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| 5/6/2011 12:00:00 AM

"Los recobros tienen el sistema al borde del precipicio": Supersalud

Como el 'carrusel de la salud' fue bautizado el nuevo escándalo que vive el país. En entrevista con Semana.com, el supersalud, Conrado Gómez, se defiende de las críticas y cuestiona a sus antecesores por no tomar medidas.

El escándalo por los multimillonarios robos al sector de la salud que se conoció esta semana, no sólo pone al Gobierno en la difícil tarea de atacar el mal de raíz, sino que lleva a preguntarse qué se hizo y qué no en el pasado para llegar a tan tremendos niveles de corrupción.

En entrevista con Semana.com, el superintendente Nacional de Salud, Conrado Gómez, quien cumple seis meses en el cargo, discrepa con quienes creen que hay que acabar con el modelo de salud que nació con la Ley 100 y saca el retrovisor para cuestionar las decisiones de sus antecesores.

Defiende su gestión en este semestre y asegura que la Superintendencia no pasó de agache ante el escándalo que ya deja las primeras capturas de funcionarios del Ministerio de la Protección Social, del FOSYGA y particulares que estarían implicados en esta mafia que, para el funcionario, está viva por un “problema de gestión”.

Semana.com: ¿A qué se refiere cuando dice que hay un problema de gestión?

Conrado Gómez: En el caso de los recobros, la ley considera que si hay uno, y lo obliga un juez, hay que pagarlo, pero con el ministro anterior nunca se hizo la lista de precios (que fija topes a esos recobros). Eso hubiera sido un elemento de control fundamental para no pagar a cualquier precio. Ahí hay un enorme problema de gestión, no de ley, porque la norma estaba.

Ha habido críticas, con fundamentos creo yo, sobre que el mismo gobierno no reglamentó muchas cosas que el Congreso propuso en las leyes, porque no las quería. Una manera de matar una ley es no reglamentarla. Esa discusión es muy importante. El Congreso le da al Gobierno un instrumento jurídico, pero hay que desarrollarlo.

Semana.com: ¿Qué decisiones no se tomaron?

C.G.: El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es un tema que es público porque es definido por el Estado y pagado por impuestos, pero su operación está delegada en particulares (EPS). Esto debe tener un gran interventor, es decir, una Superintendencia de Salud muy fuerte para controlar esos monstruos de empresas. Y el país nunca ha tenido una así.

Se desarrolló el aseguramiento y unas EPS, unos monstruos enormes que el país necesita, pero no se desarrolló el control de esos monstruos. Entonces, ahora nos vemos frente a unas instituciones muy grandes que operan en todo el país y una superintendencia radicada en Bogotá, que no hace presencia física en otras regiones, con 150 funcionarios misionales y 300 funcionarios fijos. Por eso, con este Gobierno la transformación de la superintendencia en una entidad fuerte es una prioridad, así como de la nueva ley de salud (1438 del 2011).

Semana.com: ¿Qué hay que hacer con los recobros? ¿Por qué hay tanta corrupción?

C.G.: El problema de la corrupción hay que mirarlo integralmente, desde la forma como se gestan y blindan las instituciones para que no sean caldo de cultivo. Por ejemplo, al año se hacen 5’000.000 de recobros al FOSYGA (cerca de 500.000 al mes) y controlar eso es muy difícil.

Realmente lo mejor es que no existiera ese nivel de recobro y el sistema funcionara por la vía ordinaria. Hay que ampliar el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que todo se pague por UPC (dinero que da el Gobierno al año a las EPS para atender a los usuarios).

Si yo incentivo que cada vez que ellos atiendan les pago el servicio y no les fijo un precio, se aprovechan.

Semana.com: ¿Por qué el sistema incentiva la corrupción?

C.G.: Como surgieron las tutelas, las sentencias de la Corte y los recobros, se generó un sistema paralelo de pago contra factura y eso se vuelve caldo de cultivo de la corrupción. A las EPS ya no les interesa el hueso, ya no es buen negocio atender un paciente con 500.000 al año (el promedio de la UPC). Les interesa hacer recobros, entonces montaron operadores logísticos, empresas de medicamentos y todo el montaje para hacer esos recobros.

Semana.com: ¿Las EPS se armaron para eso?

C.G.: Claro. Han venido montando toda una industria paralela que muchas veces está por fuera de las EPS, que son los operadores logísticos y quienes venden los medicamentos que son empresas de los mismos grupos. Todo eso se creó alrededor de las EPS. Eso genera negocios paralelos al sistema que hay que entrar a vigilar.

Semana.com: ¿Cómo frenar el exceso de recobros?

C.G.: Hay que actualizar el POS y subir la UPC. Ya no habría que ir al juez ni poner tutelas ni llegar a los abogados. La persona tendrá el derecho a la atención porque está en la lista de cubrimiento y a la EPS ya le han pagado una tarifa bien medida.

En el régimen contributivo se pagan 10 billones de pesos por el POS y se pagan más de 2 billones más por recobros: el 20 por ciento.

En 2005 los recobros eran muy pocos y ahora hay que llevarlos a su mínima expresión. Hay que controlar los precios, eso no se hizo. ¿Dónde estaba la Superintendencia de esa época para la revisión del FOSYGA?

Semana.com: ¿Qué tan grave es la situación?

C.G.: Esto pone en riesgo todo el sistema de seguridad social. Es decir, la viabilidad financiera y el funcionamiento del sistema en el mediano plazo. (...) Los recobros tienen el sistema al borde del precipicio.

Semana.com: ¿Por qué queda la sensación de que la Supersalud ha pasado de agache en este escándalo?

C.G.: No. Nosotros salimos antes. Una semana antes presentamos un estudio de auditoría al FOSYGA. Le hicimos auditoría al fondo durante tres meses y presentamos los hallazgos. En la parte administrativa, en el periodo que le puedo responder, hemos hecho seguimiento a eso y no hemos pasado de agache. La competencia nuestra es administrativa, no penal. Cada instancia tiene su competencia.

Semana.com: ¿Qué encontraron en el FOSYGA?

C.G.: En los recobros aprobados por tutela hallamos en los muestreos que más del 50 por ciento eran de productos POS, es decir que eran cubiertos y que se pagaron de manera doble. Y de los aprobados por los Comités Técnico Científicos (CTC) el 21 por ciento de los recobros también eran POS.

También encontramos que hay diferencias enormes de precios por los mismos medicamentos y servicios entre algunas EPS. Hallamos problemas en las bases de datos. Enviamos ese informe a la Fiscalía y estamos individualizando EPS por EPS.

Semana.com: Usted dice que hay un sistema paralelo. ¿Qué otras irregularidades pueden significar una pérdida enorme para el sistema?

C.G.: Otro problema es el flujo de los recursos, la cartera. No pagan (las EPS a los hospitales) y dentro de esa negación al pago puede haber prácticas de corrupción.

Por eso la ley de salud (1438 del 2011) prevé que los pagos (por los servicios que clínicas y hospitales prestan al paciente) sean directos; que le llegue directamente a las IPS (clínicas y hospitales). No estará el alcalde en la mitad del camino, sino que llegará directamente al prestador.

Semana.com: ¿Ha sido posible medir el impacto, puede haber desfalco y pérdidas para el sistema?

C.G.: Sí genera pérdidas para el sistema. Que una entidad prestadora (clínica u hospital) deba poner 1.000 millones de pesos por esos retrasos, impone un costo adicional del 30 por ciento. Eso se refleja en la calidad del servicio y lo termina pagando el país.

Semana.com: ¿La actual ley de salud sí le va a dar los suficientes dientes a la Supersalud para enfrentarse a esos ‘monstruos’ como usted los llama?

C.G.: Creo que mejora mucho. Es el camino correcto y en estos próximos tres años la ley nos deja una tarea muy grande. Pero hay que evaluar en tres años si esos instrumentos son suficientes o necesitamos más. La ley hace una reestructuración a fondo del concepto de vigilancia y control, le cambia el contexto, pero eso no se verá sino hasta el próximo año. Estamos mirando cómo serán las regionales y haciendo estudios.

Semana.com: ¿Cómo es esa Superintendencia ideal?

C.G.: Con presencia regional y con mejores instrumentos de auditoría. Eso implica personal calificado, interdisciplinario, un sistema de información único y con un enfoque más preventivo.

Semana.com: Con la nueva ley de salud, la Superintendencia estará en las regiones. ¿Cómo se blindarán de las influencias e intereses de algunas EPS?

C.G.: El argumento para que la Superintendencia no tuviera desarrollo regional era que terminaba capturada por la política e intereses locales. Pero en la ley, a pesar de que habrá oficinas regionales, ellas van a depender de Bogota. Los funcionarios no serán definidos por gobernadores ni alcaldes.

Ahora, ¿habrá influencia de las EPS en las superintendencias? Puede ocurrir. Acá todos los días tengo peleas por el manejo de la información y tenemos que hacer mecanismos para que no haya intereses ajenos en las decisiones.

El Estado tiene la obligación de controlar esas EPS y éstas crecieron enormemente y la Superintendencia no. Vamos en un Ford 38 y las EPS en un Fórmula 1 último modelo. Hay que poner a la Superintendencia en F1, pero eso no se hace de la noche a la mañana.

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