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| 2/18/2012 12:00:00 AM

¿Los paisas están berracos?

La restitución de tierras que ha tenido gran aceptación en todo el país no ha despertado en Antioquia el mismo entusiasmo. Además, hay un notorio descontento regional con el gobierno Santos. ¿Qué está pasando?

En el acto central de celebración de los 100 años del periódico El Colombiano de Medellín la semana pasada sorprendió que el presidente Juan Manuel Santos no fuera recibido con la ruidosa ovación a la que está acostumbrado cuando asiste a foros y actos públicos. En esta oportunidad, Santos se encontró con un auditorio frío y distante, de más de 800 personas, y su discurso fue interrumpido por aplausos solo en dos ocasiones y de manera breve: cuando hizo alusión al expresidente Álvaro Uribe y cuando respaldó el billonario proyecto de Autopistas de la Montaña.

La falta de entusiasmo con la que la clase dirigente antioqueña recibió al jefe del Estado ha coincidido con una serie de editoriales de los dos periódicos emblemáticos de esa región contra el gobierno. El Mundo se fue lanza en ristre contra la marcha en favor de las víctimas del despojo de tierras que se organizó en Necoclí, evento respaldado y promovido desde la Presidencia de la República. "No le luce a un demócrata integral como él, heredero del talante republicano de su abuelo, el expresidente Eduardo Santos, imitar las veleidades populistas de ciertos 'nuevos mejores amigos"', señaló el diario liberal que dirige Guillermo Gaviria Echeverry, padre del actual alcalde de Medellín.

Una posición similar frente a la marcha asumió el periódico El Colombiano, que lo consideró un acto populista del gobierno y un riesgo para los desplazados. En los últimos días el diario conservador ha ido mucho más allá. El editorial 'Obras son amores' del pasado martes se fue con todo: "Antioquia se ha sentido marginada de las decisiones que se toman en las altas esferas del Estado. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que existe un trato discriminatorio, una especie de acción concertada, en los más altos niveles del poder, contra los paisas".

Pero no solo ha llamado la atención la frialdad de Antioquia con Santos, también ha causado desconcierto la apatía que se observa en ciertos sectores de esa región hacia la política de restitución de tierras, bandera del gobierno. Mientras en todo el país la Ley ha tenido gran aceptación, entre los antioqueños no ha despertado el mismo entusiasmo. No deja de sorprender que una política cuyas bondades parecen incontrovertibles, pues se trata de devolverles el suelo a campesinos que fueron despojados por los bandidos, genere un sentimiento agridulce en Antioquia.

Esta revista se puso a indagar cuáles son las verdaderas reservas que tienen los paisas frente a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y qué está motivando el malestar general que se percibe en la región frente al gobierno central. El tema es 'comidilla' de cocteles y clubes en Medellín, pero nadie quiere ventilarlo públicamente. Por esta razón, las fuentes consultadas prefirieron mantener sus nombres en reserva.

Lo primero que hay que concluir es que no se trata de un sentimiento generalizado de disgusto del empresariado antioqueño o de toda la clase dirigente. Hay matices. Por ejemplo, frente a la restitución de tierras, las mayores dudas sobre esta política provienen de los llamados empresarios del agro, que en las últimas dos décadas se dedicaron a comprar tierras en los Montes de María, el Bajo Cauca o el Urabá. Este proceso, como dice un reconocido industrial de la región, ha sido considerado "casi otra colonización antioqueña". Si estos empresarios no aplicaron con rigor -como algunos piensan que sucedió-, los controles suficientes para saber el origen de los predios y si hubo despojo o abandono forzado en el pasado, esa negligencia los podría meter en problemas. Tendrán que demostrar que fueron compradores de buena fe. "En Antioquia, como en otras zonas del país, hubo inversionistas que compraron al por mayor, a precios no justos, y luego vendieron al por menor. Estos son los más inquietos con la Ley y los que no están tan entusiasmados con la misma", afirmó una de las fuentes consultadas por SEMANA.

Otra cosa es el llamado empresariado moderno de Antioquia, que ve con interés la Ley de Restitución de Tierras, pero que tiene algunas reservas frente a su aplicación. Aunque ninguno de los llamados cacaos se opone abiertamente a la Ley, después de los apoyos protocolarios, salen a flote algunas reservas.

En los círculos de la élite empresarial se comenta el malestar que ha creado el hecho de que se invierta la carga de la prueba, es decir, que tengan que defenderse ante los jueces agrarios para demostrar que fueron compradores de buena fe. Para cualquier empresario que ha tenido una vida intachable de honestidad y ética es un factor incómodo tener que dar pruebas de su probidad ante los estrados judiciales. Cabe recordar el caso del empresario Fabio Rico Calle, quien después de una vida transparente, sin tacha en sus negocios y apegado a cánones de la ética, se vio envuelto en un negocio que le amargó los últimos días de su existencia.

Con la Ley de Restitución de Tierras no solo individuos sino compañías pueden tener inquietudes comparables. Cemento Argos, por ejemplo, uno de los tres pilares del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), adquirió tierras a precios comerciales en Montes de María para desarrollar proyectos de reforestación y hoy tiene que explicarles a los jueces que es poseedor de buena fe. Este es un proceso que tiene mal sabor por tratarse de una empresa y unos directivos cuya integridad nadie en Antioquia ni en el país pondría en tela de juicio.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirma que casos como estos no deberían preocupar, pues los contempló la Ley: "Aquellos que compraron de buena fe exenta de culpa, tendrán que entregar el bien a ser restituido y serán compensados".

La inconformidad paisa frente a la ley más ambiciosa e importante de este gobierno, estaría basada en la preocupación de que la puesta en marcha de esta política podría ser más complicada de lo que se pensaba. Algunos, como los bananeros de Urabá, han expresado serias dudas sobre la posibilidad de que el gobierno logre aplicarla correctamente y que de esta se beneficien realmente los despojados con proyectos productivos para ellos. El ministro de Agricultura, en una carta que le dirigió al presidente de Augura, Roberto Hoyos, asegura que el gobierno no restituirá tierras peladas a las víctimas del desplazamiento y el despojo y garantizó que el proceso estará acompañado de proyectos productivos.

La distancia entre los dos…

Detrás del malestar regional con el gobierno central hay una mezcla de todo un poco. Un hecho que ha caído muy mal en Antioquia son los pronunciamientos de autoridades nacionales sobre los tres más importantes proyectos de la región: Autopistas de la Montaña, Túnel de Oriente y la Central Hidroeléctrica Porce IV que construye EPM.

Entre los antioqueños se ha llegado a considerar que existe un trato discriminatorio o incluso una conspiración contra la región. Este sentimiento, que es bastante absurdo, obedece en el fondo a la coincidencia de que están enredados simultáneamente los tres proyectos claves del departamento. En las Autopistas de la Montaña, que conectará a la costa Atlántica con el Pacífico, pasando Antioquia, la Procuraduría advirtió sobre presuntas irregularidades en el contrato interadministrativo que firmó el gobierno con la empresa ISA para el diseño y la construcción de esta obra. En el Túnel de Oriente, el ministro de Ambiente, Frank Pearl, ha pedido más estudios para determinar el verdadero impacto que producirá esta anhelada obra. Y en cuanto al de EPM, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ordenó el pago de 23.000 millones de pesos por lo que considera incumplimiento de la promesa de generación de energía en Porce IV.

Responsabilizar al presidente Santos por la parálisis de estas obras no parece muy lógico, porque en ningún caso las decisiones adoptadas son de su competencia. Entre otras cosas, el propio presidente ha expresado su respaldo a estos proyectos. En su discurso con ocasión de los 100 años de El Colombiano, Santos anunció su compromiso total con las Autopistas de la Montaña y el Túnel de Oriente. "Quiero reafirmar ante ustedes el compromiso inequívoco del gobierno con las Autopistas de la Montaña. Este es un proyecto para la prosperidad del país ¡Y lo vamos a hacer! ¡Que no haya duda sobre este compromiso!".

Frente al desencanto que pueden estar sintiendo los paisas con el gobierno Santos, hay un elemento de gran peso y es el factor Uribe. Hay una evidente solidaridad de un sector amplio de los antioqueños con el expresidente, quien ha sido un duro crítico del gobierno. A Uribe, por ejemplo, no le gusta la Ley de Restitución porque en su opinión se está estimulando una lucha de clases que se traduce en animadversión contra los empresarios del campo. Al fin y al cabo él, los paisas y muchos colombianos consideran que el mayor éxito de su gobierno es que la gente haya podido regresar a sus fincas. Un agite social en estos momentos, lejos de consolidar ese logro, lo debilita. Esto lo ha recogido El Colombiano en sus editoriales haciendo énfasis en que desde la llegada de Santos a la Presidencia la seguridad en el país se ha deteriorado.

Santos es consciente de ello, por eso su discurso en su última visita a la capital antioqueña fue cuidadosamente elaborado. Midió cada palabra que dijo. Ese día rompió su silencio frente al presidente Uribe. Lo elogió, agradeció a los antioqueños su apoyo a la Presidencia y los tranquilizó frente al legado de Uribe: "Amigos de Antioquia… la gallina Doña Rumbo goza de cabal salud. Sus pollitos nacieron y están cada vez más grandes".

Allegados al presidente han dejado saber que pocas veces lo han visto invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo en un discurso y en una visita presidencial como el que tuvo con ocasión de los 100 años de El Colombiano. Santos les dijo a los antioqueños lo que querían oír. Pero para ellos la realidad de lo que están viviendo no coincidía completamente con sus palabras. Lo preocupante para el primer mandatario es que el malestar que se está registrando entre los terratenientes de Antioquia con la Ley de Tierras y algunos de sus programas, no sea un caso aislado.
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