Los otros extraditados por error

Gabriel Consuegra Arroyo, el hijo de un vendedor de plátanos de la plaza de mercado de Barranquilla, vino a cumplir el sueño de conocer la nieve en medio de la más oscura depresión.

El día en que este hombre vio caer por primera vez escarcha del cielo, estaba parado en la azotea de la Metropolitan Correctional Center, de Nueva York, bajo un enjambre de alambres de púas electrificados, mientras enfrentaba un proceso por narcotráfico y lavado de activos.

Su caso y el de su padre, también llamado Gabriel, fueron tan absurdos como el del carpintero Ariel Josue Martínez, un hombre que estuvo ad portas de ser extraditado a los Estados Unidos, en medio de un panorama de dudas jurídicas que tienen una raíz común: el no poder conocer en Colombia la solidez de las pruebas mediante las cuales se emitió la orden.

Para el 12 de junio del año 2005, el viejo Consuegra se ganaba la plata vendiendo plátanos, yucas y ñames en el mercado. Jamás había montado en avión ni salido de los límites de la costa atlántica, por cuyas ciénagas había ejercido como pescador.

Eran las 5 de la madrugada cuando tocaron la puerta de su casa. El barrio Villanueva de Barranquilla -un manchón de calles destapadas por las que se pasea el olor de un caño putrefacto- fue escenario de un operativo propio de las grandes ligas del narcotráfico.

Agentes del DAS y tres hombres de la DEA iban en busca de los Consuegra, con un indictment y una orden de extradición. Ahí comenzó una injusticia que se extendió por tres años más: dos de ellos recluidos en la cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, en Boyacá, y uno más en la Metropolitan Correctional Center, la misma donde Gabriel hijo conoció la nieve y trabajó como el limpiador oficial de la sangre que corría cuando había reyertas entre presos.

Sólo cuando el vendedor de plátanos y su hijo estuvieron en Estados Unidos, se vino a conocer el contenido de las pruebas con las cuales habían sido judicializados. Se trataba de llamadas telefónicas que don Gabriel había sostenido con un hombre llamado Juan Vicente Gómez Castrillón. En las conversaciones Juan Vicente le pedía a Consuegra “50 verdes” para una fiesta. Y Consuegra le respondía que sí, que ahí mismo se los llevaba.

La DEA interpretó que “50 verdes” no eran plátanos sino dólares y kilos de coca. Esa era la prueba reina. Los Consuegra se enfrentaron a un juicio en el que tenían todas las de perder, pues de ser declarados culpables, la pena podía llegar a 20 años.

Además, no tenían un abogado con los suficientes dientes y la baba -de esos que cuestan entre 100.000 y 500.000 dólares- para sacar el caso adelante. La Fiscalía entonces les propuso firmar un acuerdo de culpabilidad con una pena equiparable al tiempo que llevaban detenidos. Y así fue. El 29 de diciembre del año 2007, dos días antes de año nuevo, el vendedor de plátanos y su hijo regresaron a Barranquilla, en medio de un recibimiento similar al de dos náufragos que sobreviven a una odisea.

La historia quedó retratada en el libro Extraditados por error, de José Guarnizo, en el que queda en evidencia que las equivocaciones judiciales no son un asunto de estratos económicos. Margarita Salinas, una comisionista de bolsa, y Carlos Ortega, un expiloto Avianca, son otras de las víctimas que allí toman forma.

Pero más allá de los casos puntuales, quedan varios cuestionamientos frente a la forma como opera la extradición. Y es que el sistema está diseñado para que los verdaderos narcotraficantes cooperen, señalen rutas e impliquen a sus socios. Sin embargo, cuando un inocente aparece en el camino, el sistema se hace sordo. Los inocentes no tienen nada qué negociar.

Miles Frechette, embajador de Estados Unidos en Colombia entre 1994 y 1997, le dijo al Washington Post, cuando fue consultado por el caso del vendedor de plátanos, que era hora de repensar lo que se estaba haciendo. “La extradición es extremadamente valiosa, pero estamos gastando demasiado tiempo en ir tras la menuda y no tras los peces gordos”.

La mayor queja que sale de quienes alegan su inocencia, bien porque las acusaciones son endebles o bien por errores en la judicialización, es que cuando el gobierno norteamericano solicita a un nacional, es imposible conocer de antemano las pruebas, lo que indica que en Colombia la extradición opera como un trámite y no como un proceso. Las pruebas sólo se pueden controvertir allá, en la USA, una cárcel en la que ver caer la nieve puede ser el síntoma de la más terrible de las pesadillas.