el 17 de mayo en Bucaramanga el presidente Ernesto Samper le tendió la mano a los alzados en armas y anunció que estaba dispuesto a dialogar con ellos, y que para hacerlo aceptaba desmilitarizar casi todo el territorio de La Uribe y otorgarle estatus de voceros y negociadores a los dirigentes guerrilleros presos, Francisco Galán, Felipe Torres y Francisco Caraballo.
La interpretación de numerosos analistas fue que el gobierno estaba dispuesto a jugársela toda y que por esa razón había ido mucho más lejos de lo que buena parte de la clase dirigente del país consideraba aceptable. La respuesta de la guerrilla sorprendió mucho más: la generosidad desbordada del gobierno fue contestada con una escalada de violencia que hizo pasar policías y soldados asesinados por la subversión de 19 en el mes anterior al discurso de Bucaramanga, a 48 -cerca del triple- en el mes siguiente. El accionar guerrillero elevó, como es obvio la respuesta de la fuerza pública, y fue así como en el mismo mes que siguió a los anuncios de Bucaramanga fueron abatidos 69 alzados en armas, un 25 por ciento más del promedio mensual que se había registrado en lo corrido de 1995. Pero la guerrilla no sólo mató uniformados. También asesinó a cerca de 40 civiles, secuestró a 35, realizó 43 actos terroristas y voló siete veces los oleoductos, cifras todas que corresponden a aumentos más o menos importantes con respecto a la actividad subversiva del mes que precedió al discurso de Samper sobre el proceso de paz.
Algunos analistas -como el columnista de El Tiempo Enrique Santos Calderón y el propio ministro de Defensa Fernando Botero (ver SEMANA 683) -han visto en la escalada de violencia una estrategia deliberada de la subversión para fortalecerse en la mesa de diálogo. Esta teoría puede ser cierta. Por contradictorio que parezca, la guerrilla siempre ha buscado hacer demostraciones de fuerza, poder y capacidad de perturbación antes de iniciar una ronda de conversaciones. Pero este raciocinio de avanzar a punta de plomo hacia el proceso de paz es, por decir lo menos, una lógica siniestra.
El gobierno, por su parte, lleva varios meses sosteniéndose en su teoría de que la tregua es el objetivo de las negociaciones, y no una condición previa, y que el diálogo se llevará a cabo así sea en medio de las balas. Y en eso no le falta razón. La verdad es que la mayoría de las rondas de diálogo en el pasado ha fracasado por la vulnerabilidad que ha caracterizado las treguas pactadas antes de iniciar las conversaciones. Pero si bien esto es cierto, no lo es menos que todas las rondas de conversaciones -con tregua como sucedió bajo los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, o sin ella, como sucedió en el de César Gaviria- terminaron en frustraciones o estruendosos fracasos. Los únicos casos en los cuales las negociaciones políticas permitieron desmovilizar importantes contingentes de guerrilleros fueron los del M-19 en 1989 y el EPL en 1990. Y en ambas oportunidades el éxito del proceso estuvo garantizado desde un principio por una tregua unilateral de varios meses por parte de los alzados en armas, que una vez sentados a la mesa aceptaron reunirse en una pequeña zona del territorio nacional que ocuparon pacíficamente antes de entregar sus armas y reincorporarse a la vida civil. Y este tipo de procesos resulta muy diferente -por no decir totalmente contrario- a lo que los colombianos han visto hasta ahora en los actuales contactos. A pesar de ello, el gobierno sigue convencido de la validez de su intento y -a juzgar por las encuestas de opinión- cuenta en ese tema con el apoyo mayoritario de la gente.

BALAS EN EL AIRE
Los anteriores análisis están, sin embargo, muy lejos de la comprensión de Teodolinda Rivera, la abuela de crianza de 61 años del soldado Rudys Fernando Márquez Mancilla, quien murió hace poco menos de un mes a manos de la guerrilla en el curso de un episodio especialmente dramático.
Teodolinda se había alegrado mucho dos meses y cinco días antes, cuando se enteró del ingreso de su nieto al contingente de soldados profesionales. Márquez escogió el difícil oficio de combatir a la guerrilla, y para eso fue trasladado a Ocaña, en Norte de Santander. Allá se encontraba cuando el pasado 20 de mayo, estalló un combate con guerrilleros del ELN. A los pocos minutos de iniciado el fuego cruzado una mina quiebrapatas, sembrada en la zona por el ELN, explotó a pocos metros de donde Márquez se encontraba y el fogonazo lo alcanzó a quemar. Márquez quedó en el suelo en medio de las balas. Sus compañeros lograron sacarlo de lazona y lo montaron en un helicóptero. Ya en el aire, cuando el soldado creía haberse salvado, las balas de la guerrilla tumbaron la aeronave y Márquez entró a formar parte de la larga lista de las víctimas de la paz.
Si la actitud del ELN no resultara por momentos tan cínica, se podría hablar de una ironía de la vida: el soldado Márquez fue herido por una mina quiebrapatas colocada por el mismo grupo que no cesa de denunciar ante las organizaciones no gubernamentales la violación a los derechos humanos por parte del Ejército y que repite desde hace meses el mismo discurso sobre la humanización de la guerra. El mismo grupo que luego ataca a un helicóptero que transporta heridos y acaba así con la vida del soldado Márquez.

LA BATALLA DE LA URIBE
La suerte del soldado Yáner Gualteros, especializado en la lucha contraguerrillera, es muy parecida a la de otros soldados y policías muertos en la escalada subversiva. Había ingresado al Ejército cinco años atrás como soldado regular buscando mejorar las condiciones económicas de su familia, que reside en el popular barrio Kennedy de Girardot. Su padre es el celador del cementerio municipal y su madre se dedica a las labores del hogar.
Luego de pagar un año de servicio militar obligatorio decidió permanecer en las filas preparándose en combates contra los grupos guerrilleros. Los últimos tres años permaneció en la región de Uribe (Meta) como miembro de la Brigada Móvil Número 1. El pasado 29 de mayo murió en un enfrentamiento contra guerrilleros del grupo de seguridad que cuida a los miembros del estado mayor de las Farc.
Con su muerte quedaron sepultados también sus sueños. Uno de ellos era el de construirle una casa propia a su madre y a sus hermanos. En una carta que le envió recientemente a ella, el soldado Gualteros le decía: "Esto de la guerra es muy cruel. Uno termina por cansarse. Ahora que me retire en agosto, con la plata de la liquidación les voy a comprar una casa bien grande donde vivamos todos". Sus sueños se quedaron en el papel.
A pocos kilómetros de donde murió el soldado Gualteros queda la cabecera de Uribe (o La Uribe como se le conoce más), un municipio del tamaño del departamento del Quindío que durante años sirvió de cuartel general al secretariado de las Farc, y que se hizo famoso cuando en los primeros años del proceso de paz, en los gobiernos de Betancur y Barco, las comisiones gubernamentales viajaban al campamento guerrillero de Casa Verde, ubicado en una de las lomas más altas del municipio. A fines de 1990, con el bombardeo a Casa Verde y la posterior toma de estas alturas por el Ejército, Uribe dejó de ser una especie de república independiente. Cinco años después la subversión ha exigido al gobierno la desmilitarización de la zona, incluida su cabecera.
En ninguna otra parte del país se están jugando tantas cosas para el futuro de la lucha contra la guerrilla. El Ejército está defendiendo a sangre y fuego la única conquista territorial que ha conseguido desde 1976, cuando recuperó la zona de Anorí (Antioquia), en una operación contra la dirigencia del ELN que por poco aniquila a ese grupo guerrillero. Ahora, las Farc tratan de recuperar esa república independiente, antes incluso de sentarse a dialogar y como condición previa a dichas conversaciones. "Es un punto de honor para ellos, pues siempre han sostenido que la toma de La Uribe por el Ejército, iniciada poco después de la posesión de César Gaviria, fue una agresión innecesaria contra ellos y contra el proceso de paz" le explicó a SEMANA una fuente cercana a la oficina del Alto Comisionado de Paz.
Lo del punto de honor lo creen muchos colombianos. Pero lo cierto es que el lugar, mucho más que un símbolo, es un objetivo militar para la guerrilla. Si ésta consigue, en la mesa preparatoria de los diálogos, privar de presencia militar los 7.179 kilómetros cuadrados -o buena parte de ellos, como ha ofrecido el gobierno- habrá logrado dos indiscutibles éxitos militares. El primero, romper el cerco que desde 1992 mantiene el Ejército sobre el estado mayor de las Farc, que ha obligado a sus miembros, con Manuel Marulanda Vélez, 'Tirofijo', a la cabeza, a moverse continuamente entre selvas, valles y empinadas lomas, después de años de permanecer en medio de la tranquilidad y las comodidades del campamento de Casa Verde. Los militares, y eso es lo que más le ha causado daño a esa organización subversiva, tienen taponados tres sitios claves: La Caucha, que comunica la zona directamente con Cabrera y Fusagasugá en Cundinamarca y Colombia en el Huila; La Julia, que da acceso al río Guayabero y por consiguiente al Caquetá; y Uribe, llamado por las Farc la casacuna, porque desde allí mantenían el control político de la región.
Clausuradas estas tres salidas naturales, las Farc han sufrido el bloqueo de los suministros y la interferencia en las comunicaciones entre los siete frentes que acechan en el área y que están esperando una oportunidad como la de la desmilitarización para retomar sus viejos dominios. Testigo de excepción del proceso que ha vivido esa zona es el soldado profesional Oliver Cifuentes Toro, quien integra la Brigada Móvil Número 1 y se encuentra combatiendo a los frentes de las Farc desde 1990 (ver recuadro).
El segundo objetivo militar que las Farc persiguen es volver a ejercer dominio territorial sobre una zona desde la cual pueden establecer un trampolín para desarrollar continuas incursiones guerrilleras de ataque y repliegue sobre Cundinamarca y la sabana de Bogotá, algo que aun con la presencia de la fuerza pública en La Uribe se ha venido dando y que se daría en mayor escala si las Farc recuperaran su viejo bastión.
Lo anterior permite apreciar la importancia de la tarea que desarrollan los 2.000 soldados de la Brigada Móvil en esa candente región. "Lo increíble -le confió a SEMANA uno de los oficiales que comanda las operaciones en la zona -es que en Bogotá nadie parece darse cuenta de lo que nuestros muchachos están haciendo". Y es que en medio de las balas y de los grandes sacrificios, los uniformados- los de La Uribe y los de muchas otras zonas de combate en el país- a veces se sienten incomprendidos por quienes en Bogotá hablan de negociar territorios y retiradas como si se tratara de fichas intercambiables en un juego de mesa.
Es la complejidad de proceso de paz alrededor del cual, tras años de fracasos, ha crecido el escepticismo, y de un proceso de guerra por cuenta del cual muchos valores han resultado trastocados y las paradojas se han adueñado de la realidad del conflicto. Es así como cuatro años de avance militar de las fuerzas del Estado pueden terminar de un plumazo por una concesión en la mesa de negociaciones. Es así también como el grupo guerrillero que ha sembrado extensas regiones con minas quiebrapatas y ha matado con ello a centenares de civiles y militares, el mismo que ha contaminado los ríos y dejado sin sustento a campesinos y pescadores, convierte la humanización de la guerra en su principal bandera; mientras el otro grupo, el que secuestra, tiende crueles emboscadas y patrocina milicias urbanas que hacen estallar espantosas cargas de dinamita que matan a decenas de personas, acusa al Estado de ser el principal violador de los derechos humanos. Es así, finalmente, como los dos grupos unidos bajo la bandera de la Coordinadora Guerrillera, multiplican sus acciones violentas apenas el Presidente de la República anuncia generosas concesiones con la convicción de que éstas terminarán por demostrar a la guerrilla de que ha llegado la hora de sentarse en serio a hablar de paz. Si el gobierno lo logra, es posible que todas estas muertes -por ser las últimas, las de la víspera de la paz- hayan valido la pena. Si no, será difícil explicarle a las siguientes generaciones cómo y por qué el país insistió en un proceso de paz que sólo habrá servido para profundizar la guerra.

'No nos sacaran de La Uribe'
EN UN CAMPAMENTO MILItar en lo profundo de las selvas de La Uribe, SEMANA localizó al soldado profesional Oliver Cifuentes Toro, quien ha permanecido en la zona desde 1990, cuando el Ejército conquistó a Casa Verde:
SEMANA: ¿En cuántos combates ha participado desde cuando llegó a esta región?
Oliver Cifuentes: He participado en unos 15 combates y desde entonces he visto morir a unos 10 de mis compañeros. Eso es lo más triste que hay porque uno aprende a compartir, a acompañarse, a sentir que son como hermanos. Y lo peor es que uno no puede hacer nada.
SEMANA: ¿Alguno de esos enfrentamientos fue con la guardia de seguridad de Tirofijo?
O.C.: Sí, como cuatro o cinco. Pero el más fuerte fue hacia 1992 cuando chocamos con unos 150 guerrilleros. Nosotros éramos 72. El combate duró dos horas y media. Fue muy duro porque ellos están bien entrenados y conocen la zona. Pero al final salieron corriendo porque ellos le tienen temor a los soldados profesionales. Después, en una monitoría, escuchamos cuando Tirofijo le dio la orden a un comandante de frente que tenía que capturar vivo a uno de nosotros para averiguar por qué era que no nos entraban las balas.
SEMANA: ¿Se siente miedo cuando se está tan cerca de la muerte?
O.C.: Sí, mucho, para qué negarlo. Pero uno se repone. Por ejemplo, cuando oigo el primer tiro yo me quedo como en suspenso durante unos pocos segundos, pero luego reacciono y me voy en busca del enemigo. Cuando a uno le dan plomo lo que hace es ir para adelante y ya no echa para atrás. Es como cuando un lobo persigue a una liebre hasta atraparla. Cuando se inicia el combate, y ya me pasó una vez, uno se olvida de las medidas de precaución y es capaz de hacer cualquier cosa. Una vez en un combate vi a un guerrillero a unos 100 metros, entonces tiré el equipo y el fusil y me fui a perseguirlo con una pistola. No descansé hasta que lo capturé. Después me llamaron la atención porque en ese caso las posibilidades de que me mataran a mí fueron muy altas.
SEMANA: ¿En esta zona los guerrilleros buscan los combates con el Ejército o qué estrategia emplean?
O.C.: Según nos dicen nuestros comandantes, esta es una de las pocas regiones del país donde ellos buscan el combate directo con el Ejército porque ellos necesitan reeuperar este territorio. Pero eso no lo vamos a permitir. No nos sacarán de La Uribe.

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