Los protagonistas del escándalo

¿Qué es Fidupetrol?

La empresa que tiene enredado al magistrado Jorge Pretelt y que es la detonante de uno de los mayores escándalos en la justicia se llama Fiduciaria Petrolera S. A. Fue creada en 1994  y hace ocho años, en 2007, consiguió un millonario contrato con la Gobernación de Casanare.

Por orden del entonces gobernador Whitman Porras se ordenó entregarle a Fidupetrol 25.000 millones de pesos de las regalías, para ser invertidas por esa fiducia en la unión temporal Carbones Likuen. Básicamente se trataba de financiar a privados con dineros de las regalías del departamento. En 2009, la Contraloría alertó del irregular negocio ordenado por Porras y compulsó copias a la Fiscalía para investigar al mandatario departamental. Los 25.000 millones sencillamente se perdieron y nunca regresaron a las arcas del departamento. Después de varios pleitos, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia que determinó que Fidupetrol debía pagarle a Casanare 22.500 millones de pesos del total de los dineros girados. Esa determinación significó la quiebra de Fidupetrol y en 2014 la Superintendencia Financiera ordenó su liquidación. Los directivos de la fiduciaria interpusieron una tutela para así evitar pagar. Esa tutela terminó en la Corte Constitucional y es la que hoy tiene en medio de un escándalo mayor al magistrado Pretelt, pues supuestamente se pagaron 500 millones de pesos para que en ese tribunal tumbaran la decisión que había tomado la Corte Suprema de Justicia.

Mauricio González

Fue quien denunció ante la Comisión de Acusación al magistrado Jorge Pretelt, porque según el abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, este le había pedido 500 millones para entregarlos a González a cambio de fallar favorablemente la tutela interpuesta por Fidupetrol. González fue elegido magistrado de la Corte Constitucional en 2007 de una terna enviada por el gobierno de Álvaro Uribe, de quien fue secretario jurídico.


Whitman Porras

Fue gobernador de Casanare entre septiembre de 2006 y diciembre de 2007. Dos años más tarde la Fiscalía lo sindicó de detrimento patrimonial por haber entregado los 25.000 millones de pesos de las regalías del departamento a Fidupetrol. Fue condenado y está detenido en la cárcel La Picota pagando una condena de 18 años por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Por ese caso la Procuraduría lo sancionó e inhabilitó para ejercer funciones públicas durante 11 años, tras hallarlo responsable de suscribir convenios irregulares y modificar el presupuesto del Casanare sin el consentimiento de la Asamblea.


Henry Villaraga

El polémico y destituido expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, recordado por sus grabaciones con el condenado mayor (r) Róbinson González del Río, era el jefe de la oficina jurídica del departamento del Casanare cuando ocurrió el caso Fidupetrol. Su reemplazo en ese cargo denunció que, entre otras irregularidades, Villarraga nunca hizo entrega de los títulos de las fiducias donde se invirtieron miles de millones de pesos. Ni los documentos y mucho menos el dinero perdido aparecieron y Villaraga no dio razón alguna de estos, según el hombre que lo reemplazó en el cargo.


Víctor Pacheco

Abogado barranquillero que representó los intereses de Fidupetrol. Fue quien contó a varios magistrados que Jorge Pretelt le habría pedido 500 millones de pesos para entregarlos al magistrado González, para tratar de cambiar la tutela en la Corte Constitucional que le ordenaba a la empresa para la que trabajaba pagar 22.500 millones de pesos al Casanare. Lo conocen en las cortes por ser un curtido ‘lobista’, amigo de varios magistrados. Tras su primera declaración en la Fiscalía, dijo que el supuesto soborno se habría canalizado a través del expresidente de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil y el hermano del magistrado Pretelt, Luis Fernando.


Luis Fernando Pretelt Chaljub

Hermano del magistrado Jorge Pretelt, trabaja como arquitecto. Según el abogado Víctor Pacheco, en una conversación grabada por el magistrado Luis Ernesto Vargas, una parte del soborno de los 500 millones de pesos para favorecer a Fidupetrol le había sido entregada, al parecer, a Luis Fernando Pretelt.

Rodrigo Escobar Gil

Magistrado de la Corte Constitucional entre 2001 y 2009. A la periodista María Isabel Rueda le negó cualquier vínculo con Fidupetrol. Sin embargo, a los pocos días tuvo que aceptar que en 2013 fue contratado por esa empresa para una asesoría jurídica en el trámite de la tutela que presentó esa empresa ante la corte a cambio de 200 millones de pesos por sus honorarios. Ante la Fiscalía, el magistrado Mauricio González mencionó que Escobar Gil en un almuerzo le mencionó el tema de la tutela de Fidupetrol. El abogado Pacheco en una de sus versiones también lo salpicó al afirmar que parte de los 500 millones se le habrían dado al hermano de Pretelt y a Escobar Gil, quien es un viejo amigo del magistrado Jorge Pretelt.

Luis Ernesto Vargas

Llegó a la Corte Constitucional en 2009. Fue uno de los que destapó el escándalo al decirles a sus colegas de la corte, entre ellos a Mauricio González, que el abogado Víctor Pacheco de Fidupetrol le contó sobre el supuesto soborno de 500 millones de pesos que Jorge Pretelt habría pedido para cambiar la tutela. Fue quien le entregó a la Fiscalía la grabación de esa conversación con Pacheco, que se convirtió en la prueba reina de la denuncia del soborno. El audio, del que se desconoce cómo y por qué fue grabado, involucró aún más en este escándalo al exmagistrado Rodrigo Escobar e hizo emerger a un nuevo personaje en escena: Luis Fernando Pretelt Chaljub, hermano de Jorge Pretelt, supuesto beneficiario del soborno.

Jorge Pretelt Chaljub

Es el protagonista principal del escándalo. Llegó a la Corte Constitucional en 2009. Según Víctor Pacheco, el abogado de Fidupetrol, el magistrado le pidió 500 millones de pesos para cambiar el sentido de la tutela que condenó a esa empresa a pagar 22.500 millones de pesos al departamento de Casanare.

Alberto Rojas Ríos

Fue elegido magistrado de la Corte Constitucional en 2013 y le correspondió seleccionar para estudio la polémica tutela de Fidupetrol. Varias denuncias periodísticas afirmaron actuaciones indecorosas durante su vida como litigante. En 2014 el Consejo de Estado anuló su elección como magistrado por problemas de procedimiento.

Eduardo Montealegre

El actual fiscal general de la Nación se declaró impedido para actuar sobre el caso, ya que en 2010, mucho antes de su elección como fiscal y cuando era un reconocido litigante, le prestó una asesoría jurídica a Fidupetrol por valor de 80 millones de pesos para elaborar un concepto sobre los problemas jurídicos relacionados con la presunta responsabilidad fiscal de Fidupetrol, en la colocación de recursos provenientes de regalías del Casanare.

Guillermo Mendoza Diago

El exfiscal general de la Nación fue contratado por la empresa Fidupetrol, por 100 millones de pesos, para una asesoría con el objetivo de ser el apoderado de esa empresa, en un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría por más de 100.000 millones de pesos, el cual, finalmente, salió negativo. Otra de las suspicacias sobre Mendoza radica en que su esposa trabaja en el despacho del magistrado Pretelt, aunque el exfiscal aclaró que ella se desempeña en un cargo menor que nada tiene que ver con selección de tutelas o temas similares.