Martes, 17 de enero de 2017

| 2007/06/09 00:00

Luces y sombras

La Fiscalía deberá decidir si cree las graves acusaciones contra Luis Alfredo Ramos y Luis Pérez Gutiérrez por vínculos con paras, hechas por un polémico testigo.

El ex senador Luis Alfredo Ramos Botero y el ex alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez fueron salipcados por un testigo que los relacionó con grupos de autodefensa en Medellín . Igual suerte corrió el general Rubén Carrillo Vanegas, ex comandante de la Policía en la capital antioqueña. El declarante, sin embargo, ha sido puesto en duda en otros procesos judiciales

Desde hacía rato el escándalo de la para-política no salpicaba a pesos pesados. Esta vez la suerte les correspondió a dos sobresalientes figuras de la política antioqueña. Ellos son Luis Alfredo Ramos Botero y Luis Pérez Gutiérrez, quienes, de no suceder algo extraordinario, en octubre de este año -según las encuestas- deberían ser los vencedores en las elecciones para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, respectivamente.

Esta semana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que la Fiscalía investigue la veracidad de un testigo que fue escuchado en declaración hace un par de semanas y que compromete, entre otros, a Ramos Botero, Pérez Gutiérrez y al general Rubén Carrillo Vanegas, quien recientemente fue nombrado por el gobierno como agregado de la Policía en la Embajada de Colombia en Panamá.

El declarante se llama José Raúl Mira Vélez y ha testificado en varios procesos relacionados con el paramilitarismo y sus crímenes en todo el país. SEMANA conoció los detalles de la versión entregada por Mira en la Corte Suprema. En ella, el testigo aseguró que a principios de 2000 se reunió, en el centro comercial Obelisco de Medellín, con Luis Alfredo Ramos, el general Carrillo y un comandante paramilitar apodado 'Jota'. En aquel encuentro -dijo- Ramos y Carrillo le habían propuesto organizar a los paramilitares de la capital antioqueña y darles entrenamiento militar porque, según él, se estaban portando mal.

Más adelante, Mira aseveró que Ramos habría ayudado con logística -unas motocicletas- para incrementar el poderío paramilitar en el municipio de Bello, donde -según él- también colaboró con la organización ilegal el dueño de la empresa Bellanita de Transportes, Hugo Albeiro Quintero. Finalmente, el testigo dijo que alias 'Jota' les dio órdenes a los paramilitares para que convencieran a la gente de votar por Ramos.

El viernes pasado, el ex senador Ramos le dijo a SEMANA que nunca en su vida ha visto a Mira Vélez y que, por consiguiente, nunca ha hablado con él; que durante todo el año 2000 permaneció en Washington como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA); que en ese año jamás se reunió con el general Rubén Carrillo -" mucho menos para hablar de cosas ilegales"- y que para la época de la que habla el testigo, él no estaba aspirando a ningún cargo de elección popular.

A una pregunta de la Corte sobre si tenía algún parentesco con el senador antioqueño Óscar Suárez Mira (investigado preliminarmente por la Sala Penal dentro del expediente de la para-política), el testigo Mira Vélez respondió que el apellido Mira era mera coincidencia. Advirtió que, en 2000, lo conoció en una reunión a la que también asistió el entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, quien "charlaba con una sobrinita mía". Esas son, en síntesis, las acusaciones que contra los aspirantes más fuertes a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín hace el testigo Mira Vélez.

La compulsación de copias por la Corte Suprema a la Fiscalía responde más a un requisito legal, que a una valoración de la credibilidad del testigo.

SEMANA se dio a la tarea de establecer quién es en realidad el testigo que quiere enredar judicialmente a Luis Alfredo Ramos y a Luis Pérez. José Raúl Mira Vélez es un joven del municipio antioqueño de Amalfi que dice haber ingresado a las autodefensas hacia mediados de la década del 90 y que se inició en sus actividades criminales de la mano de sus paisanos: los hermanos Castaño Gil. Según las declaraciones que ha entregado a las autoridades el propio Mira Vélez, después de más de 10 años en las filas paramilitares, no superó su condición de escolta secundario.

Tras el asesinato de su hermano Rubén Darío, en 2006, en los Llanos orientales y a manos del narcotráfico, José Raúl Mira se presentó ante las autoridades en Cúcuta y, literalmente, desde entonces se ha declarado conocedor de cualquier cantidad de crímenes cometidos por los paramilitares.

Al primero que puso contra las cuerdas fue al ex jefe paramilitar conocido como 'Macaco', a quien acusó de haber organizado en el Catatumbo -después de su desmovilización- el grupo emergente de autodefensas conocido como las 'Águilas negras'. Con esa declaración, Mira puso en riesgo la permanencia de 'Macaco' en el proceso de paz entre el gobierno y las autodefensas. Pero cuando fue interrogado por los abogados del reconocido jefe paramilitar, Mira advirtió que no tenía conocimiento directo de los hechos que denunciaba y aclaró que lo que sabía sobre este aspecto era por comentarios o rumores.

Posteriormente, Mira se fue lanza en ristre contra el ex gobernador de Meta Edilberto Castro, a quien acusó de ser uno de los principales responsables de los homicidios de tres políticos de ese departamento, ocurridos en septiembre de 2004 en las goteras de Bogotá. Aunque efectivamente Castro está detenido por estos hechos, y acusado ante la Corte Suprema de Justicia, Mira también declaró en un juzgado especializado de Cundinamarca contra un paramilitar -alias 'W'-, a quien sindicó de ser coautor del triple asesinato de los políticos de Meta. En aquella oportunidad, finalmente, Mira incurrió en tantas imprecisiones, que la Fiscalía y la Procuraduría no tuvieron más opción que descalificar su testimonio.

"La cuestión es que el testigo, efectivamente, conoce a fondo el tema del paramilitarismo en el país", le advirtió a SEMANA una fuente de la Corte Suprema, que recalcó que la versión de Mira no se debía desvirtuar de tajo. Eso lo tiene que establecer la Fiscalía.

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