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| 12/29/2013 12:00:00 AM

El polémico computador de la Casa de Nariño

Semana.com habló con algunos congresistas sobre la aparición de sus nombres en la supuesta ‘repartija’ de cargos que denunció el expresidente Uribe.

Nunca antes el país había conocido el contenido del supuesto computador de la Secretaría General de la Casa de Nariño. Para muchos no era más que un mito el hecho de que una persona, cercana al mandatario, incluyera toda la información en un equipo sobre los compromisos políticos del gobierno de turno con congresistas.
 
Desde tiempos pretéritos se ha hablado sobre el asunto. Pero sólo hasta ahora, por cuenta de la supuesta información anónima que llegó a las manos del uribismo, el país  conoce este tipo de información. Por ahora se analiza su veracidad.
 
En este caso en el interior del computador, según la información que hoy reposa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y en la Fiscalía, se demostraría la forma en la supuestamente se planeó y ejecutó la ‘repartija’ de 1.975 cargos de libre nombramiento en 23 entidades del Estado, según ha denunciado el exmandatario.
 
Para ello, y según la denuncia, se utilizó un sofisticado software que permitía el seguimiento y control de cada uno de los congresistas de la llamada Unidad Nacional y de los empleos públicos que, presuntamente, se les asignaba.  
 
La información que le fue entregada a Uribe es amplia. Para empezar, contiene un listado de 23 entidades públicas, los cargos disponibles en cada una de ellas, 1.975 en total, y el nombre de los congresistas a los cuales se les adjudicaban los cargos en determinadas entidades.
 
Por ejemplo, allí aparecen registrados entre otras, que en la Aerocivil se repartieron 54 cargos del nivel directivo, 229 en el Banco Agrario, 45 en Caprecom, 116 en el Inpec, 160 en las Cámaras de Comercio, 23 en las Corporaciones Autónomas Regionales, 106 en el DANE, 12 en la DIAN, 90 en la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), 168 en el ICA. Pero también otras entidades como el SENA y el ICBF en las que no se registra el número de cargos, pero sí el listado de congresistas que han solicitado puestos en esas entidades y las respuestas que les ha dado el Gobierno.
 
Además del registro de las entidades, el mayor número de archivos corresponde a una especie de dossier de cada congresista. Allí se registra el nombre del parlamentario, la región de origen, su caudal electoral y se desglosa un listado de cargos y entidades públicas en las que han sido nombrados sus recomendados.
 
Pero lo particular del dossier de los congresistas es que el Gobierno, aparentemente, llevaba un minucioso registro de la forma en que votaban cuatro de los proyectos en el periodo legislativo del 2012. Aparece un cuadro en el que se informaba cómo habían votado los congresistas el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el marco jurídico para la paz, la reforma al fuero militar y la reforma a la justicia.

Luego una tabla de peticiones de los congresistas y un registro de la forma en que estas tenían respuesta. También una casilla denominada “observaciones”, en las que los enlaces entre la Casa de Nariño y el Congreso, daban cuenta minuciosa de las conversaciones que tenían con los parlamentarios. Allí se leen apuntes como: “El senador Andrade se mostró muy dispuesto a colaborar con el doctor Iragorri (sic)”, el cual daba referencia de los supuestos acuerdos entre los parlamentarios y el Gobierno.
 
Semana.com revisó buena parte de los 661 folios, y comprobó y escogió de forma aleatoria al menos una veintena de casos que demostrarían que las peticiones de los congresistas se hicieron efectivas.
 
Por ejemplo, en el computador aparece el nombre del congresista  José Ignacio Bermúdez (la U) quien solicitaba un cargo en la subdirección del SENA en Cundinamarca para su recomendado Carlos Cometa Hortúa. Al revisar el listado del SENA en esa región efectivamente aparecía Hortúa en el cargo.
 
Así también ocurrió con Eduardo Castañeda (la U) a quien le habría entregaron cargos técnicos en el Incoder en Guanía, como fue el nombramiento de Diana Marcela Martínez Rentería en un cargo técnico en ese departamento. Lo mismo pasó con el representante Eduardo Diazgranados (la U) a quien le habrían nombrado a su recomendada Elvia Mejía en el cargo representante del presidente en Corpomag (Corporación Autónoma del Magdalena).
 
Roy: ¿el dueño de Caprecom?


En el listado también aparece Roy Barreras, quien habría recibido  cargos directivos en la cuestionada Caprecom en el Valle y a nivel nacional. Según los documentos, el senador y expresidente del Congreso habría influenciado para el nombramiento de seis altos funcionarios en esa entidad.
 
El nombre de Barreras, advierte la documentación, se encuentra asociado con Moisés David Hernández (Secretario general de Caprecom en el Valle), Olga Lucía Ruiz Mora (jefe división de contratos y licitaciones de Caprecom en el Valle), Jair Orlando Fajardo (subdirector administrativo  de Caprecom en el Valle), Gloria Helena Arizabaleta Corral (Subdirectora EPS), Albert Ferney Giraldo (jefe de división de recursos financieros de Caprecom en el Valle) y Luis Carlos Yate (jefe división de tesorería de Caprecom en el Valle).

Sobre Gloria Arizabaleta hay un dato especial. En noviembre de 2010 ella como abogada, especialista en gerencia de la salud iba a ser nombrada subdirectora general de la EPS, tal como lo advirtieron varias informaciones de prensa. Pero cuatro de los seis miembros de la junta directiva -conformada por delegados del Gobierno- se negaron al nombramiento argumentando que no cumplía requisitos. Sin embargo, se comprobó que después fue contratada como asesora del subdirector de la EPS. Arizabaleta posteriormente contrajo matrimonio con el senador Barreras, y luego fue funcionaria de la Procuraduría, cargo en el que se mantuvo hasta el momento en que su esposo, como presidente del Senado, tenía que presidir la elección del procurador general, en la que resultó reelegido Alejandro Ordóñez.

Barreras negó tajantemente esta información y las calificó como una absoluta mentira. “Es un mito urbano que yo sea el dueño de Caprecom. No hay un solo cargo mío. Ni en esa entidad ni en ninguna otra”. El expresidente del Congreso y quien aspira a mantener su curul en el Senado, aseguró que no tiene ninguna injerencia en ningún cargo, aunque aclaró que podría tenerla. “En la democracia participativa está bien que los partidos que ganan el poder gobiernen”.
 
Barreras, quien calificó este debate como “deleznable” que obedece a una “estratagema politiquera”  de unos candidatos al Senado “anónimos que sólo buscan darse pantalla”. Por eso retó al uribismo al anunciar que interpondría una denuncia en la Corte Suprema para que investigue “esta falacia” y sea el alto tribunal el que esclarezca la verdad.  
 
De la ‘repartija’ de Caprecom también se habría beneficiado el polémico sacerdote y representante a la Cámara de Guaviare Jaime Alonso Vásquez, a quien el partido de La U le negó el aval para las próximas elecciones por estar involucrado en una denuncia por presunto abuso sexual a un menor en ese departamento. En el computador aparece referenciado como el congresista a quien se le entregó la dirección de Caprecom en el ese departamento.

¿Los puestos para Augusto Posada? 

El expresidente de la Cámara Augusto Posada aparece en uno de los más extensos archivos del computador de Palacio. En uno de los folios se lee “Augusto Posada, Antioquia, Partido de la U, votación 25.246. Tiene: un cargo directivo en Aerocivil, tres en Contaduría General de la Nación, dos en el en el ICA (director territorial y 28 contratos de prestación de servicios) y uno en el Incoder”. En el archivo también aparece como ‘dueño’ de cargos en Red Postal y nueve en Cámaras de Comercio de Antioquia. Semana.com trató de comunicarse con él en repetidas ocasiones pero no fue posible la respuesta del expresidente de la Cámara.
 
Salazar: ¿puestos para un opositor?


Un caso curioso que se encontró en el computador es el del senador José Darío Salazar del Partido Conservador, uno de los más acérrimos opositores del actual gobierno. En los archivos aparece su nombre relacionado con el nombramiento del subdirector del SENA en el Cauca, del gerente de la Compañía Positiva Seguros S.A. del Estado y la gerencia del Banco Agrario. También tendría puestos en la dirección de dos cárceles en ese departamento y dos en la Aerocivil.
 
Según las supuesta información del computador de Palacio, Salazar está relacionado con los nombramientos de Iván Ernesto Muñoz, subdirector del SENA en Cauca, Felipe Campo, gerente en el Cauca de Positiva de Seguros, y los nombramientos de Inés Tobar, directora de la cárcel de mujeres en Cauca, y de Diego Dorado, director de la cárcel en Silvia, Cauca, entre otros.
 
Salazar le dijo a Semana.com que conoce a varios de estos funcionarios, como Iván Ernesto Muñoz de quien asegura que es un  funcionario nombrado por carrera administrativa; que Felipe Campo fue nombrado en el gobierno de Uribe, que conoce a Inés Tobar que se ha desempeñado como directora de la cárcel desde hace varios años y que Diego Dorado también fue nombrado en el gobierno anterior.
 
Pero Salazar dice que ni en el SENA, ni en Banagrario ni en las cárceles ha dado recomendaciones. Y aclara que “no tengo con el gobierno ningún acercamiento” y que todo el país ha comprobado su oposición al presidente Santos, sobre todo a la forma como se ha manejado el proceso de paz. “No he pedido puestos a este gobierno”.
 
Sin embargo, estos datos corresponden a registros anteriores al 2012. En esa época Salazar era el presidente del Partido Conservador y tenía un lugar en la mesa de Unidad Nacional.
Benedetti y la Esap

Armando Benedetti, del Partido de La U, aparece como el congresista que más cargos ha recibido en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con seis cargos directivos a nivel nacional y territorial, además de 63 contratos en la sede del Atlántico, 14 en la de Risaralda, 10 en la de Bogotá,  5 en el Meta y uno en Caquetá.
 
Según el computador, Benedetti aparece relacionado con los nombramientos de Vera Judith Blanco, directora territorial en Atlántico, Juan Fernando Contreras director de decanatura de Postgrados en Bogotá, Honorio Enríquez, director general de la Esap en Bogotá. Marcela Rojas, jefe de departamento, Omar Mejía, jefe de capacitación, Juan Carlos Correa jefe de la oficina de sistemas, Luisa Sierra, secretaria general en Bogotá.

En diálogo con Semana.com, Benedetti aseguró que no conoce al 50 % de los funcionarios mencionados en esa lista, que otro 30% ya no laboran en este momento en la ESAP y el 15 % corresponde a funcionarios nombrados durante el gobierno de Álvaro Uribe.
 
El SENA: ¿botín burocrático?

Una de las entidades en las que más se encontraron coincidencias entre las peticiones de los parlamentarios y los presuntos nombramientos del gobierno fue en el SENA.

 La actual directora de la entidad, Gina Parody, quizás anticipándose a la información que se pueda desprender del computador, escribió en su cuenta de Twitter que esta entidad fue blanco de favores políticos durante el gobierno pasado, pero no en este. “El SENA que encontramos tenía apellidos de congresistas por el gobierno pasado. (…) La despolitización del SENA es una lucha que está dando el gobierno Santos”.
 
Para muchos, esta práctica podría no constituirse en delito, aunque sí le caben  reparos desde la órbita de la ética. Sin embargo, las evidencias del registro minucioso a la actividad de cada congresista es lo que para el uribismo podría rayar en aspecto penales. Y por eso han pedido la investigación para establecer si en la relación entre Congreso y Gobierno se habría configurado un cohecho o tráfico de influencias.
 
Según el uribismo, tal como se afirma en el documento de la denuncia, el apoyo legislativo al gobierno Santos solo ha sido posible porque “la estructura de repartición burocrática han logrado convertir en elemento de unidad los apetitos burocráticos y la uniforme repartición de contratos y puestos entre quienes hacen parte de la coalición de gobierno. Así tramitaron el marco para la paz, la reforma a las regalías, la reforma tributaria”.
 
Lo que parece difícil de comprobar es si estos puestos de libre nombramiento, de haberse hecho efectivos –el denunciante Ernesto Macías asegura que el 90 % fueron nombrados en este Gobierno-, hayan obedecido a un ‘trueque’, como lo afirma el expresidente Álvaro Uribe, a cambio de apoyar los proyectos del Gobierno. El otro dato que se desprenderá de la investigación de las autoridades es si algunos de los cargos entregados se hicieron en la pasada administración como aseguran algunos congresistas.
 
El único antecedente reciente en la historia del país de un caso de esta naturaleza fue precisamente el de las prebendas a los representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño en el 2004, quienes fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia de recibir puestos para votar a favor del acto legislativo que permitió la reelección presidencial y de la que se precisamente se benefició Álvaro Uribe.
 
Probablemente si se conociera el computador de los gobiernos de Ernesto Samper, quien tuvo que administrar el país de forma simultánea a su defensa, en un proceso en el que precisamente el Congreso terminó por absolverlo de responsabilidades en la filtración de dineros del cartel de Cali, o de Álvaro Uribe, quien tuvo que contar con el favor de los parlamentarios para reformar la Constitución y de esta manera poderse reelegir, podría haber quedado en evidencia la forma en que el presidente de turno consiguió resultados a su favor en la gestión de los parlamentarios.
 
¿Qué dice el Gobierno?

La información que se ha venido conociendo del computador de Casa de Nariño, no le ha sido indiferente al Gobierno. Públicamente los ministros del Interior, Aurelio Iragorri, y de Hacienda, Mauricio Cárdenas, rechazaron los señalamientos de clientelismo y burocracia lanzados desde la oposición. Iragorri incluso cuestionó la autoridad moral del expresidente Uribe al hacer esta denuncia, al recordarle la forma como cambió la constitución para hacerse reelegir.
 
Pero en privado, ha habido inquietud y varias reuniones en las que se está evaluando la veracidad de la información que empezó a ventilar el uribismo, pues algunos asesores en Palacio incluso consideran que hay “mucha ficción” en ese contenido, y que algunos detalles que han salido a la luz pública probablemente corresponden al gobierno de Álvaro Uribe.
 
El presidente Juan Manuel Santos tampoco se ha pronunciado, y ha advertido que por la ley de garantías no podrá referirse a ningún candidato hasta el 25 de enero. Después de esa fecha, probablemente, se conocerá su posición. Eso sí, ha defendido a reiterado la plena confianza en su equipo de gobierno. Probablemente será una nueva disputa en la campaña.
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