LOS SACOS ROTOS

Los cambios de administración en las entidades del Estado suelen traer aparejadas serias denuncias de desgreño y corrupción. Y los recientes cambios de mando no han sido la excepción. Cuando el pasado 23 de septiembre Fernando Cepeda, un joven empresario barranquillero que hasta el momento sólo había ocupado cargos directivos en el sector privado, se posesionó como nuevo gerente del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (Inat), encontró una entidad poco menos que al garete.
La nómina se acercaba a los 1.000 empleados _distribuidos en las 20 seccionales y la oficina central_, tenía sobre el escritorio cerca de 400 demandas laborales, casi todas las cuentas embargadas y un pasivo cercano a los 20.000 millones de pesos. "La situación era verdaderamente caótica", dijo Cepeda a SEMANA.
El crecimiento burocrático no sólo había sido desaforado sino inexplicable. Con el agravante de que el 60 por ciento de la nómina realizaba labores administrativas, siendo el Inat un instituto técnico. Pero eso no es todo. Hace tres años el Inat contaba con 600.000 millones de pesos para inversión y para 1999 la solicitud fue de sólo 180.000 millones, de los cuales sólo le fueron autorizados 43.000 millones.
Según Cepeda, la poca disponibilidad de dinero pone en peligro la suerte de los tres grandes proyectos de riego que tiene planeado el instituto para los próximos años. Se trata del de Santo Tomás-El Uvito, en el Atlántico; el del río Ranchería en La Guajira y el de San Juan del Cesar en el Cesar.
Paradójicamente, mientras el Inat sufre recortes en sus proyectos de inversión la Nación paga cerca de dos millones de dólares a la banca internacional por cuenta de comisiones de compromiso de préstamos que ya fueron autorizados pero que no han sido utilizados por carecer de la contrapartida respectiva.
Otro de los proyectos que está a punto de naufragar es el del río Ariari en los Llanos Orientales, el cual beneficiaría a cuatro municipios comprometidos en la llamada zona de distensión entre el gobierno y las Farc.
La precaria situación del Inat llevó a la Contraloría General de la República a realizar una serie de investigaciones para verificar el estado actual de la entidad. Entre los contratos que se están investigando, aparece uno por 'servicios complementarios' que le vale al instituto 1.500 millones de pesos. El responsable es la firma Consulplan, cuyo máximo accionista es Carlos Villamil Chaux.
Otro de los contratos del Inat que está siendo analizado en estos momentos por los organismos de control es el relacionado con el 'fortalecimiento institucional', realizado por el consorcio compuesto por DHV-Consultant, PBEST Asesores e Hidro Estudios S.A., cuyo monto es de 1.420 millones de pesos..
Aunque Cepeda está metido de pies y manos en su labor de sacar adelante al Inat todo indica que no será una tarea fácil. Para ello deberá adoptar medidas severas, sobre todo en lo relacionado con la supresión de algunos cargos, la racionalización del gasto y la reestructuración de muchas dependencias. "El compromiso es sacar adelante al instituto. Para ello vamos a trabajar sin reservas", dijo Cepeda a SEMANA.

La caja menor
El caso de la Caja Agraria, otra entidad relacionada con el sector agropecuario, es parecido al del Inat. Y así lo ha comprobado su nuevo presidente, Juan B. Pérez Rubiano. La Caja Agraria es una institución con costos laborales excesivos, una nómina por encima de los niveles permitidos y un sector sindical con una alta participación en la toma de decisiones administrativas.
La entidad cuenta con 8.200 empleados en todo el país, de los cuales 7.800 son de planta y 300 interinos. Antes de que se posesionara Pérez Rubiano como presidente había cerca de 600 personas sin ubicar. Durante 1998 la entidad tuvo un costo laboral de 200.000 millones de pesos, mientras que el costo administrativo fue de 92.000 millones.
Por cuenta de reivindicaciones sindicales la Caja Agraria tiene uno de los salarios promedio más altos del país. Mientras en todas las entidades oficiales éste es del orden de los 204.000 pesos, en esa entidad crediticia asciende a los 370.000 pesos. Los gastos mensuales por cuenta de viáticos ascienden a 160.000 millones de pesos.
La Caja Agraria es uno de los bancos del país con el más alto índice de cartera vencida. A septiembre pasado llegaba al 22 por ciento del total de la cartera, que a su vez era del orden de un billón y medio de pesos. Como si la cifra no fuera lo suficientemente grande en el pasado paro estatal, que duró 21 días, subió en un 28 por ciento.
Pero lo que más llama la atención es que en Bogotá es donde más se presenta el vencimiento de cartera. En la capital ese rubro es del orden del 47,5 por ciento. No deja de ser curioso que la Caja Agraria, que fue creada para incentivar el trabajo en el campo, tenga los mayores morosos en la principal ciudad del país. Ello demuestra lo equivocada que estaba su política de créditos.
En Bogotá, además, es donde más concentrado está el crédito. En la actualidad hay 17 créditos vencidos que ascienden a 17.000 millones de pesos; es decir cada uno de ellos es del orden de los 1.000 millones de pesos.
El trabajo de Pérez Rubiano, reconocido por ser un hombre con un alto sentido de responsabilidad, tendrá que ser titánico para lograr los niveles de eficiencia que le permitan a la Caja Agraria competir con los demás bancos nacionales. "La Caja Agraria no puede ser inferior a su reto. Tenemos que ser el primer banco del país en servicio al cliente", dijo Pérez a SEMANA.
Los casos del Inat y de la Caja Agraria son sólo dos botones de muestra de la situación que presentan las entidades del sector agrícola del país. Los niveles de postración a los que llegaron no fueron producto de un año, ni de una administración. Son el resultado de una acumulación de errores y malos manejos. Aunque todavía no se puede cantar victoria, las primeras decisiones adoptadas por sus directivos hace pensar que van en la dirección correcta. El tiempo se encargará de demostrar si acertaron o no.