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| 4/5/1999 12:00:00 AM

LOS VENGADORES

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el caso de Valencia Jaramillo sería <BR>una revancha para algunos sectores cercanos al gobierno.

Las pugnas políticas en torno a los nombramientos en la Comisión Nacional de Televisión
se reavivaron una vez más la semana pasada. La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de
suspender el decreto mediante el cual el presidente Andrés Pastrana sacaba de esa Comisión a Jorge
Valencia Jaramillo y nombraba su reemplazo dejó al descubierto un enfrentamiento que, para algunos
sectores cercanos al Presidente, tendría visos de revanchismo por parte de ese Tribunal judicial contra el
gobierno, y que para otros lo que muestra es que por estos días hay una excesiva susceptibilidad del gobierno
que lo hace ver enemigos en todas partes.
Quienes sostienen la primera hipótesis dicen que los magistrados del Tribunal habrían tomado la decisión en
contra de los intereses del gobierno porque el 31 de diciembre pasado el presidente Pastrana derogó un
decreto del gobierno de Ernesto Samper que reajustaba sus sueldos y los de los magistrados auxiliares de
las altas Cortes en un 80 por ciento en los próximos tres años. El gobierno tomó esa decisión un día antes
de que entrara en vigencia porque consideró que, en medio de la crisis fiscal, el ajuste salarial a más de
1.000 funcionarios judiciales _que costaría en total cerca de 60.000 millones de pesos_ no se ajustaba a
la política de austeridad fijada para 1999. Además era discriminatoria con los demás funcionarios públicos,
cuya remuneración solo se aumentó en un 15 por ciento.
Y hay un hecho que conectaría los dos temas: el abogado de Valencia en el proceso que falló el Tribunal
Administrativo, el ex magistrado Pablo Cáceres, también lideró el grupo que reclamaba al gobierno un ajuste
salarial para la rama judicial. Aunque podría tratarse de una simple coincidencia. El propio Cáceres dijo a
SEMANA que "esa es una interpretación por lo menos bellaca. Las condiciones en que se juzga un acto
administrativo son objetivas y la prueba de que no hay relación entre una cosa y la otra es que el Tribunal
Administrativo no es el que toma la última decisión". Valencia, considerado como ficha del samperismo
en la Comisión de Televisión, dijo a SEMANA que se abstiene de comentar sobre el tema porque no es
abogado. "Yo lo que hago son versos", afirmó.
La otra razón que alegan quienes interpretan que habría una retaliación en la decisión judicial es que una
subsección de la sala segunda del Tribunal Administrativo, en una demanda exactamente igual instaurada
por la también ex comisionada Mónica de Greiff, tomó una decisión antagónica a la que asumió la
subsección de la misma sala que falló el caso de Valencia. El mismo Tribunal negó la petición de De Greiff de
suspender el decreto del gobierno que la sacaba de la Comisión.
La última decisión la tomará el Consejo de Estado, ante el cual el gobierno ya instauró una apelación por el
caso de Valencia. Pero quienes defienden al gobierno dicen que la diferencia de criterios en las dos
demandas es la mejor prueba de que no se puede suspender el decreto expedido por el presidente
Pastrana. "La suspensión provisional de decretos administrativos _como son los que nombran los
reemplazos de Valencia y de De Greiff en la Comisión_ únicamente se puede aplicar si existe una violación
evidente de una norma superior, y tan no es clara la contrariedad en este caso que la misma sala del
Tribunal Administrativo tomó decisiones diferentes en dos casos iguales", dijo a SEMANA un experto que
prefirió reservar su nombre.
Los juristas que reclaman un reajuste de sus salarios descartan, por su parte, la suposición de quienes
relacionan los dos casos. Y explican las razones de su petición. "No estamos pidiendo un aumento de
sueldo sino un equilibrio en la escala salarial dentro del sector judicial. Reclamamos el restablecimiento de
un derecho que teníamos, nos lo reconoció el gobierno de Samper y este gobierno nos lo volvió a quitar", dijo
a SEMANA el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, Edgar Zanabria.
Es más, algunos magistrados ya han demandado al gobierno ante el Consejo de Estado para que se les
paguen las prestaciones que les había concedido el gobierno anterior y que ellos consideran como un
derecho adquirido. Lo cierto del caso es que el debate dará para rato porque se estima que la decisión del
Consejo de Estado solo se conocerá hacia finales de este año.
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