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| 10/13/2012 12:00:00 AM

Los tiempos de la paz no cuadran

Si nada está negociado hasta que todo está negociado será muy difícil usar el acto legislativo en curso para introducir las normas que permitan que la guerrilla haga política y no guerra.

Una de las reglas anunciadas para el proceso de paz precisa que nada está negociado hasta que todo esté negociado, pero esta regla parece conspirar con uno de los problemas del proceso: los tiempos de la paz y los tiempos electorales.

Si la paz consiste en que la guerrilla cambie las balas por los votos, entonces las FARC deben llegar al Congreso en el 2014 como en el pasado llegó el M19. Para conseguir ese objetivo se debe modificar el marco jurídico actual y allí es donde empiezan los problemas.

La primera y mejor opción para cambiar el marco legal es introducir normas directamente en la Constitución. Con esa intención, los representantes Prada y Rivera han empezado a dejar las respectivas constancias en el trámite del acto legislativo, que permite el transfuguismo para las elecciones del 2014. La intención es buena, pero tropieza con un problema y es que las normas definitivas deben ser incorporadas en la segunda vuelta del acto legislativo, esto es, entre marzo y junio del año próximo. ¿Estará todo negociado en marzo para que el gobierno acceda a incorporar las normas en la reforma constitucional? Difícil, sino imposible.

Una opción es que en el camino se cambien las reglas y se permita empezar a implementar acuerdos pese a que no está cerrado el acuerdo definitivo. Pero si se cambia esa regla, ¿por qué no cambiar otras? ¿Por qué no incorporar otros temas en la negociación y empezar a hacer desarrollos progresivos mientras termina el proceso? ¿Por qué no ampliar los plazos como han propuesto varios líderes guerrilleros? ¿Por qué no invitar a otros actores a la negociación? ¿Por qué no incorporar a la sociedad civil, las mujeres, el Congreso, los campesinos, los indígenas? Además, si se abre ese debate, los críticos no desperdiciarán semejante oportunidad para desacreditar la negociación y la credibilidad del gobierno.

Si nada está negociado hasta que todo está negociado será muy difícil usar el acto legislativo en curso para introducir las normas que permitan que la guerrilla haga política y no guerra.

¿Cuáles alternativas quedan? Si se piensa en iniciar un nuevo acto legislativo, terminada la negociación, los tiempos tampoco cuadran, porque no habría tiempo suficiente para tramitar las dos vueltas exigidas.

La alternativa legislativa es más restrictiva aún, la incorporación de normas en el proyecto de código electoral tendría dos dificultades: la primera, que requiere revisión previa de la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia, y la segunda, que el análisis de la Corte se haría con base en la Constitución vigente.

Queda una alternativa: el uso de los estados de excepción por parte del presidente.

Con esta opción se tendrían dos ventajas enormes. La primera, que el presidente podría plasmar en forma inmediata los acuerdos. La segunda, que el proceso de evaluación de las normas expedidas al amparo de los estados de excepción, podría llevar a que para el momento de su revisión se hubiera dado ya un pronunciamiento del constituyente primario en las urnas al avalar la presencia de las FARC en el Congreso, ante lo cual sería difícil que la Corte rechace una decisión popular. Aún con la Constitución actual.

Por supuest,  una decisión de ese tipo tendría un déficit de legitimidad enorme. Pues al no pasar por el Congreso carecería de una instancia de refrendación popular, la cual solo puede ser suplida con la convocatoria a un mecanismo de participación popular que legitime los acuerdos y refrende la negociación.
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