Lunes, 20 de octubre de 2014

| 2013/08/10 01:00

Los ‘pactos del fusil’

En Medellín los grupos ilegales están arreglando treguas para dejar de atacarse. Si bien las autoridades niegan que se trate de un gran acuerdo entre Urabeños y la Oficina de Envigado, celebran la reducción de homicidios.

El alcalde Aníbal Gaviria y su equipo de seguridad monitorean cuidadosamente las guerras de los combos.

Ya no se escuchan las ráfagas de fusil en los barrios de Medellín. Los sonidos de la guerra mafiosa se callaron desde hace un mes, cuando las bandas criminales empezaron a hacer pactos para no agredirse más. La primera tregua fue el 15 de julio en Belén Rincón, al occidente de Medellín, uno de los barrios donde hay más balaceras. 

Ese día, seis combos se dieron cita en una cancha. Llegaron los jefes en carros de lujo, jugaron un partido de fútbol, hicieron fiesta con los vecinos del barrio y se cerró la tregua. Desde entonces reina la calma.

 

Una semana después sonaron voladores en el barrio El Limonar, también al occidente. Los dos grupos que se disputaban cuadra a cuadra el control de las plazas de vicio y de las vacunas dejaron de atacarse. Hicieron un sancocho callejero y jugaron un partido de fútbol. La escena se repitió el 3 de agosto en el barrio Santa Lucía, vecino de la Comuna 13. Desde las cuatro de la tarde empezó una fiesta a donde llegaron los integrantes de los siete combos que protagonizan la guerra en el sector. Hicieron un nuevo pacto de paz. 

En lo que se conoce como el bajo mundo cuentan que las treguas no son hechos aislados, sino que hacen parte de una suerte de acuerdo macro entre los Urabeños y la Oficina de Envigado. Las bandas que están haciendo las paces en los diferentes barrios están suscritas a alguna de estas estructuras.

La pelea por el control de los territorios que libraban era, básicamente, para apropiarse de las rentas de las casas de vicio, de las vacunas y de los juegos de azar ilegales. Pero en dos cumbres, los jefes de ambas organizaciones  decidieron quedarse cada uno con el control que ya tiene y dejar la guerra.

El primer acercamiento se hizo el fin de semana del 13 y 14 de julio en un sitio del valle de Aburrá. Y a la semana siguiente, entre el 22 y 23 de julio, se selló el pacto definitivo en una finca en Santa Fe de Antioquia. “Las treguas que estamos viendo obedecen a lo que se ha llamado pacto del fusil, que tuvo un primer momento con el pacto del valle de Aburrá y un segundo con el pacto de San Jerónimo”, dice Fernando Quijano, de la ONG Corpades. 

El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, negó aquellas reuniones. “Es una versión que no tiene asidero. Pero ojalá en algún momento se les ocurriera a esos delincuentes hacer una reunión de esas bien gruesas porque nos permitiría un éxito grandísimo: coger a más de un cabecilla delincuente”, dijo. 

Sus razones para no creer en un pacto de esa envergadura son tres. La primera es que, según dice, la exactitud de la inteligencia de la Policía se habría enterado a tiempo de la reunión y habrían hecho un operativo. La segunda es que una reunión como esa no se hace entre pocas personas, sino que cada grupo “se lleva una recua muy grande y entre esa recua hay gente que siempre cede fácilmente a la tentación de una buena recompensa”. Y la tercera es que, teniendo en cuenta el antecedente del pasado 31 de diciembre, cuando una cumbre en Envigado terminó en la masacre de nueve personas, es difícil que haya confianza para un encuentro de ese tamaño.

Independientemente de las disímiles versiones, lo cierto es que en los barrios los grupos ilegales dejaron de disparar. En la Alcaldía de Medellín dicen que no saben nada sobre los pactos, pero celebran que en 16 días durante este año la ciudad no registró un solo homicidio. 

Cinco de estos días fueron en julio y dos en agosto en momentos en que, según la versión del bajo mundo, andaba en marcha el acuerdo entre las bandas criminales. Pero, como ha sucedido en el pasado, cuando estas treguas se rompen, la guerra urbana regresa con fiereza. La única política de seguridad legítima para Medellín es la que se construya desde el Estado.

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