Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1999/03/08 00:00

LOS OTROS DAMNIFICADOS

Pastrana pisa el acelerador del proceso de paz y su bulldozer pasa por encima del <BR>Mindefensa y la cúpula militar

LOS OTROS DAMNIFICADOS

A pesar de la creciente tensión que se vive en el interior del Ejército, de las fricciones
entre el alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, y el ministro de Defensa, Rodrigo
Lloreda, y el alto mando militar, y aun en contra de las consideraciones de las Fuerzas Militares sobre
la inconveniencia de prorrogar el despeje sin modificaciones, el presidente Andrés Pastrana ha decidido
pisar a fondo el acelerador de la paz. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el gobierno ha
decidido prorrogar el despeje hasta por 90 días más, conservar la zona de distensión en cinco
municipios y no reducirla a tres, y aceptar que los temas del diálogo, anteriores a las negociaciones,
sean los propuestos por la guerrilla _canje y paramilitares_ y no una agenda en la que existan
temas de ambos lados del conflicto armado. Con esto el ministro Rodrigo Lloreda se ha quedado
virtualmente solo en la defensa de la teoría según la cual, aun para continuar con los diálogos, el
gobierno debería endurecer su posición frente a la guerrilla.
Por las declaraciones de los funcionarios del gobierno _y el ambiente que se vivía el viernes por la
noche_ pareciera que a esa decisión se hubiese llegado sin mayores traumatismos, pero lo cierto es
que no fue así. Durante las pasadas semanas y, en particular, en los últimos seis días, la tensión
entre los distintos jugadores del proceso de paz ha llegado a extremos que ponen en evidencia
las fisuras que existen en el interior del gobierno frente al diálogo con las Farc. Hoy puede decirse, sin
margen de error, que mientras el Ejecutivo pisa el acelerador de la paz y afirma que las relaciones
entre Víctor G. y los militares han mejorado, la alta oficialidad, liderada por el ministro de Defensa,
marca una distancia cada vez mayor con la política de paz del Presidente. Como es obvio, las
declaraciones públicas de los distintos funcionarios no han reflejado de qué manera viven la procesión.
Sería ingenuo suponer que Pastrana no sabe que su margen de juego es menor en esta oportunidad.
A pesar de la mejoría en el apoyo de la opinión pública a su gestión y a la manera como ha liderado el
proceso (ver encuesta), el Presidente sabe que el malestar que han expresado el ministro Lloreda y
los generales refleja un sentimiento profundo en el Ejército. Pero a la presión militar ha respondido
con la mezcla de testarudez y fuerza de carácter que caracteriza su temperamento. Si era posible
afirmar en el pasado que la mayor apuesta del presidente Pastrana estaba en la mesa del proceso
de paz, nunca como ahora había tantas fichas frente al jefe del Estado. Con un margen cada vez más
estrecho el proceso de paz ha entrado a una etapa que será definitiva.

En paz, pero sólo en público
Mucho se ha hablado acerca de las causas de la crisis entre la alta oficialidad y Víctor G. Ricardo y
son públicas las situaciones en las que los militares han culpado al alto comisionado de un manejo, si
no equivocado, sí poco riguroso de las comunicaciones entre el gobierno y la guerrilla. Pero lo que no
se había hecho tan evidente hasta la semana pasada era la profundidad de estas diferencias.
Y lo que las mostró en su verdadera dimensión fue la lista de oficiales que se encuentran investigados
por relaciones con actividades paramilitares o con violaciones de derechos humanos. Listas de esas
características se han encontrado en manos de las Farc desde hace años y ONG como Pax Christi
han publicado enumeraciones semejantes desde hace lustros. Lo que hizo dramático el que esa
lista en particular estuviese en manos de las Farc fue que proviniera de la oficina del alto
comisionado, a quien el documento le había sido enviado por la Procuraduría General de la Nación.
Como es obvio, los militares pusieron el grito en el cielo. El mismo funcionario que les dijo que
comunicaría a la guerrilla el carácter no negociable de la presencia de los bachilleres en el Batallón
Cazadores y no lo hizo; aquel que, a juicio del alto mando, permitió la entrada de los guerrilleros
armados al batallón para llevar a cabo una inspección; y, en últimas, quien llevó al Presidente a
una ceremonia sin tener la certeza de la presencia de 'Tirofijo', era ahora quien, según ellos, hacía
entrega a la guerrilla de una lista de altos oficiales investigados con el objeto de responder a la solicitud
de las Farc de llevar a cabo actos concretos contra los paras. Es más, tenían pruebas. O al menos
así lo dijo el comandante del Ejército, el general Jorge Mora, el pasado miércoles a las ocho y media
de la mañana al ser interrogado por los periodistas a la salida del Ministerio.

Confesiones del comisionado
A esa misma hora se reunían en Palacio el presidente Pastrana, el ministro de Defensa, Rodrigo
Lloreda _quien fue bajado a última hora de un avión que lo conduciría a la ciudad de Pereira para
asistir a un foro sobre la reconstrucción del eje cafetero_ y el alto comisionado para la Paz, Víctor G.
Ricardo. El objeto de la reunión era tratar de aclarar lo que había ocurrido con el documento y bajarle
la temperatura a la polémica entre Víctor G. y los militares. La reunión fue tensa y en algunos
momentos la discusión entre el Ministro y el comisionado fue bastante acalorada. Este último dijo estar
actuando en todo momento bajo las directrices fijadas por el jefe del Estado y aseguró una vez más
que no tenía nada que ver con el envío del famoso documento a las Farc.
Durante la reunión Víctor G. se quejó de la actitud de la cúpula militar, que según él no había querido
responder sus reiteradas llamadas telefónicas para hablar sobre el tema. Según él, ni el general
Fernando Tapias, comandante general de las Fuerzas Militares, ni el general Jorge Mora, comandante
del Ejército, le habían pasado al teléfono. Al final el Presidente respaldó a Víctor G. y le dio
instrucciones a Lloreda para que le buscara de inmediato una solución al problema,
independientemente del precio que tuvieran que pagar por ello.
Hacia el medio día el Ministro convocó en su despacho a los generales Tapias, Mora, Rafael
Hernández _jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares_ y Héctor Fabio Velasco,
comandante de la FAC. Una vez reunidos, Lloreda les dijo que el Presidente no quería más problemas
y que había que solucionar de inmediato el conflicto con Víctor G. Mora le respondió repitiéndole
una vez más su explicación sobre la gravedad del problema y dijo que en la cumbre de comandantes
realizada el 28 de enero en Bogotá hubo fuertes críticas contra la cúpula por no haberse pronunciado a
fondo sobre el tema del documento. Advirtió también que al final de la cumbre ellos se habían
comprometido a hacer claridad sobre el problema. Es así como llegaron a la conclusión de que no
sería posible solucionar el lío sin sentarse a conversar con el comisionado.
Dos horas después Víctor G. se sumó a la reunión y se encontró, por primera vez en los últimos dos
meses, con la cúpula militar. En las tres horas y media que duró la reunión pasaron muchas cosas.
Curiosamente el general Mora, que había encendido la hoguera en la mañana con las declaraciones
a los medios, fue el menos combativo de todos los asistentes. El ministro Lloreda, en cambio, estuvo
tan firme como en la reunión de la mañana. Pero el que lideró la 'batalla' fue el comandante de la FAC,
quien tuvo un fuerte enfrentamiento con Víctor G. sobre el tema de los supuestos sobrevuelos de
aviones militares en la zona de distensión.
Ese día se había publicado en El Tiempo una versión según la cual la reacción de los militares por el
documento era una cortina de humo para desviar la atención de los sobrevuelos que se estaban
produciendo sobre la zona. Velasco le dijo a Víctor G. que si se comprobaba que algún avión de la
FAC había hecho un sobrevuelo él estaba dispuesto a renunciar. Pero que de lo contrario quien debía
renunciar era la persona que había propagado el rumor de la cortina de humo, con lo cual acusó
indirectamente al comisionado de haber sido el responsable.
Una vez más surgieron dos temas que los militares han resentido desde hace meses: los
bachilleres del Batallón Cazadores y la inspección armada de las Farc al lugar, días después, a pesar
del compromiso en sentido contrario que él había adquirido con el alto mando. Sobre lo primero el
comisionado explicó que trató de comunicarse con las Farc en la zona de despeje y nunca pudo
hacerlo. Entonces decidió ponerse en contacto con los voceros de las Farc en México pero tampoco
obtuvo respuesta. Y dijo que no hubo otra oportunidad para anunciarles la decisión. Sobre lo
segundo, dijo que se había ido al exterior a visitar a su familia _que había tenido que sacar del país
por razones de seguridad_ y al regresar, dos días después, se encontró con que el obispo encargado
del batallón había invitado a las Farc a ingresar al batallón para verificar su despeje.
El último tema de la reunión fue el de la lista de oficiales en manos de las Farc. Víctor G. admitió que
el documento salió de su oficina pero sin que él lo hubiese autorizado y culpó a dos periodistas de
haberlo sacado de allí con la anuencia de una secretaria. Pero dijo que hasta ahí llegaba su
conocimiento del tema y que él no podía responder por el rumbo final del informe de la
Procuraduría.

Aunque los altos mandos militares no quedaron para nada satisfechos con las explicaciones del alto
comisionado, no tuvieron otra salida que aceptarlas y sentarse a redactar el comunicado que dieron
a conocer en una rueda de prensa conjunta al final de la reunión. A las siete de la noche de ese
miércoles parecía que la tempestad desatada días atrás había llegado a su fin.

Prórroga a regañadientes
El jueves, sin embargo, durante una reunión entre el ministro de Defensa y la cúpula militar, el debate
sobre el tema de la prórroga del despeje fue intenso. El ambiente de la reunión fue de consenso en el
sentido de que para el alto mando y el Ministro prorrogar el despeje en los cinco municipios sólo
entraña riesgos y constituye una concesión más del Estado a la guerrilla, sin contraprestación
alguna (ver recuadro Despeje). En esa reunión el Ministro llegó a poner a disposición de su gente
su renuncia pero, contrario a lo que había pasado en el episodio del Batallón Cazadores _cuando el
comandante del Ejército amenazó con presentar su renuncia_, esta vez fueron los generales los que
animaron a Lloreda a seguir adelante.
A las 6:45 de la noche del viernes pasado, durante una reunión que se prolongó hasta las 9:20 de la
noche y a la que asistieron los ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores y del Interior, el
general Tapias, el alto comisionado y el propio presidente Pastrana, se llevó a cabo la firma de la
resolución en la que se prorroga el despeje en los cinco municipios. Al dejar consagrado que éste no
ocurrirá durante 90 días sino 'hasta' por 90 días, los militares sienten que han sido escuchados y que el
gobierno ha dejado algún tipo de salvaguardia. Por su parte Pastrana se ha escudado del ataque de
algunos sectores de Estados Unidos _diferentes al Departamento de Estado, cuyo representante Peter
Romero le dio su aval al nuevo despeje durante un desayuno con el presidente Pastrana en Caracas,
durante la posesión del presidente Hugo Chávez_, obligando a las Farc a que comiencen programas
piloto de sustitución de cultivos en la zona de despeje en momentos en que se inicia la gran cosecha
de la coca en ese territorio, y a que protejan los recursos naturales.
Si bien es cierto que la reunión del viernes fue cordial, a diferencia de lo que muchos creen esa
ceremonia privada no demuestra en absoluto que los dos sectores del gobierno estén en paz. La
desconfianza de los militares en las capacidades de Víctor G. de adelantar un proceso de manera
transparente aún persiste. Y aunque no lo dicen en público, algunos piensan que el Presidente tiene
más corazón que estrategia. Pero lo que sí quiere decir que ha sucedido en días pasados es que
Pastrana ha decidido jugarse su popularidad en seguir adelante un proceso de paz frente al cual la línea
dura, liderada por el ministro Lloreda, es cada vez más crítica. Pero también cada vez más solitaria.

El memorando
La semana pasada el alto gobierno recibió un documento, clasificado como secreto, que contenía
una serie de recomendaciones sobre las inconveniencias y desventajas para el país si se llegaba a
autorizar la prórroga de las fechas del despeje.
El memorando, elaborado por las Fuerzas Militares, fue entregado al ministro de Defensa, Rodrigo
Lloreda, para que éste a su vez lo remitiera al presidente Andrés Pastrana. Las inquietudes de los
mandos militares, de acuerdo con lo establecido por SEMANA, estaban resumidas en dos
aspectos: lo político y lo militar.
En cuanto a lo primero, el documento señalaba que de mantenerse el despeje las Farc insistirían, una
vez más, en que el gobierno termine por reconocerles el estatus de beligerancia. También los
militares mostraban su preocupación porque las Farc consolidaran el control que hoy tienen en los
cinco municipios, especialmente en San Vicente del Caguán.
En el documento, uno de los temas que más llamó la atención tiene que ver con el análisis que se
hace sobre el caso del narcotráfico. Por esta época comienza la recolección de la hoja de coca. De
acuerdo con la Policía Antinarcóticos, en sólo San Vicente del Caguán hay 12.000 hectáreas
sembradas. En Vista Hermosa más de 1.000 y en La Uribe los sembrados alcanzan las 500
hectáreas.
En el tema militar, en el documento enviado al presidente Pastrana, los militares señalaron que
con la prórroga del despeje las Farc consolidarán a los bloques Oriental y Sur. Igualmente
aprovecharán para tender un corredor que les permita el desplazamiento de sus hombres para lograr
sitiar a varias de las más importantes ciudades del país. Y por último, el memorando se refiere al
abastecimiento de armamento por parte de las Farc en la zona.
Por esas razones los militares le manifestaron al presidente Pastrana que no era conveniente la
prórroga del despeje. Pero que de llegarse a hacer ésta solo debería autorizarse para tres
municipios y no los cinco como se había convenido en la primera etapa. Por lo visto las
recomendaciones de los militares no tuvieron ningún eco en el alto gobierno y el viernes en la
noche el alto comisionado anunció ampliar el despeje por tres meses más.

Teléfono roto
Para nadie es un secreto que una de las personas que jugó el papel más importante en los
acercamientos entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc fue el ex ministro Alvaro Leyva. Y
que una vez logrados éstos se volvió fundamental para el avance de las conversaciones que
llevaron al gobierno a iniciar un proceso de paz con esa organización subversiva.
Desde su apartamento en Costa Rica _y gracias a sus contactos con los máximos dirigentes de las
Farc_, Leyva manejó durante varios meses casi todos los hilos del proceso, apoyado en Colombia
por Jairo Rojas, un viejo colaborador que gracias a sus andanzas con el ex ministro se ganó también
la confianza de algunos de los miembros del secretariado de las Farc.
Durante casi todo el año pasado Leyva mantuvo un contacto permanente con el alto comisionado para
la Paz, Víctor G. Ricardo. Este último no sólo llamaba casi a diario a Costa Rica, sino que en un
par de ocasiones viajó a San José para intercambiar opiniones con el ex ministro sobre la marcha del
proceso de paz.
A finales del año pasado, sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse. Mientras Leyva
consideraba que Víctor G. no estaba cumpliendo a cabalidad con sus funciones, el comisionado
empezó a hablar de rivalidades generadas por celos profesionales. Y poco a poco la comunicación
entre los dos se fue interrumpiendo, hasta quedar prácticamente en ceros.
El distanciamiento se agudizó a comienzos de este año cuando varias publicaciones
destacaron el trabajo que venía realizando Jairo Rojas y le atribuyeron buena parte de los éxitos
obtenidos hasta ese momento en el proceso por el alto comisionado. El hecho molestó a Víctor G., y
decidió cancelar un contrato de asesoría que tenía con Rojas.
Hoy no son pocos los analistas que piensan que de todas las peleas casadas por Víctor G. la que
más dolores de cabeza le puede causar es la que tiene con Leyva porque, quiérase o no, el ex ministro
ejerce una influencia muy grande sobre las Farc. Aunque tampoco son pocos los que alaban la
audacia del comisionado al 'destetarse' de Leyva y echarse todo el proceso encima. Tarea en la cual
parece contar con el respaldo total del Presidente de la República.

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