Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 1996/12/02 00:00

LOS PROBLEMAS DE HARF

El Ministro de Comercio Exterior está en la mira de la opinión pública por las cuantiosas deudas con el Estado de Atlantic Coal, de la cual es el accionista mayoritario. SEMANA analiza las denuncias.

LOS PROBLEMAS DE HARF

Morris Harf no ha tenido un solo día tranquilo como Ministro de Comercio Exterior. Recién posesionado en el cargo, en febrero de este año, tuvo que afrontar un escándalo sobre una solicitud de crédito por 10.000 millones de pesos gestionado por su empresa, Atlantic Coal, ante el Instituto de Fomento Industrial _IFI_. En las últimas semanas han vuelto a surgir preguntas sobre las deudas que tiene Atlantic Coal con diferentes entidades del Estado, en particular con el IFI, la Caja de Vivienda Militar, el Inurbe y la Caja Agraria. Tanto el noticiero QAP como la columnista de El Espectador María Jimena Duzán han cuestionado severamente esa relación por considerar que existe un claro conflicto de intereses. ¿Qué está pasando realmente con el ministro Harf?Según el Ministro, las denuncias no son válidas. "He obrado de buena fe y estoy tranquilo de mis actuaciones _le dijo a SEMANA_. Las relaciones financieras entre Atlantic Coal y las entidades del Estado son anteriores a mi nombramiento". Tiene razón. Desde antes de 1994 Atlantic Coal, el 90 por ciento de cuyas acciones son de Harf y su esposa, contrajo una deuda con el IFI por más de 2.000 millones de pesos, que hoy asciende a 2.493 millones de pesos. En mayo de 1995 los Harf y los accionistas minoritarios le pidieron al IFI un estudio sobre la viabilidad técnica y financiera de la empresa. En ese estudio se concluyó que Atlantic Coal necesitaba una recapitalización de 10.000 millones de pesos. Los accionistas pidieron entonces un cupo de crédito a través del Fondo de Capitalización Empresarial del IFI por esa suma, la misma solicitud que provocó el primer escándalo. Aunque Harf sostuvo en ese momento que el crédito ya había sido aprobado cuando el presidente Ernesto Samper le ofreció el cargo, hoy reconoce que estaba equivocado. El presidente del IFI, Gabriel Borrero, confirmó a SEMANA que"ni en la junta del 16 de enero ni en la del 2 de febrero de 1996 se aprobó el crédito". En una carta fechada el 13 de febrero Atlantic Coal retiró la solicitud, siete días después de la posesión de Harf y su renuncia como representante legal de la empresa. Después de eso no ha presentado ninguna otra.Según Fabio Cárdenas, actual presidente de la empresa, "la decisión (de retirar la solicitud de 10.000 millones de pesos) fue muy costosa". Lo cierto es que Atlantic Coal enfrentaba una muy difícil situación financiera, representada en deudas por pagar que sobrepasan hoy los 25.000 millones de pesos. En agosto y septiembre de este año y con el fin de lograr la cancelación de esos créditos, los acreedores y la empresa negociaron un acuerdo general. En él se establece una reestructuración a siete años con dos de gracia en cuanto a capital. Según el acuerdo, los Harf y los accionistas minoritarios tienen la obligación de capitalizar en cuatro millones de dólares la empresa antes del 30 de noviembre de este año. Además, el 95 por ciento de las acciones quedaría en un fideicomiso como garantía de pago. En el eventual incumplimiento de lo acordado se podrán vender las acciones a terceros con el fin de cancelar pasivos financieros, aumentar el capital con la entrada de nuevos accionistas y realizar ventas de activos de la compañía. De los más de 20 acreedores, sólo falta que firmen algunos, entre ellos la Corporación Financiera de Occidente, el Inurbe y el IFI, que quiere ser el último en hacerlo, según su presidente, Gabriel Borrero. Entre todas las deudas adquiridas por Atlantic Coal sin duda las más polémicas son las que contrajo con entidades del Estado. Según dijo a SEMANA el entonces presidente de la entidad, hoy presidente de la Caja Agraria, Benjamín Medina, en mayo de 1995, antes de que Harf fuera ministro, el Inurbe le dio instrucciones a la Fiduciaria Tequendama para que invirtiera 332 millones de pesos en Atlantic Coal de un paquete de recursos que esta institución financiera administraba a la entidad oficial. Sorprende un poco que la actividad del Inurbe de financiar vivienda de bajos recursos no tiene nada que ver con la de Atlantic Coal. Esto no es ilegal, sin embargo Harf asegura que Atlantic Coal no tuvo injerencia alguna con la decisión del Inurbe. Vale la pena anotar, no obstante, que el entonces subgerente administrativo y financiero de esa institución, Pablo Vallejo, quien era el responsable principal de las inversiones del Inurbe, es hoy un alto funcionario del Ministerio de Comercio Exterior, vinculado por Harf. El presidente de Inurbe, Armando Moncaleano, dijo que están investigando los pormenores del asunto y así mismo manifestó que no participará en el acuerdo general de acreedores porque esa responsabilidad le compete a la Fiduciaria Tequendama.Deudas polemicasLa situación de la Caja de Vivienda Militar es diferente. A finales del año pasado y sin ser todavía ministro, la Caja invirtió 2.000 millones de pesos en la Cooperativa Coandina, al igual que hizo con otras cooperativas, a un plazo de 90 días. Después de sucesivas prórrogas Coandina le pagó a la Caja de una manera curiosa: le entregó dos pagarés de 1.000 millones de pesos en garantía, uno de ellos respaldado por dos firmas: las de Morris Harf como persona natural y como gerente de Atlantic Coal. Este pagaré era el resultado de un préstamo de 2.000 millones de pesos que Coandina le había otorgado a Harf. El Ministro está en conversaciones con la Caja para organizar el pago de su deuda a plazos más cortos. Tanto Harf como el viceministro de Defensa, Augusto Acosta, quien preside la junta de la Caja, esperan llegar a un acuerdo.Atlantic Coal también le debe 1,8 millones de dólares a la Caja Agraria, producto de un crédito obtenido en diciembre de 1994, y algo más de dos millones de dólares al Banco del Estado. Ambas entidades han aceptado el Acuerdo General de Acreedores. En total, las deudas con el Estado de Atlantic Coal sobrepasan los 7.000 millones de pesos. También ha producido cierto revuelo una junta de Bancoldex en la cual se aprobó un cupo de crédito de 13.000 millones de pesos para la Caja Agraria para dar cumplimiento a un compromiso con los bananeros del Magdalena. Se llegó a decir que el presidente de Bancoldex en ese entonces, Víctor Manuel Hoyos, y otro miembro de la junta habrían renunciado en protesta. Según el Ministro, esa no fue la razón detrás de esas dimisiones. A pesar de que Harf asegura que el debate que se ha producido se debe en parte a que "no existe la costumbre en Colombia de nombrar empresarios como ministros", quedan en el aire dos interrogantes. Primero, ¿cómo hace un ministro de una cartera tan importante para cumplir con sus compromisos oficiales y a la vez dedicarle tiempo para conseguir cuantiosos recursos para salvar su empresa de la quiebra? Segundo, ¿es conveniente que las finanzas de la compañía de un alto funcionario del gobierno dependan, en parte, de la voluntad de entidades estatales?Aunque es normal que una empresa exportadora tenga deudas financieras con instituciones como el IFI, lo raro es que pertenezca a un ministro de Estado. Esto, sin embargo, no es ilegal. Tampoco existe evidencia de una indelicadeza del Ministro, quien retiró su solicitud de recapitalización al IFI y por el contrario se ha perjudicado al abstenerse su empresa de recurrir a la línea de crédito de Bancoldex por presidir él la junta. Lo que sí hay es un conflicto de intereses originado en que haya tenido lugar una refinanciación de sus deudas con entidades oficiales como el IFI y la Caja Agraria durante su gestión como Ministro. Esto no obedece a una conducta indebida por parte de Harf sino a la circunstancia de que las decisiones finales sobre sus créditos están en manos de sus colegas del gabinete. Así el Ministro no haya movido un dedo y aunque es muy probable que se hubiera llegado al mismo acuerdo sin estar en el gobierno, la simultaneidad de la refinanciación es una situación incómoda políticamente. Una refinanciación de 7.000 millones de pesos de dineros oficiales a un alto funcionario del Estado es un problema estructural que debieron haber tenido en cuenta tanto el Presidente como el Ministro antes de su nombramiento.

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