Los 'peros' al proyecto de ley para resolver limbo jurídico de desmovilizados

El lunes, el Gobierno presentó el proyecto de ley que busca resolver el limbo jurídico en el que quedaron más de 30.000 desmovilizados, luego de que un fallo de la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo de una ley que permitía que los integrantes de grupos ilegales se acogieran al principio de oportunidad.
 
Dos días después, el miércoles de esta semana, las comisiones primeras conjuntas, de Cámara y Senado, aprobaron el proyecto.
 
Tras la sesión, el ministro Vargas Lleras celebró la celeridad con la que el Congreso evacuó la iniciativa. "Más rápido que cualquier otra que yo haya visto en la historia”, destacó el funcionario, quien además afirmó que este proyecto no solo va a ser útil para el Programa de Reintegración que lidera la Presidencia de la República, sino también para la Fiscalía General de la Nación.
 
Cabe recordar que el proyecto tiene el objetivo de darle una protección jurídica a los excombatientes que se desmovilizaron pero que no fueron beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz.
 
“Quiero decirles que lo contenido en el proyecto en nada riñe con los parámetros sentados en la providencia de la Corte Constitucional que avala en un todo la jurisprudencia que de tiempo atrás había emitido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, indicó Vargas Lleras.
 
Y aunque para convertirse en ley al proyecto aún le faltan sendos debates en las plenarias de Senado y Cámara, la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, le ha seguido la pista al contenido del proyecto y ya manifiesta algunos reparos.
 
El abogado Juan Camilo Rivera, de la Comisión Colombiana de Juristas, asegura que el proyecto de ley dificulta el cumplimiento pleno de los deberes estatales de investigación y sanción, argumentando que el proyecto señala que la información que surja en el marco de los “acuerdos de contribución a la verdad” no podrá “en ningún caso” ser utilizada como prueba en un proceso judicial.
 
Es así como según el jurista “esta disposición supone una renuncia absoluta al cumplimiento de los deberes de investigar, juzgar y sancionar hechos que constituyan graves violaciones a derechos humanos. De igual forma, implica una afectación grave del derecho a la justicia de las víctimas, pues no se podrá utilizar la información disponible para indagar acerca de los hechos cometidos y de sus responsables”.
 
La CCJ encuentra también algunos vacíos en cuanto a la regulación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y a la memoria histórica.
 
“Aunque uno de los temas centrales de la iniciativa es la creación de un mecanismo no judicial de contribución a la verdad, existe un gran vacío alrededor de los elementos centrales que conforman la propuesta”, señala Rivera.
 
Además, pone como ejemplo de esto, que dentro del proyecto no se abordan aspectos esenciales de la iniciativa, “tales como la conformación que tendrá, las funciones que cumplirá y la forma cómo se articulará con las iniciativas existentes en materia de memoria histórica”.
 
Lo que según la Comisión no permite saber de qué forma se materializará la intención de contribuir a la verdad y a la memoria quede simplemente plasmada, pero no permite hacerse una idea acerca de si tal intención se materializará efectivamente.
 
Otro aspecto que señala la Comisión Colombiana de Juristas es el reto en cuanto al procedimiento judicial. Y es que uno de los beneficios penales que el proyecto contempla para los desmovilizados es el otorgamiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que estaría precedida por un proceso judicial en el que se investigue y sancione a los desmovilizados por la comisión de determinados delitos.
 
“El juzgamiento de desmovilizados -que según la ponencia para primer debate ascienden a 30.000- obliga al Estado a garantizar los recursos suficientes para que el aparato judicial pueda cumplir. No es suficiente con que se establezca un procedimiento judicial, sino que éste debe estar ligado a una política seria para aplicarlo”, sostiene Rivera.
 
Un aspecto más en el que la CCJ hace un alto dentro del proyecto, es el relacionado con la necesidad de distinguir la situación de los desmovilizados.
 
“Hay desmovilizados que no tienen la calidad de responsables de las conductas punibles mencionadas en el artículo primero del proyecto de ley, sino que más bien han sido víctimas de una conducta punible: el reclutamiento forzado de menores”, dice Rivera, quien además afirma que es necesario tener en cuenta que no todos los desmovilizadas que están por fuera de los procesos de la ley de Justicia y Paz merecen un tratamiento igual.
 
Está, por ejemplo, “la situación de quienes, siendo menores, fueron reclutados por grupos armados ilegales y que luego se desmovilizaron. Estas personas, en lugar de ser sometidas a un procedimiento penal, deben recibir la ayuda y el tratamiento adecuados para el restablecimiento de los derechos que les fueron violados. Esta distinción no está incluida dentro del proyecto de ley actual, desconociendo el deber de otorgar tratamiento especial a quienes se encuentran en dicha situación”, señala el abogado.
 
Las anotaciones que señala la Comisión Colombiana de Juristas, y que a su juicio muestra algunos vacíos del proyecto de ley, fueron remitidas a algunos asesores de senadores, con lo que esperan que sean tenidas en cuenta con el ánimo de que se garanticen las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos y que se evite que la iniciativa pueda llegar a ser declarada inconstitucional.