Los niños invisibles

Los habitantes del barrio La Suiza, al oeste de Cali, veían con extrañeza cómo a la casa ubicada en la carrera 56 Nº 12-40 llegaban todos los días mujeres embarazadas. Como la residencia no tenía aviso que anunciara actividad alguna varios vecinos pensaron que se podía tratar de una clínica clandestina para abortos. El 6 de septiembre de 2002 uno de ellos llamó a la Policía y, sin saberlo, permitió el último paso para el desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de menores. Aunque la semana pasada ya se produjeron las primeras capturas el líder de la banda, Rolf Salomón Levy, un caleño de origen israelí, consiguió escapar y es buscado por la Interpol en 181 países. La acusación: secuestro y tráfico de menores de edad.

Historia de un traficante

La investigación asumida por el Gaula de la Policía Metropolitana de Cali y un fiscal especializado permitió en un año reconstruir en detalle la forma como operaba la red de traficantes. Según establecieron los investigadores Levy, de 63 años de edad, consiguió hace cerca de tres años que la Fundación El Niño y sus Padres, un instituto de adopciones con sede en Israel, lo nombrara como su representante legal en Colombia. Con esta acreditación registró la fundación en la notaría 18 de Cali y diligenció una solicitud de acreditación ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para obtener la licencia y desarrollar programas de adopción en el país. Como sus papeles estaban en regla y tenía el respaldo de una entidad internacional reconocida recibió la licencia el 7 de enero de 2000.

Desde allí comenzaron las irregularidades. Levy contrató a varias personas para buscar en el Valle del Cauca y en el Eje Cafetero a jóvenes embarazadas de bajo perfil socioeconómico e iniciar con ellas un 'trabajo de convencimiento'. "Les argumentaban que entregarlos era lo mejor para su futuro", explicó a SEMANA un investigador del Gaula.

Pero ese objetivo, que a primera vista podría ser loable, para la fundación de Levy era en realidad un siniestro negocio extorsivo. Según el Icbf la entrega de niños para adopción debe ser un acto voluntario de una madre que esté convencida de que sólo así su bebé puede tener mejores posibilidades de desarrollo. "Es un acto en el cual la madre no recibe ninguna retribución de tipo económico", explicó a SEMANA un funcionarios del Icbf.

La fundación de Levy, por el contrario, comprometía a las madres al encargarse de sus gastos de salud durante el embarazo y pagarles el arriendo y la alimentación y cuando entregaban sus bebés les cancelaba entre uno y dos millones de pesos. Como si lo anterior fuera poco, para evitar que se arrepintieran las intimidaban, entre otras formas, diciéndoles que habían suscrito un contrato y que de retractarse podían terminar en la cárcel.

Con los bebés en su poder Levy los ofrecía por Internet a parejas interesadas en Israel, Estados Unidos y Costa Rica que viajaban a Colombia a recibirlos. ''Lo más grave es que para darlos en adopción les cobraba a los extranjeros cifras cercanas a los 60.000 dólares por cada niño, lo cual es totalmente ilegal", afirma el investigador del Gaula.

El comienzo del fin

La realidad es que las autoridades ya tenían en la mira las extrañas actividades de Levy desde algunos meses antes. A mediados de mayo de 2002 fue arrestado por miembros del CTI, en compañía de una empleada de su fundación, acusado de haber participado en el secuestro de una menor de edad en el municipio de Calarcá, Quindío, ocurrido en abril de ese año. "Levy y su fundación se hicieron muy populares en el exterior y como el número de niños que tenía en su fundación no suplía la demanda, aparentemente acudieron al secuestro", afirma un funcionario del Icbf. Aunque el fiscal que adelantó el proceso no logró demostrar plenamente la responsabilidad de Levy, y éste quedó en libertad, el episodio hizo que el Icbf revocara la licencia de la Fundación El Niño y sus Padres el 21 de junio de 2002

Eso no evitó que Levy siguiera en sus andanzas en Cali. Pero a finales de septiembre del año pasado la muerte de un bebé de tan sólo 8 meses de nacido hizo que las autoridades le volvieran a seguir la pista. Resultó que el infante había sido secuestrado en el Eje Cafetero y entregado a Levy para ser enviado al exterior. Con la Policía a sus talones mudó su centro de operaciones a Ipiales, Nariño.

Para instalar su macabro negocio en Ipiales, Levy se asoció con un diputado de la Asamblea Departamental. La labor del político consistía en utilizar sus influencias para presionar a los funcionarios regionales del Icbf para que éstos permitieran que los bebés que le habían sido dados al Instituto fueran entregados a una fundación particular que se encargaría de entregarlos en adopción. Para tal fin Levy y el político utilizaron como fachada una fundación en Ipiales llamada María y José, la cual no tenía licencia del Icbf.

Pero no contaban con que los funcionarios no sólo no se prestaron para el negocio sino que los denunciaron a las autoridades y a sus superiores en Bogotá. Dentro del expediente hay varios documentos enviados por el político a funcionarios del Instituto en Ipiales, Túquerres y Pasto, en los que los presionaba para que entregaran a los niños a la fundación o le suministraran la información de las madres que iban a dar a luz o tenían intenciones de entregar a sus bebés en adopción.

Como la fundación no contaba con autorización del Icbf y el político consiguió que algunas madres le entregaran a sus hijos, las autoridades aseguran que muchos niños fueron dados ilegalmente a extranjeros, quienes los sacaron clandestinamente hacia Ecuador. Por estar en la etapa final de la investigación SEMANA se abstiene de revelar el nombre del político.

En el expediente también están las conversaciones interceptadas por las autoridades, en las que el político habla con varios miembros de la red, incluido Levy, y les entrega reportes sobre sus actividades. Algunas son escalofriantes: "Todo va muy bien, ya que se está manejando desde allá abajo (se refiere a Ipiales)... ahora el problema es que hay tanta demanda que quién sabe si se pueda vender toda la producción (se refiere a los niños), hay que movernos a ver si nos pueden colaborar con cinco cada mes". En esta interceptación, hecha el 29 de octubre de 2002, hablan Víctor Sánchez y Josefina Lucumí, dos miembros de la red de Levy.

Sánchez, quien actuaba como administrador de la Fundación El Niño y sus Padres, fue arrestado la semana pasada, junto con Lucumí, Carlos Herrera y Martha Motato. Aunque Levy logró escapar al Ecuador ya la Interpol lo incluyó en la lista de los criminales más buscados y se espera su captura.

Los fiscales afirman que en pocos días serán detenidos los miembros de la red que escaparon la semana pasada, incluido el político nariñense. Pero la mayor preocupación de los investigadores es que no saben aún cuántos niños fueron comerciados. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Oscar Naranjo, "es posible que en el último año hayan salido ilegalmente del país, con fines de adopción, unos 50 niños". La realidad es que posiblemente nunca se establezca con certeza cuántos bebés fueron vendidos.