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| 10/16/2000 12:00:00 AM

Los secretos del General

La publicación de un libro sobre las peripecias del general Serrano promete levantar ampolla. SEMANA publica en exclusiva dos capítulos.

En la vida de los grandes personajes siempre hay algo que contar. A veces lo hacen ellos con sus memorias y a veces otros: los discípulos, los colaboradores, los estudiosos o los enemigos. El general Rosso José Serrano ya publicó su versión de la historia en el libro Jaque mate, escrito al alimón con el escritor Santiago Gamboa. El que saldrá a la calle esta semana, y que promete ser controvertido, fue escrito por alguien que estuvo muy cerca al general en sus últimos años de lucha antinarcóticos: Alirio Bustos, un reportero de El Tiempo. En los capítulos que se reproducen a continuación Bustos sostiene que el cartel del norte del Valle participó en el rescate del hermano del ex presidente César Gaviria y que Serrano evitó una intentona golpista tras la renuncia del ministro de Defensa Rodrigo Lloreda.

El rescate de Juan Carlos Gaviria

La orden de asesinar en cautiverio a Juan Carlos Gaviria ya estaba dada. Su hermano, el ex presidente de la República y secretario general de la OEA, César Gaviria Trujillo, pese a las duras críticas de Estados Unidos, movía todas sus influencias ante el dictador cubano Fidel Castro para que convenciera a los cabecillas del Jega (sigla del movimiento guerrillero Jorge Eliécer Gaitán) de dejar en libertad a su hermano y para que les concediera asilo en su isla.

El general Serrano trataba de impedir la ejecución a como diera lugar. No sólo destinó a sus mejores hombres para buscar el rastro de los secuestradores sino que, incluso, aceptó convertirse en rehén de los plagiarios. Pero nada: nadie daba con el paradero del arquitecto Gaviria Trujillo. Hasta que un coronel de la Policía —pieza clave en la persecución de Pablo Escobar y del cartel de Cali, y quien posteriormente fue destituido de esa institución y hoy es cercano a los capos del cartel del Norte del Valle— pidió ayuda a la mafia para rescatar al hermano del ex presidente.

Fue así como entró en acción la poderosa mano del cartel del norte del Valle, que ya había intervenido para ubicar e identificar en la cárcel La Picota al anónimo ‘Comandante Bochica’ , quien en un comienzo reivindicó el secuestro a nombre de una organización llamada Dignidad por Colombia.

“Nosotros le secuestramos la familia a ‘Bochica’. Luego se la pusimos en la línea telefónica y le advertimos cuál sería el futuro de sus seres queridos si no entregaba vivo a Gaviria al general Serrano”, reveló ‘El Viejo’, uno de los más poderosos narcotraficantes del cartel del norte del Valle.

‘Bochica’ —quien sabía que esa organización había llenado de muertos el río Cauca y era la responsable de asesinar a punta de motosierra a 107 campesinos en Trujillo (Valle)— no tuvo otra salida: entregó a Gaviria prácticamente tullido, luego de 70 días de cautiverio.

La odisea comenzó el 2 de abril de 1996. Ese día, en una carretera de las afueras de Pereira, un comando armado secuestró a Juan Carlos Gaviria. Horas más tarde, a través de un comunicado, una organización que se autonombraba Dignidad por Colombia y utilizaba la imagen de Luis Carlos Galán se atribuyó el secuestro. La misiva la firmaba el ‘Comandante Bochica’.

Pero tanto el nombre de la organización como el de su comandante eran absolutamente ajenos para el general Serrano y para los responsables de los demás organismos de seguridad del Estado. Hasta que la tarde del 16 de abril, la Policía y el DAS encontraron el primer indicio serio que señalaba que detrás de Dignidad por Colombia se escondía el extinto movimiento guerrillero Jorge Eliécer Gaitán (Jega).

Con base en los dos primeros comunicados , en una fotografía enviada por los secuestradores y en documentos de archivo del Jega, en siete horas Inteligencia elaboró un documento de cinco páginas en el que plasmó un paralelo entre los dos movimientos y estableció una serie de similitudes entre sus escritos, logotipos, consignas y plataformas políticas.

Tan milimétrico fue el análisis efectuado por los investigadores, que descubrieron que los dos movimientos, para escribir la fecha de emisión de los comunicados, utilizaban en primera instancia la palabra Colombia, separándola por una coma del mes, el día y el año (Colombia, abril 17 de 1996). “Hasta esa coma ayudó a desmantelar a Dignidad”, dijo un agente de Inteligencia.

El análisis de los logotipos permitió establecer que ambas organizaciones armadas utilizaban “la silueta de dos importantes caudillos liberales, quienes en su oportunidad defendieron a las clases populares y lucharon contra la maquinaria política, como lo fueron Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán Sarmiento”. Inteligencia también descubrió que en los dos logotipos la bandera de Colombia era utilizada como fondo y que sobre ella aparecía el croquis del país, en cuyo interior figuraba la imagen del dirigente político. También hallaron que en los dos logos se representaban armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Los expertos descubrieron además que en la parte inferior de la primera hoja de sus comunicados, los movimientos escribían frases de Gaitán y Galán... Por último, recopilaron una serie de frases utilizadas en los manifiestos de las dos agrupaciones delictivas. Así determinaron su similitud ideológica.

“El Jega argumentó, en su plataforma política difundida en septiembre de 1987, ser el movimiento del pueblo, intérprete de las necesidades económicas y sociales de los colombianos, y prometió luchar contra ‘todo grupo económico y político cerrado, nacional o extranjero, que pretenda controlar todo para su propio beneficio...”, dice el informe de Inteligencia de la época.

Esta proclama del Jega fue comparada con el comunicado emitido por Dignidad el 9 de abril. “Hay una similitud cuando responsabiliza a la clase dirigente de la situación social y económica que padecen algunos sectores de la población”, señala el informe. El Jega acusaba a los grupos económicos de ser cerrados y de buscar su propio beneficio. Esta opinión era coherente con la manifestación de Dignidad, cuando hacía referencia al grupo Santo Domingo.

En otro de los comunicados analizados, el Jega afirmaba que sus integrantes eran “huérfanos de quienes fueron asesinados por haber sido partidarios del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, usurpados en nuestros derechos, por habérsenos defraudado en las elecciones de 1970 cuando Misael Pastrana Borrero usurpó la Presidencia de la República que con nuestros votos habíamos conquistado para el general Rojas Pinilla”. Este párrafo del Jega fue complementado con una grabación en la que el ‘Comandante Aureliano’ anunciaba su complacencia con la decisión de la hija de Gaitán de postular su nombre para la Presidencia.

El DAS confrontó el comunicado y la grabación magnetofónica con el mensaje difundido el 15 de abril por Dignidad, en el que el movimiento afirmaba: “Está bien que en la persona de María Eugenia Rojas la clase gobernante restablezca en algo la credibilidad política y la legitimidad constitucional que perdió definitivamente cuando de manera irresponsable decidió burlarse de la voluntad del pueblo y arrebatarle el pueblo al extinto general Gustavo Rojas Pinilla”.

De esa manera, los investigadores también descubrieron que los comunicados del Jega eran firmados por un “comandante general” llamado ‘Aureliano’, y que los de Dignidad eran firmados por ‘Bochica’, también “comandante general”.

Luego, Inteligencia desempolvó de entre sus archivos una fotografía que el Jega había enviado al entonces presidente Virgilio Barco como prueba de que en su poder estaba Jaime Hernán Correa Orejuela, notario quinto de Cali y sobrino de Raúl Orejuela Bueno, ministro de Gobierno de Barco.

Esa foto fue comparada con la enviada por Dignidad, en la que aparecía Gaviria. Allí también encontraron características similares: “En ambas fotografías se ve que los delincuentes disfrazan el lugar de cautiverio con carpas de colores claros que son difíciles de mimetizar en zonas rurales; la víctima está en medio de dos secuestradores encapuchados, uniformados y armados, y por último el secuestrado es obligado a sostener el logotipo de la organización”, revela el informe. Para el entonces director del DAS, Marco Tulio Gutiérrez, “estas similitudes eran suficientes para demostrar que entre las dos organizaciones había un hilo conductor”, así que decidió exponer el documento en una cumbre del Sistema Nacional de Inteligencia (Sinai). “La verdad es que la idea no sonó”, recuerda.

Más tarde, Gutiérrez le entregó al general Serrano su informe, en el que consignaba algunos alias de los posibles integrantes de Dignidad. A su vez, el zar antisecuestro, Alberto Villamizar, ordenó afirmar ante la opinión pública que Dignidad por Colombia no existía, “con el propósito de lograr que ‘Bochica’ escribiera más comunicados y poder ubicar su paradero”. Luego, el director de los Grupos de Acción Unificada para la Liberación Personal (Gaula), coronel Luis Alfredo Rodríguez, contactó a guerrilleros del Jega y obtuvo los primeros indicios de la identidad del ‘Comandante Bochica’.

A mediados de mayo, un recluso de la cárcel La Picota hizo una llamada a la Policía y dijo que el ‘Bochica’ que buscaban se llamaba Hugo Antonio Toro Restrepo y que estaba detenido en la misma prisión, “pagando la muerte de un amigo mío”.

“Así, iniciamos controles de Inteligencia y se estableció la identidad de las personas que visitaban al supuesto ‘Bochica’. Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía se establecieron otros mecanismos de inteligencia electrónica y localizamos direcciones en Bogotá, Pereira, Tuluá y La Cumbre (Valle)”, dijo Rodríguez.

Los investigadores aprovecharon la celebración del Día de la Madre en La Picota, pagada por unos reconocidos narcotraficantes, para tomar fotografías de todos los visitantes del tal ‘Bochica’. Pero no lograron que él aceptara ser el comandante, y mucho menos estar detrás del secuestro.

Después de buscar los antecedentes de estas personas, no había duda de que Dignidad era el mismo Jega. De inmediato, la Policía entregó la información existente al presidente Ernesto Samper, al ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, al zar antisecuestro, al fiscal Alfonso Valdivieso y a la familia de Juan Carlos Gaviria.

“De esa manera se inició una serie de reuniones de todos los personajes antes mencionados y se propusieron acciones a seguir, previo acuerdo con todas las partes”, afirmó Rodríguez.

A finales de mayo, la Policía detectó que una de las militantes de Dignidad trabajaba 18 horas diarias en una central de buscapersonas, y que se encargaba de recibir todas las comunicaciones en clave de los miembros de la cúpula de la organización. La Policía infiltró en la empresa a varios uniformados que copiaron los códigos de los buscapersonas que recibía la mujer.

Posteriormente, los detectives procedieron a ‘gemelear’ (intervenir) los buscapersonas. “A partir de ese momento cada uno de nosotros andaba con seis o siete aparatos. Así, los mensajes que colocaban los de Dignidad también llegaban a nuestros beepers”, dijo el oficial.

Entre tanto, por petición de hombres de Inteligencia, y a cambio de un traslado a una cárcel más cercana a sus familiares, un capo del cartel del norte del Valle recluido en La Picota decidió ayudar en la operación rescate. Se le fue encima a Hugo Antonio Toro Restrepo y con los métodos propios de la mafia lo obligó a reconocer que era el ‘Comandante Bochica’. El viernes 7 de junio, el general Serrano ordenó trasladar a Toro a otra cárcel. “El objetivo de pasarlo a La Modelo era dejar acéfala la organización”, afirmó el oficial. Minutos después de que se produjo el traslado, los buscapersonas se activaron. “El rector (‘Bochica’) se encuentra en La Modelo. Más tarde te envío resultados”, decía un mensaje.

Labores de inteligencia que se adelantaron en la nueva celda de ‘Bochica’ en la madrugada del 11 de junio permitieron confirmar que el asesinato de Juan Carlos Gaviria estaba programado para el momento en que la Cámara votara la absolución del presidente Samper, prevista para el día siguiente.

Según reveló el propio César Gaviria, en la labor de inteligencia dirigida por el general Rosso José Serrano y llevada a cabo por los coroneles Luis Alfredo Rodríguez Pérez, Danilo González y Oscar Naranjo, fue posible establecer que ‘Bochica’ solamente revocaría la orden de ejecución de Juan Carlos Gaviria “tras una solicitud expresa del presidente de Cuba, Fidel Castro, de quien se declara un profundo admirador, como de su causa revolucionaria”. Inmediatamente conoció esa información, Gaviria se comunicó con Castro y le manifestó “que al día siguiente el ex embajador Ricardo Santa María se desplazaría a La Habana”.

Santa María viajó y Castro no sólo hizo público un comunicado en el que pedía respeto por la vida del secuestrado, sino que designó a dos funcionarios del Estado para que se trasladaran a Bogotá. Esa tarde del martes, Santa María y los dos emisarios cubanos llegaron a la capital. Su objetivo, según Gaviria, era intentar persuadir al comandante de Dignidad de no asesinar al rehén, y pedir su liberación. A las seis de la tarde, uno de los funcionarios cubanos se entrevistó en la cárcel con ‘Bochica’ y le entregó el comunicado de Castro. El presidiario, relató Gaviria, aceptó detener lo que llamaba “el ajusticiamiento”, pero rechazó la solicitud de liberación.

Para entonces la Policía había detectado una reunión en Cali a la que habían sido convocados algunos de los principales miembros de la organización delictiva.

Dada la premura de tiempo, relató Gaviria, el director de Inteligencia de la Policía, quien se encontraba con el funcionario cubano en la cárcel La Modelo, le hizo saber a ‘Bochica’ que tenían conocimiento de sus planes y que el grupo se encontraba bajo vigilancia de la Policía.

Ese martes, hacia las nueve de la noche, los buscapersonas de los integrantes de Dignidad volvieron a activarse para citar a la reunión. “Esa noche se efectuaría una cumbre de los miembros de Dignidad por Colombia en una casa del barrio Salomia de Cali”, afirmó el coronel Rodríguez.

Con la autorización de Serrano, el comando antisecuestro asaltó la residencia donde se efectuaba la cumbre y capturó a varios de los integrantes del Jega. De manera simultánea, otro comando allanó una casa en el barrio Uribe Uribe de Bogotá y capturó a Daniela Cabrera Muñoz, alias ‘María Aidé Cerón’ o ‘Comandante Carmenza’, y a su hija menor.

El cartel del norte del Valle también entró en acción: capturó a la familia de ‘Bochica’ y de inmediato le hizo saber en su celda la decisión mortal. “Era claro: si no entregaba a Gaviria vivo, su familia moriría. Y como para que supiera que la cosa era en serio, se los pasamos al teléfono con llanto y todo”, recuerda el capo que ordenó el secuestro masivo.

‘Bochica’ hizo saber que liberaría a Juan Carlos Gaviria siempre y cuando se le garantizara que su familia, algunos miembros del grupo y él mismo serían recibidos por el gobierno de Cuba.

Las autoridades le informaron que el traslado de su familia y de algunos miembros del grupo, “no necesariamente vinculados con el secuestro a Cuba (sic) podía ser tramitado a través de los funcionarios enviados por Castro”, no así el suyo, puesto que su situación era la de un preso colombiano condenado a 25 años de prisión. Así, precisó Gaviria, “ante la contundencia y la presión de las autoridades, ‘Bochica’ dio la orden de detener la ejecución y de liberar al rehén”.

A las tres de la madrugada del miércoles, el general Serrano viajó a Pereira en un avión de la institución para recibir a Gaviria. A esa hora los secuestradores —atendiendo la orden de la mafia— sacaron al secuestrado de la caleta donde lo tenían, y 45 minutos después llegaron al aeropuerto de la capital risaraldense. Luego se subieron al avión con el secuestrado y con Serrano, a quien tomaron de rehén, apuntándole siempre en el pecho con un fusil. El general, como de costumbre, iba desarmado. Lo que nunca se supo fue cómo liberó el cartel a los familiares de ‘Bochica’. Lo cierto es que todos terminaron en Cuba y Gaviria en su casa.

Pero ahí no terminó todo. El extraño rescate desató una polémica internacional. El senador republicano por Florida, Lincoln Díaz Balart, acusó al secretario general de la OEA de haber causado un “gravísimo daño” al Estado de derecho del continente americano y de haber utilizado su posición para negociar con el gobierno “terrorista” de Fidel Castro (...)

La reacción de Gaviria no se hizo esperar. Le respondió al congresista, de origen cubano, que jamás usó su cargo en forma indebida y que las negociaciones que se realizaron para liberar a su hermano no fueron producto de un acuerdo diplomático con Castro. Gaviria le dijo al senador que la complejidad de un secuestro hace necesaria la gestión humanitaria en la mayoría de los casos. “Fue este tipo de labor la que permitió, en 1980, la liberación de funcionarios del cuerpo diplomático, entre ellos el embajador de Estados Unidos, quienes habían sido secuestrados por un grupo subversivo durante un almuerzo en la embajada de República Dominicana en Bogotá. Usted comprenderá —expresó el secretario de la OEA— que, por lo menos en Colombia, la vida de un norteamericano y la búsqueda de la libertad, como lo hizo la administración del presidente Turbay, es tan importante como la protección de la vida de un ciudadano colombiano, en este caso mi hermano”.

Con el tiempo, el escándalo se fue apagando y la participación activa del cartel del norte del Valle en el rescate más polémico de los últimos años quedó en silencio, hasta hoy.



El día que olió a golpe de Estado

“Si salimos de esta, salimos de la que sea”, dijo Serrano con gesto de descanso una vez logró sortear la embestida militar contra la Policía desatada por un artículo que publiqué en El Tiempo, en el que revelaba algunos detalles de cómo el general y sus hombres habían contrarrestado la intentona golpista más clara en la historia reciente de Colombia, a raíz de la renuncia del ministro de Defensa Rodrigo Lloreda Caicedo.

Lloreda había pasado su carta de retiro por sus discrepancias con el presidente Andrés Pastrana sobre el manejo de la zona de despeje concedida a las Farc. En su criterio, el despeje no debería ser indefinido, como lo habían determinado Pastrana y su alto comisionado, Víctor G. Ricardo...

Tal fue la presión de la cúpula militar por negar lo que yo había publicado, que convencieron a todo el generalato de la Policía de suscribir una carta en la que hacían algunas “aclaraciones”. Palabras más, palabras menos, pese a que la Policía sabía que todo lo dicho era cierto, optó —ante el acoso de sus primos de armas— por dejarme, como se dice popularmente, colgado de la brocha.

El asunto sirvió para que el entonces defensor del lector de ese diario, Javier Darío Restrepo, hiciera pública la siguiente reflexión: Cuando se escriba la historia del conflicto que siguió a la renuncia del ministro Rodrigo Lloreda, los investigadores tendrán que apoyarse, o en las declaraciones oficiales conocidas esta semana, o en el video de las declaraciones del Presidente y del comandante de las Fuerzas Armadas, desde Cartagena, o en las versiones de los testigos oculares. Pero si el historiador tiene en cuenta la expresión de Sissela Bik en Etica del secreto, seguramente le dará un valor relativo a los documentos oficiales y al video. Escribía Sissela que “todo gobierno está interesado en ocultar algo y el pueblo se esfuerza por conocerlo”. Por consiguiente, la historia tendrá que escribirse con base en la versión de los testigos oculares independientes. Sin periodistas que informen y observen las actuaciones de los hombres públicos, la historia corre el peligro de convertirse en fábula o en panegírico. La presencia del testigo ocular preserva a la vez la memoria y la democracia porque garantiza la crítica, defiende contra la mentira —usual instrumento de los poderosos— y le da vocería y vigilancia a la sociedad.

Los lectores de El Tiempo tuvieron dos versiones de la reacción de los generales la semana pasada. La que presentó un periodista, testigo ocular de los hechos que ocurrieron en las seis horas que siguieron a la renuncia, en versión publicada el 28 de mayo, y la que apareció en el Correo de El Tiempo del primero de junio, firmada por los generales de la Policía. La publicación de esas dos versiones puso a los lectores a decidir a quién creerle: o al testigo ocular, que había visto una oficialidad preocupada por los efectos de la renuncia, que había oído las recomendaciones hechas al Presidente, a los miembros del alto gobierno y a los subalternos de distintas partes del país en previsión de esas reacciones, que había sentido y respirado la tensión y el nerviosismo de un recinto convertido en salón de crisis; o aceptar la otra versión, que explicó todas esas recomendaciones, órdenes y agitación como acciones preventivas de una celebración del aniversario número 35 de las Farc. ¿A quién creerle: al testigo ocular, o al autor de la elaborada versión policial? (...). Escribía Victoria Camps que “uno de los cometidos de los medios de comunicación es contribuir y ayudar a la transparencia de lo público”. Por eso la defensa de la libertad de prensa tiene sentido: es el instrumento que permite mantener esa transparencia a pesar de los esfuerzos del poder para cerrar ventanas o para crear penumbras cómplices. El conflicto de los generales y coroneles que hacían fila para renunciar no era un asunto privado: allí estaba de por medio el interés público, y por eso la presencia del testigo ocular —el periodista— era una garantía de transparencia y de manejo democrático de la situación. Un episodio como este no caerá en el pozo de los olvidos, o en la penumbra de las tergiversaciones, si le da transparencia la presencia independiente del periodista, como testigo ocular.

Y eso fui yo el 26 de mayo de 1999. Ese miércoles, cerca de la una de la tarde, cuando se desencadenó el efecto dominó a raíz de la renuncia del ministro de Defensa, un alto mando policial se comunicó con el Presidente de la República y le aconsejó: “Señor Presidente, esto es grave. Regrese a Bogotá”.

Ya habían escuchado sobre la renuncia del general Mario Hugo Galán, delegado ante la Escuela de las Américas en Washington. Luego vinieron en cadena las de los generales Eduardo Herrera Verbel, comandante de la Cuarta Brigada; Rafael Horacio Ruiz, comandante de la Sexta Brigada; Víctor Julio Alvarez, comandante de la Primera División; Luis Hernando Barbosa, comandante de la XVIII Brigada; Freddy León de Padilla, comandante de la Segunda Brigada; Arcesio Barrero, comandante de la XIII Brigada; Alberto Bravo Silva, comandante de la Quinta Brigada; Euclides Sánchez Vargas, comandante de la Quinta División; Iván Ramírez Quintero, agregado militar en Chile...El oficial le argumentó al Presidente que para la estabilidad democrática del país era muy peligrosa la renuncia masiva de generales, especialmente de comandantes de División y Brigada, ya que este vacío podía ser aprovechado por unos cuantos agitadores para generar desconcierto y caos en las tropas.

Pero a pesar del sombrío panorama, que como nunca antes anunciaba un posible golpe de Estado, el primer mandatario respondió que le era imposible abandonar Cartagena siendo el anfitrión de cinco presidentes de la Comunidad Andina. Sin discutir la decisión de su jefe supremo y acatando cada una de sus órdenes, el oficial y sus compañeros expertos en el manejo de crisis pusieron en marcha el plan que en horas de la mañana habían trazado el general Serrano y los otros 19 generales de esa institución.

Desde la sala de juntas de la Dirección General de la Policía, convertida en una especie de salón de crisis donde permanecieron atrincherados hasta que el Presidente se dirigió al país para dar el parte de normalidad, los oficiales desataron una ofensiva diplomática, a punta de teléfonos celulares y líneas Falcon, para tratar de conjurar una crisis que amenazaba desbordarse (...)

En medio del repique constante de teléfonos que reportaban tranquilidad en la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía, los hombres anticrisis trataban de ingerir un plato de carne asada y arroz que se enfrió de tanto esperar. La que sí seguía hirviendo era la crisis.

Otra preocupación de los oficiales atrincherados en el cuarto piso de la Dirección General de la Policía era impedir que el debate sobre la justicia sin rostro programado en el Congreso fuera utilizado como escenario para echarle gasolina a la hoguera de la discordia. Como sabían que un grupo de parlamentarios respaldaba a Lloreda, le pidieron a la bancada oficialista que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para aplazar el debate. Y dicho y hecho: la aplanadora, con Fabio Valencia Cossio a la cabeza, se puso en marcha y el debate nunca se inició.

A otro que alertaron fue al fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Le aconsejaron que por ningún motivo fuera a abandonar el búnker. El objetivo era mantener a salvo de cualquier levantamiento al hombre y a la institución que representan la aplicación de justicia.

A eso de las 2:45 de la tarde, cuando la radio y la televisión hablaban de que unos 150 suboficiales y 200 tenientes coroneles estaban dispuestos a solidarizarse con Lloreda, y cuando varios de ellos ya habían hecho proclamas golpistas, los oficiales llamaron a varios directores de medios de comunicación para pedirles mesura. Y al aire se escucharon algunos llamados de reconciliación.

Pero en vista de que los reportes de Inteligencia señalaban que el efecto dominó no se detenía, un alto oficial se comunicó con los 36 comandantes de Policía en todo el país para darles instrucciones precisas: “Recuerden que ustedes tienen sus superiores naturales y que nuestro compromiso es con el país”, les dijo. Incluso les dio instrucciones de reportar de inmediato cualquier movimiento extraño que pudiera darse en los cuarteles militares.

La preocupación creció cuando informes de Inteligencia señalaron que desde distintas guarniciones militares de todo el país un grupo de coroneles intentaría —a eso de las nueve de la noche— un enlace microondas para leer una proclama de apoyo a sus superiores que habían decidido renunciar en masa por la dimisión de Lloreda.

A medida que avanzaba la tarde, y con ella la cumbre en Cartagena entre los comandantes de todas las fuerzas y el Presidente, los oficiales seguían monitoreando el comportamiento ciudadano hasta en el último rincón del país. Los reportes hablaban de tranquilidad total. Y sabían que con la llegada de la noche tendrían dos nuevos aliados para mantener el orden público: el partido de Copa Libertadores del Cali y el reinado de Miss Universo...A las 7:17 de la noche, cuando el Presidente apareció en televisión rodeado de los altos mandos en señal de que el orden institucional permanecía intacto, los oficiales se levantaron del improvisado salón de crisis.

Y aunque los militares negaron la intentona golpista y en voz baja afirmaron que lo denunciado no era más que el resultado de las movidas de Serrano para hacerse pasar como el “único demócrata”, lo cierto fue que en Estados Unidos hubo enorme preocupación y hasta división entre los poderes.

La Casa Blanca tuvo que salir en respaldo de Pastrana y de la democracia colombiana: “Desde luego, la renuncia de Lloreda puede presentar algunos problemas, pero a pesar de todo hay que resaltar que la Casa Blanca apoya totalmente al presidente Pastrana en (su intención de) continuar el proceso de paz. Clinton ya ha sido informado de la situación, y tenemos muy claro que Pastrana va a continuar con sus esfuerzos de paz, que son muy importantes, y sabe que en esto tiene el apoyo de la Casa Blanca”, dijo Mike Hammer, portavoz del Presidente. Pero en el Congreso de Estados Unidos no pensaban igual. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Benjamin Gilman, se mostró triste por la partida de Lloreda y dijo que lo ocurrido demostraba que el gobierno de Pastrana manejaba las cosas de manera unilateral (. ..)

Jack Sweeny, de la Heritage Foundation, consideró los sucesos como un baldado de agua fría que profundizaba la brecha ya existente entre los militares y los civiles y minaba el incipiente apoyo de Estados Unidos al proceso de paz. “El mismo gobierno de Pastrana no defiende a sus Fuerzas Armadas. Al relevar a Lloreda lo que el Presidente hace es castrar a las Fuerzas Armadas, desmoralizarlas, y les envía a las Farc el mensaje de que están ganando la batalla política. Fue un error garrafal que le hace muchísimo daño al pueblo colombiano y que demuestra que este gobierno no tiene los pantalones bien puestos”, dijo.

Después de superada la intentona golpista, Serrano tuvo que sortear su propia crisis. Y por eso, cuando las relaciones con los militares volvieron a su cauce normal, exclamó: “Si salimos de esta, salimos de la que sea”.
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