Marlon Marín, enlace con la mafia y jefe de intermediarios de proyectos para la paz

Esta semana dos escándalos que golpean el proceso de paz, se juntaron en un solo personaje: Marlon Marín Marín, sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez, que en los últimos años había sido muy cercano a la organización. No se desmovilizó ni es considerado un miembro de las Farc, pero estuvo en Venezuela y Cuba durante la época de la negociación con la guerrilla de las Farc. 

Se presentaba como uno de los impulsores del proceso de paz a través de su tío y ofrecía cargos y favores a sus amistades, según lo documento SEMANA.

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En investigaciones que realizaba la Fiscalía por la inversión de los dineros de la paz, Marín Marín se convirtió en una pieza clave. En interceptaciones telefónicas quedó en evidencia que  estaría al frente de una red de intermediarios que buscaba el direccionamiento irregular de esas contrataciones. Sin embargo, las conversaciones, que lo tienen al borde de la extradición a Estados Unidos revelaron que sostenía relaciones con el cartel de Sinaloa. Marlon Marín cayó capturado en un operativo el lunes pasado, al lado del exjefe guerrillero Jesús Santrich, y ahora esperan el trámite para su envío. 

Ahora, la Fiscalía lo acaba de llamar a interrogatorio junto con otras ocho personas, para que responda como el presunto jefe de una mafia de intermediarios que buscaba direccionar y sacar provecho de los contratos de proyectos productivos, puntualmente en los de avicultura, agricultura, piscicultura e infraestructura. Según la Fiscalía, a cambio de beneficios económicos ‘pedaleaban’ la concesión de contratos y obtenían un porcentaje de los mismos. Para el ente investigador, si bien algunos de los contratantes están sometidos a un régimen privado en los procesos contractuales, estos deben respetar los principios de la función administrativa, en términos de "moralidad, imparcialidad y publicidad".  

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, expresó que tienen evidencia del direccionamiento de los contratos, así como un alto grado de "opacidad" en los procesos de selección relacionados con proyectos de inversión. Tenían información privilegiada de la adjudicación de los contratos y ofrecían compensaciones a servidores públicos que intervenían en el proceso contractual. Los intermediarios a su vez son señalados de ser las personas que seleccionaban las interventorías con el fin de esquivar los controles correspondientes a la ejecución contractual.

Los otros llamados a interrogatorio son María Elvira Valencia, al parecer una abogada adscrita al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) en temas de seguimiento y control de contratación; Sonia Elvira Veloza Mogollón fue edil de Suba y excandidata al Congreso por el partido Verde, también fungió como contratista del Departamento para la Prosperidad Social en el asesoramiento en temas de sustitución de cultivos ilícitos. 

También fueron llamados a responder en calidad de vinculados José Domingo Ardilla Neira, María Isabel Rueda Rueda, Yéssica Gómez, Nayib Vergara, Viviana Arias Garzón y Aldemar Cuello. Los interrogatorios se cumplirán a partir de este viernes y en el curso de la próxima semana. Para el ente investigador, estas personas tenían roles específicos; se realizaron allanamientos en diferentes puntos objeto de investigación.