Los tropiezos de la negociación de Julio Gómez

Accidentado. Esta es la palabra con la cual se podría definir el proceso de preacuerdo firmado por la Fiscalía y el contratista Julio Gómez. Este miércoles, cuando las partes esperaban recibir el aval de un juez para dar por finiquitado el polémico preacuerdo, una discusión sobre la presencia de una víctima en el proceso desbarató las cuentas.

El documento de 34 páginas conocido por Semana.com no pudo ser leído en la audiencia para que lo avalara la juez 40 de conocimiento de Bogotá. La razón: la diligencia se centró en aceptar o no a Segurexpo como uno de los afectados por las conductas irregulares de Gómez, dentro del escándalo del ‘carrusel’ de la contratación de la capital del país.

En el preacuerdo se lee que Gómez ya reintegró la totalidad del dinero del cual se pudo haber apropiado. Este se convirtió en el primer paso en el avance del proceso luego que el Tribunal Superior de Bogotá anuló una anterior negociación, hecho que obligó tanto al acusado como al ente investigador a iniciar de cero el trámite.

Entre lo pactado está que Gómez acepta los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. Además, la pena que recibirá sería de 10 años de prisión y una multa que le impondrá el juez de conocimiento. A eso se suma el compromiso de ayudar en la delación a otros participantes en el ‘carrusel’.

Pero no sólo en la firma del preacuerdo la Fiscalía y Gómez han encontrado inconvenientes. El pasado 11 de abril la entidad debió retirar también el principio de oportunidad firmado con el excontratista y que para ese entonces buscaban le fue aprobado por un juez.
 
El funcionario judicial cuestionó seriamente que no se le entregaran los elementos de prueba que le permitieran tomar una decisión, además de que no se tuvo en cuenta a las víctimas y que no se especificaron de manera clara con un acta de compromiso los alcances de la negociación. Ante los inconvenientes, la Fiscalía estimó que lo mejor era recomponer el camino y volver a presentarlo.
 
Finalmente, tras hacer las correcciones el pasado 22 de abril, un juez avaló el principio de oportunidad a Gómez por el delito de concierto para delinquir. El excontratista se comprometió a declarar en los diferentes procesos que desató el escándalo y a entregar detalles de hechos de corrupción presentados en los últimos 20 años en el país, no sólo en el tema de contratación. Por lo anterior, la acción penal en su contra cesó por término de un año.
 
Gómez se encuentra privado de la libertad en el búnker de la Fiscalía luego de que fue capturado y llevado ante un juez que le dictó medida de aseguramiento.