Domingo, 21 de septiembre de 2014

| 2013/07/15 00:00

Los nuevos paros que Santos deberá encarar

Pese a que oficialmente el mandatario no se ha decidido por la reelección, la situación se complica.

Foto: Daniel Reina Romero / SEMANA
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AP

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos encaraba el lunes una agitada semana con anuncios de nuevos paros de gremios como el de mineros tradicionales, y la posibilidad que se sumen los cultivadores de café, mientras sigue sin resolverse una protesta de campesinos de hace más de un mes.

Aunque no es la primera vez que el mandatario enfrenta protestas y paros simultáneos en sectores claves -como a comienzos de año con una primera protesta de cafeteros y a la vez una huelga de un mes hasta inicios de marzo en la principal mina productora de carbón-, en esta ocasión los mismos voceros oficiales afirman que carecen de fondos para satisfacer nuevas demandas.

En tanto, analistas destacaron que los negociadores del Gobierno se han desgastado y ya carecen de credibilidad entre las bases de los distintos sectores manifestantes.

Ante tal panorama de paros, la situación política de Santos se complica ante la venidera campaña electoral presidencial para los comicios de mayo del 2014, aunque el mandatario aún no dice oficialmente si buscará la reelección por otro cuatrienio de gobierno.

La mayoría de las manifestaciones hasta ahora han sido pacíficas, aunque se han producido fuertes choques esporádicos con la Policía y el Ejército, con al menos cuatro manifestantes muertos el mes pasado en el noreste del país, en la zona del Catatumbo.

Malestar social

La protesta de campesinos en Catatumbo, que arrancó el 11 de junio, sumada a anuncios de mineros que irán a paro indefinido a partir del este miércoles 17 de julio y la posibilidad de que cultivadores de café se le sumen esta misma semana, "es como la fumarola de un volcán, sale humo antes de la erupción", dijo Jaime Castro, analista y exalcalde de Bogotá.

"Hay malestar social y pérdida de credibilidad de las instituciones públicas y privadas. Hay un inmenso vacío político, en la medida en que no hay liderazgo ni propuestas para superar la situación reinante. No lo hace el Gobierno, no lo hacen los partidos, el Congreso ni los gremios", dijo Castro en entrevista telefónica. Y en los negociadores oficiales "hay una pérdida de credibilidad. No tienen autoridad ni capacidad de diálogo frente a sus interlocutores".

Unos 6.000 moradores de Catatumbo -una región integrada por siete municipios en el departamento de Norte de Santander- se mantienen en sus dos exigencias principales: que el Gobierno suspenda la erradicación de cultivos de coca, materia prima de la cocaína, y que declare aquella región una zona de reserva campesina.

El Gobierno ha replicado que mientras los campesinos no levanten bloqueos viales que mantienen en Tibú -epicentro de la protesta en Catatumbo- no negociará posibles alternativas a las demandas.

El fin se semana se produjeron acercamientos con los manifestantes cuando el vicepresidente Angelino Garzón estuvo en Tibú. Pero el alto funcionario "tenía un mandato muy restringido: desbloquear (las vías) para continuar los diálogos", indicó en diálogo telefónico César Jerez, de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas, una de las que encabezan la protesta en Catatumbo. Jerez dijo que responderían a la demanda presidencial una vez que consulten a las bases campesinas.

"La historia lo está demostrando... este gobierno se ha caracterizado por firmar acuerdos... y todos los ha violado", dijo Luz Stela Ramírez, directora de la Confederación Nacional de Mineros.

Ramírez, en diálogo telefónico, anunció que los mineros artesanales, que representan al menos dos millones de familias, paralizarán de forma indefinida sus actividades a partir del próximo miércoles y que se apostarán en vías en al menos seis departamentos del oeste y el centro del país: Valle del Cauca, Huila, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó.

Su demanda principal, explicó Ramírez, es la derogación de dos decretos, uno del año pasado y otro del 2013, que consideran les está dañando.

La medida del 2012 autoriza a que la Policía decomise o destruya la maquinaria minera, mientras la norma de este año impone requisitos que no pueden cumplir para formalizarse como mineros ya sea de oro, de carbón o lo que denominan de "material de arrastre", es decir, arena y gravilla, por ejemplo, para utilizar en la construcción, dijo Ramírez.

Admite que hay problemas de contaminación, como presencia de grupos ilegales que están lavando activos con la minería, principalmente de oro, "pero no es como ha querido mostrar el Gobierno, que todos somos criminales".

"Hay gente buena, gente que ha buscado en la minería una solución al problema de empleo", dijo. Se quejó además porque sufren la extorsión por parte de los grupos armados ilegales, y al mismo tiempo la presión oficial con operativos de la Policía. Padecen extorsión por parte de "las Águilas Verdes, o las Águilas Blancas y por el otro lado, el Estado", dijo Ramírez al bromear con el nombre de una banda las Águilas Negras, un grupo de exparamilitares, narcos y criminales comunes y que opera principalmente en el este colombiano.

Economía afectada

Los cafeteros, al menos 560.000 familias en todo el país, ya estuvieron en huelga por dos semanas hasta inicios de marzo, pero algunos de sus voceros indicaron en la jornada que esta semana deciden si vuelven a un paro debido a lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno en marzo.

"Necesitamos que se cumpla lo pactado. Tenemos información que 200.000 familias no han podido recibir un solo peso de los subsidios" acordados, dijo telefónicamente Emilio Martínez, uno de los voceros de los cafeteros en el central departamento de Tolima.

El acuerdo fue que los cafeteros recibirían 145.000 pesos por carga 125 kilos. El Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que no hay otro país en el que cafeteros reciban esa ayuda y que ya no disponen de más fondos para auxiliar a los productores.

Desde noviembre pasado, cuando se produjo un paro del sistema judicial, y hasta inicios de este año, sólo cinco paros -incluidos el de cafeteros y uno de estudiantes universitarios- han implicado 119 días de paralización que le han costado al país al menos 900.000 millones de pesos, equivalente al 0,8% del PIB del primer trimestre del 2013, según un estudio divulgado el 11 de julio por la ANIF.

"Este valor perdido por cuenta de las huelgas es como si toda Colombia hubiera hecho un paro de un día completo", dijo el centro de estudios.

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