LOS PRIMEROS "PEROS"

Cuando los colombianos vieron la semana pasada por televisión los abrazos y firmas que protocolizaron el llamado Acuerdo de la Casa de Nariño, respiraron aliviados. Creyeron que con esto terminaba uno de los más graves impasses políticos sufridos entre el gobierno y la oposición, y que después de tamaña tempestad, vendría la calma. Los hechos posteriores, sin embargo, demostraron que lejos de la calma, lo que había era un mar picado. Los primeros en echar la barca al agua fueron los de la Unión Patriótica, que declararon que el nuevo acuerdo, lejos de ampliar el espacio político, cerraba las posibilidades de reforma constitucional a la voluntad de los dos partidos tradicionales.
La Unión Patriótica, no obstante los "peros", no cerró del todo la puerta. Condicionó su participación en la Comisión de Reajuste Institucional a puntos como la ampliación de la Comisión Preparatoria del Referendo, y la precisión de las reglas del juego.
El resto de las fuerzas políticas se concentró en las indefiniciones del proceso. Porque si bien era cierto que había habido acuerdo entre los partidos y el gobierno sobre la necesidad de reformar la Constitución, no todos coincidían en los pasos a seguir: la forma como el Congreso convocará el referendo y eligirá los miembros de la Comisión de Reajuste Institucional; la posibilidad de que congresistas y ex presidentes formen parte de dicha comisión; el alcance mismo de las reformas y la participación de la guerrilla en el proceso.
En cuanto al procedimiento de la reforma, las opiniones parecen estar divididas en 2 polos: para algunos, el consenso político logrado entre las principales fuerzas ha legitimado ampliamente el proceso, y ésta es la oficial del gobierno. Para otros, e] hecho de que haya habido consenso no necesariamente significa que el mecanismo sea constitucional. Entre estos últimos están los senadores conservadores Rodrigo Marín Bernal y Alvaro Leyva, quienes le han propuesto al gobierno un sistema calcado del procedimiento utilizado por Núñez en la reforma de la Constitución del 63: un plebiscito entre las municipalidades. Según este sistema, el gobierno sometería inicialmente las bases de la reforma constitucional a un referendo de concejos municipales. Lo demás seguiría tal cual, hasta terminar en el referendo popular del texto definitivo de la reforma. Este sistema tendría la ventaja de que como el referendo municipal quedó consagrado en la ley de la elección de alcaldes el procedimiento le daría peso constitucional al primer paso del proceso.
Otro de los puntos sobre los cuales no hay claridad es sobre la composición misma de la CRI (Comisión de Reajuste Institucional). En las conversaciones preliminares entre los senadores Eduardo Mestre y Carlos Holguín, se discutió la conveniencia de excluír de ella a los congresistas. La propuesta cayó, como es obvio, como balde de agua fría. Los padres de la patria no se resignan a ser excluídos de este histórico timonazo. Y alegan que precisamente los llamados a reformar una constitución son los que saben de leyes, o sea, los integrantes del órgano legislativo. Lo más probable es que esta diferencia de opiniones termine zanjándose por la fórmula "ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre": es decir, una cuota del parlamento en la CRI, que no implique que la totalidad de sus miembros sean congresistas.
Argumentos parecidos se dan a favor de la inclusión de los ex presidentes, por derecho propio. Para algunos, como el senador Hernando Durán Dussán, sería absurdo pensar en una reforma constitucional en la que no estuvieran presentes quienes han regido los destinos de Colombia en este medio siglo, dos de los cuales López y Turbay, intentaron infructuosamente reformas constitucionales. Pero los enemigos de la participación de los ex presidentes consideran que su presencia sería perturbadora porque significaría la reproducción de la vida política del pasado en el seno de la CRI y, además, podría prestarse para una disputa entre los ex presidentes por el liderazgo de cada uno sobre su partido.
Uno de los puntos más sensibles y que promete generar más controversia, es el de la participación o no de representantes de la guerrilla. Para los que están en contra, esta invitación sería equivalente a una nueva amnistía, en momentos en que la tregua está definitivamente rota con todos los grupos guerrilleros, salvo con las FARC, con las que está tambaleando. Esto sería, en otras palabras según algunos, repetir el fracaso de Belisario Betancur y, hasta cierto punto, dejarse poner el revólver en la sien para hacer la revolución por decreto. Para los que están a favor comenzando por el ex candidato Luis Carlos Galán, y obviamente la UP, se se trata de diseñar una Constitución más acorde con la realidad del país, los cambios tendrían que ser consultados con los protagonistas de esta nueva realidad, de la que indudablemente forma parte la guerrilla. Por lo demás, algunos de los partidarios de la tesis alegan que la tregua continúe vigente con el Estado Mayor de las FARC, y que no en vano existe una línea telefónica directa Casa de Nariño-La Uribe. Según estos, "no sobraría un telefonazo para saber qué piensa don Manuel de la reforma constitucional".
Otro punto como para "alquilar balcón" es el que se refiere al alcance de las reformas. Mientras la Dirección Liberal ha dejado claro que lo que se debe buscar es una nueva Constitución, el Partido Social Conservador se ha mostrado más cauto y ha hablado apenas de reformar algunos artículos. Una posición intermedia parecería ser la del senador Galán, que no habla de una nueva Constitución, pero pide que al tiempo que se reforma la vieja, se revise todo el texto constitucional para mantener una estructura armónica.
Por su parte, el presidente Barco ya habló, y habló concreto. Los puntos fundamentales que, según el gobierno, deben figurar en la reforma constitucional, con el fin de hacer realidad una "verdadera democracia de participación", son tres: el establecimiento del referendo y la iniciativa ciudadana a nivel nacional, el acceso de los trabajadores a la propiedad y administración de los factores de producción y la democratización y modernización de los partidos políticos. Para ello el Presidente, como colegial acucioso, llevó ya escritos a la ceremonia de instalación de la Comisión Preparatoria, las modificacions a los artículos 2, 16 y 47, en la forma como podrían quedar incorporados en la nueva Constitución.
Si en la semana que culminó con la firma del Acuerdo de la Casa de Nariño, los partidos Liberal y Conservador descubrieron en qué estaban de acuerdo -en la necesidad de una reforma constitucional- la semana nasada empezaron a descubrir en qué no lo estaban: en todo lo demás.
Es de esperarse, entonces, que en las próximas semanas todo el mundo haga su propio menú constitucional. Este no sólo incluirá los ingredientes que debe incorporar la reforma, sino la manera de mezclarlos para obtener la receta que se les dará a probar el próximo 9 de octubre a los colombianos.