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| 7/23/2012 12:00:00 AM

Los tres cargos que tienen al secretario de Gobierno en la mira de la Procuraduría

Una constancia del Consejo de Estado, una carta en la que Guillermo Asprilla habla de una inhabilidad y su supuesta negligencia como abogado son las tres pruebas claves con las que la Procuraduría citó al secretario de Gobierno de Bogotá a responder por una "falta grave" que le costaría su puesto.

La solidez de las pruebas de la Procuraduría Segunda Distrital parece tener en la cuerda floja al secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, el hombre que no sólo reemplazó a Navarro Wolff en el cargo, también se convirtió en la mano derecha del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien hoy lo defiende con todo en su cuenta de Twitter.

Quienes conocen a Asprilla coinciden en señalar que él es una persona seria que dice de manera respetuosa lo que piensa, incluso frío y hasta calculador. Pero esta última característica parece haberla olvidado cuando, aparentemente inhabilitado, se posesionó como concejal de Bogotá, ejerció como director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y tras cuatro meses, pasó a ser el secretario de Gobierno.

La preocupación ronda en la Alcaldía por la citación de Asprilla en la Procuraduría para que explique por qué no presentó renuncia al poder como demandante del Distrito cuando aceptó ocupar los tres cargos mencionados. Para el Ministerio Público podría haber una incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses.

Cargos

El hecho que hoy tiene al secretario de Gobierno en la mira del Ministerio Público se remonta a 1999, cuando Asprilla se convirtió en el apoderado de un grupo de ciudadanos quienes se vieron afectados por un alud en el relleno sanitario Doña Juana ocurrido en septiembre de 1997.

Como defensor del grupo de ciudadanos, Asprilla le pidió a la justicia que el Distrito reparara a las víctimas. Años después el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca ordenó la indemnización. La decisión fue demandada y en segunda instancia es revisada por la sección tercera del Consejo de Estado cuyo pronunciamiento todavía se espera.

Precisamente, esta sala fue la que entregó una constancia el 2 de mayo en la que se señala que "el poder otorgado por el demandante al acá investigado, se encuentra vigente sin ser revocado". Eso significa que Asprilla ocupó cargos públicos estando impedido pues ejercía como abogado, lo que viola el régimen de inhabilidades.

El secretario asegura que le entregó un poder en 2010 a una abogada para que conociera del caso de Doña Juana y que a partir de ese momento, se desvinculó del tema. Además, alega que un viaje a España y una calamidad domestica lo hicieron olvidarse del mismo. No obstante, para la Procuraduría estos argumentos son cuestionables.

El Ministerio Público confirma que Asprilla entregó un poder a Yadi Marisol Florián Asprilla para que lo representara en los procesos que llevaba, pero dicho documento a la fecha del 2 de mayo del 2012, "no fue registrado ante la alta corporación judicial (Consejo de Estado), mucho menos la personería jurídica para que la doctora Florián Asprilla actuara". Esta es la primera prueba en contra de Asprilla.

Al cúmulo de pruebas se suma una carta que Asprilla le entregó el 5 de enero de 2012, al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El Ministerio Público señala que Asprilla manifestó su impedimento, "para realizar cualquier actuación con respecto al proceso o eventual cumplimiento por parte del Distrito, frente a la acción de grupo (Doña Juana) radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca". La misiva entregada al propio alcalde revela que conocía su situación jurídica.

Pero tal vez el argumento más fuerte en contra de Asprilla y esbozado en el auto de citación es que como abogado litigante el hoy secretario de Gobierno conocía los impedimentos que tienen los defensores para ejercer cargos públicos.

En el auto se señala que Asprilla en su calidad de defensor no sólo conocía el procedimiento para desprenderse del poder. Para el despacho "se está ante un acto verdaderamente consciente y voluntario que requiere de la capacidad, análisis y la plena conciencia y obligatoriedad de saber de las prohibiciones de la Ley 734 del 2002".

Por estas y otras razones y de conformidad con las pruebas que están en el proceso el despacho consideró como una "falta gravísima (...) a título de dolo, puesto que, se reitera, no solamente confluyó el conocimiento de la prohibición o situación en cabeza del doctor Asprilla Coronado, sino su conciencia de capacidad individual de acción, y con todo, no realizó actuación alguna para evitar infringir la ley".

¿Petro investigado?

En la decisión de la Procuraduría abre la puerta a una nueva investigación en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. "El despacho encuentra procedente solicitar al señor procurador general de la Nación, para los fines pertinentes, iniciar la acción disciplinaria contra el señor alcalde mayor de Bogotá, para la época de los hechos año 2012, por haber posesionado en los cargos de director de la UAESP y secretario de Gobierno".

La defensa de Asprilla está en cabeza del propio alcalde quien ha trinado a favor de su secretario de Gobierno con quien también militó en el M-19. "Asprilla se fue del país y no intervino más en el proceso e hizo declaración de impedimentos. No hay dolo", escribió Petro.

Asprilla ha dicho que la indagación obedece una persecución por parte de los opositores al gobierno de Petro y de que "hay gente interesada en destruirnos". El 31 de julio el hoy secretario de Gobierno podrá entregar sus descargos en el Ministerio Público.
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