Los otros extraditables

Las jornadas de extradiciones masivas se han vuelto algo tan rutinario que la prensa casi no las registra. El 12 de mayo pasado, en un solo avión de la DEA fueron despachados 12 acusados de narcotráfico, la mitad de ellos relacionados con las bandas criminales (bacrim), capturados en diferentes operaciones por la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía, Dijín-Interpol.

Quizás por eso ha pasado inadvertido que 2011 va camino a convertirse en el año récord en extradiciones. Pues si entre 2003 y 2010 fueron capturados y extraditados 870 colombianos, entre el primero de enero y el 28 de junio de este año, la cifra de capturas con miras a extradición ya había subido en un 23 por ciento frente al año pasado, de 87 a 107 extraditables.

Ni siquiera se considera noticia digna de titulares cuando extraditan a una figura del crimen, como sucedió con un viejo jefe del desaparecido cartel de Cali, Phanor Arizabaleta Arzayús. Este fue capturado en septiembre del año pasado y hace dos semanas, el 28 de junio, fue extraditado.

Se asoma, sin embargo, una novedad en este tema. Y no se trata de que cada vez más miembros de las bacrim figuren en las listas de los extraditables. La noticia está en que cerca de un 10 por ciento de los extraditables capturados este año no son sospechosos por narcotráfico. Son colombianos requeridos por otros países donde se les acusa de estafar o robar a ciudadanos del común o incluso a un gobierno.

Así, en enero de este año, la Policía capturó a Andrés Felipe Velasco y a Mauricio Zambrano en Bogotá. Estaban solicitados en extradición por Argentina, en donde encabezaban la lista de los delincuentes más buscados de ese país. Conocidos como Los Sayayines, las autoridades argentinas aseguran que son jefes de una banda de apartamenteros que durante los últimos dos años asaltó más de cien viviendas en Buenos Aires y alrededores. Los hombres viajaban por tierra desde Colombia y una vez en territorio gaucho, simulando ser turistas, duraban dos meses robando casas. Guardaban en maletas el botín de los hurtos y regresaban en bus al país a vender lo que habían robado.

No menos exótico es el caso de Jorge Mahecha y Anna Dightmary Lischt Galvis. Desde 2004, sostienen las autoridades peruanas, esta pareja era su peor pesadilla. Según su investigación, se alojaban en los mejores hoteles de Lima bajo la fachada de opulentos turistas, cuando en realidad estaban tejiendo una red criminal para clonar miles de tarjetas de crédito y débito. Moviéndose constantemente entre Perú y Colombia la pareja logró eludir durante siete años a las autoridades. Pero su suerte acabó en marzo de este año, cuando un grupo de la Dijín-Interpol los arrestó en el occidente de Bogotá. Ahora están en la cárcel de Cómbita a la espera de ser extraditados para ser juzgados en el vecino país.

Otro caso fue de posible estafa a un gobierno. Desde 2007, el FBI estaba tras los pasos de Gerardo Mosquera Mena, natural de Buenaventura. Él se había radicado en Portland, Oregon, donde creó una fundación que supuestamente ayudaba a desamparados en esa ciudad. Con esa organización accedió a 1,8 millones de dólares de fondos públicos. Pero los pobres sin hogar nunca vieron esa plata, concluyó el FBI. Este asegura que Mosquera desvió parte del dinero para montar en Cali una comercializadora de productos de mar y que le fue tan bien que instaló una sucursal de su negocio en Bogotá. Desvió otra parte de los fondos federales que había recibido a cuentas en Argentina. Cuando supo que el FBI lo buscaba por estafa, Mosquera escapó a Colombia a esconderse. Tras varios meses, en abril pasado fue arrestado y está a la espera de ser extraditado para responder ante la justicia estadounidense.

Estos son tan solo tres de los más de diez casos de capturas realizadas este año a sospechosos de delitos diferentes al narcotráfico, una reciente tendencia que revela que la extradición dejó de ser solo para capos.