Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2006/12/08 00:00

Los señores de la guerra

Gustavo Duncan pone el dedo en la llaga sobre el tema paramilitar. El poder mafioso seguirá intacto a pesar de la negociación y ésta servirá para que el narcotráfico cambie de jefes. SEMANA publica el epílogo de este oportuno libro

El libro ‘Los Señores de la Guerra’, del analista Gustavo Duncan, muestra descarnadamente cómo las autodefenas se constituyeron en mafias que impusieron un orden en las regiones que les permitió seguir acumulando riqueza. Mancuso en Córdoba, ‘Jorge 40’ en el resto de la Costa, ‘Don Berna’ en Antioquia y Valle, y ‘Macaco’ y ‘Báez’ en Santander, el Eje Cafetero, Nariño y Putumayo, entre otras

Vemos que nuestros ex comandantes tampoco intervienen con el Gobierno para que nos cumplan. Ellos viven rodeados de lujos, de comodidades, con sus familias, y nosotros permanecemos solos en Ralito, sin trabajo y sin con qué comer.*

Desmovilizado de las AUC en Tierralta (Córdoba).

"Los resultados obtenidos en el proceso de paz con las autodefensas -más de 30.000 combatientes desmovilizados y los grandes jefes encarcelados-, hacen difícil sostener que las negociaciones hayan sido un error. Pero así como el proceso es exitoso en sus metas, y aun suponiendo que luego de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz todo siga por el rumbo previsto, existe una falla estructural que más temprano que tarde revelará que el esfuerzo realizado ha sido incompleto: la persistencia de diferentes tipos de ejércitos privados que a manera de Señores de la Guerra o mafias continuarán interviniendo las funciones de Estado en las regiones del país. El proceso de negociación en vez de conducir a la entrega y extinción de las organizaciones armadas de carácter privado, ha propiciado una transición hacia otro tipo de mecanismos privados de dominación de las sociedades locales. Dado que aún se encuentra en fase de transformación, no es fácilmente previsible el tipo de estructura que surgirá en el momento que su control de comunidades y regiones se estabilice. Párrafos atrás se expusieron las razones que conducen a una contracción numérica de los ejércitos privados, y su adecuación en forma de mafias que controlan los aspectos estratégicos para la supervivencia de sus jefes sin llamar la atención de las autoridades y los medios de comunicación. Pero también se expuso el dilema que afrontan estas mafias por la vulnerabilidad ante la ofensiva de las guerrillas o de alguna organización que se decida a rearmarse en un verdadero ejército. En ese sentido, no es claro el tamaño que tomarán las nuevas organizaciones que surjan.

La falla estructural del proceso proviene del énfasis que se hizo en la solución del problema particular de los Señores de la Guerra y los miembros del núcleo de poder como contraprestación a la entrega que hicieran de su tropa. Se asumió que bastaba el interés de los grandes jefes en resolver la amenaza de la extradición y de la expropiación de sus bienes, para desmontar la estructura de dominación basada en ejércitos privados. Se desconocía así que en el origen de los Señores de la Guerra existía un acumulado de causas sociales que desbordaban las intenciones de las figuras de poder, y que por la misma naturaleza clientelista e instrumental como se definían las lealtades de la tropa era poco menos que probable que la simple orden de un superior fuera suficiente para desmontar todo el andamiaje de los ejércitos privados. Además de constituir una respuesta coherente a las estructuras sociales predominantes en muchas regiones de Colombia, el narcotráfico y las formas privadas de coerción han afectado los rasgos de estas estructuras hacia una adecuación de la producción de drogas y de la violencia por particulares como eje de la economía política local.

La dependencia y la adecuación de los habitantes locales a los recursos que pasaban por la mediación de los Señores de la Guerra, se hicieron visibles cuando la reducción en el número de combatientes regulares trajo problemas de desempleo en las capas más pobres de aquellas comunidades donde habían sucedido procesos de reclutamiento masivo. Muchos de los desmovilizados de las tropas rasas de autodefensa se han quejado de que mientras sus jefes disfrutan de las enormes fortunas amasadas durante la guerra, ellos ni siquiera reciben a tiempo el salario básico pactado con el gobierno. Y es que desde un punto de vista puramente instrumental, el reclutamiento de grandes ejércitos por los Señores de la Guerra constituía un mecanismo de distribución de los excedentes del narcotráfico entre la población más pobre de regiones y comunidades aisladas. El enlistamiento en las nuevas organizaciones armadas de coerción privada asociadas al control del narcotráfico es pues una forma de volver a acceder a dichos canales de distribución de excedentes. La ausencia de una fortaleza ideológica que cohesionara a la tropa de los ejércitos privados bajo un mismo objetivo político y el enfoque del proceso de paz que separó el lazo de unión entre los 'hombres fuertes' de las autodefensas y sus combatientes rasos, agudizaría la crisis laboral de muchos jóvenes en las comunidades por el cierre de los canales de distribución de los ingresos del narcotráfico.

De allí la falla estructural de la estrategia de negociación del gobierno: su convicción de que la retirada de los Señores de la Guerra significaba el final de las estructuras sociales que demandaban aparatos de coerción privada, cuando en realidad la sociedad misma se había adecuado a un orden afín a formas de regulación distintas a las del Estado democrático. Luego del desmonte de los grandes ejércitos, quedaría un vacío de poder a la espera de alguna fuerza capaz, como las anteriores autodefensas, de gobernar en regiones estructuralmente pobres, rezagadas, poco adecuadas a producir en un contexto de capitalismo racional, y habituadas a formas elementales del Estado y a un sistema de leyes basado en los valores y prácticas locales. Ese es el tipo de organizaciones que la prensa ha denunciado que viene formándose desde la desmovilización de las autodefensas. El periódico El Tiempo, por ejemplo, en un reportaje sobre el sexto informe de la misión de observación del proceso, señala como la principal preocupación el "reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas". […] "Organizan pequeños grupos, dotados con armas cortas, y permanecen en los cascos urbanos comunicados a través de celulares". En Palmito (Sucre) hay denuncias de ocho desmovilizados del 'Héroes de María' que mandan en el casco urbano. Y en La Mojana, son siete los ex 'paras' (incluido un ex comandante) que tienen azotados a los comerciantes de tres municipios con amenazas y extorsiones.'." **

Más grave para la estrategia del gobierno será que ante la incertidumbre en el tema de la extradición, la amenaza de mandos medios insurrectos y el potencial incumplimiento al desarme por parte de otros jefes desmovilizados, los Señores de la Guerra mantengan redes armadas de naturaleza mafiosa como una reserva de poder frente a eventuales contingencias. Y existen razones para temer contingencias, mientras que la influencia alcanzada en el Congreso permitió a los jefes de autodefensas una normatividad más bien laxa en el tema de reparación y entrega de bienes, la presión de Estados Unidos evitó que el gobierno ofreciera una garantía jurídica de no extradición.

El poder mafioso preservado como garantía ante los pedidos de extradición, es en sí mismo un elemento que refuerza los rasgos del orden social proclives a la reproducción del narcotráfico y la coerción privada. De ese modo la retención de bienes adquiridos ilícitamente por parte de los jefes desmovilizados rebasa el asunto de la reparación en cuanto a medida de la justicia del proceso, y se enmarca en el tema de la situación de equilibrios de poder a la que se conduce a las comunidades luego de la entrega de las tropas de autodefensa. Los jefes desmovilizados quedan con enormes fortunas, tierras, empresas y propiedades, que les facilitan continuar con su ascendencia sobre la sociedad en los términos de estructuras mafiosas. En el caso de las tierras, tal como ya se ha dicho, su efecto trasciende lo económico y se enmarca en las ganancias políticas y la impunidad frente a las autoridades nacionales que ofrece la disponibilidad de decenas de miles de hectáreas. El desequilibrio en la riqueza se refleja también en la asimetría del poder político. Pese a ser más numerosos los habitantes que no se benefician de manera directa de las organizaciones paramilitares, están en serias desventajas para participar en las decisiones sobre su comunidad o para reclamar los derechos establecidos en las leyes nacionales. No pueden competir ante la avalancha de dinero, violencia e influencia en el juego político del nivel central del Estado. Paradójicamente su única forma de ascenso social y económico es a través de su vinculación a las actividades propias de un grupo paramilitar, bien sea como soldados, políticos profesionales, traficantes, etc. Lo que desequilibra aun más las relaciones de poder locales entre aquellos que están vinculados a las autodefensas y aquellos que no lo están.

Las fallas sociales de fondo no han sido pues tratadas con vigor en la dinámica del proceso. Y pese a los esfuerzos de diversas agencias estatales, continúa vigente la organización de la sociedad alrededor del narcotráfico y de aparatos armados que extienden su función de regulación de un negocio ilícito a todos los aspectos de la vida social. Resultaría difícil esperar otro tipo de resultado, la solución al problema de las autodefensas hace parte del problema de construcción definitiva de una democracia y de un capitalismo moderno, que a su vez es parte estructural de la historia de Colombia. No es entonces sencillo para un gobierno llevar a cabo toda la serie de reformas y transformaciones de la sociedad colombiana que se requieren para cambiar el orden de las cosas. Y sea por la razón que fuere, al estar inmerso en las fallas estructurales de un proceso inacabado de construcción de democracia y de economía de mercado, la dinámica de negociación con las AUC no daría lugar al fin de la estructura de dominación social basada en ejércitos privados. El resultado sería más bien una recomposición impredecible de las formas de ejercer la coerción por particulares en las regiones, es decir, se volverían a barajar las cartas a nuevos y viejos participantes, pero en esencia el mismo juego continuaría."

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