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| Foto: Archivo particular

JUSTICIA

Ramos, la manzana de la discordia en la Corte Suprema

SEMANA revela las intimidades de la pelea que divide a la Sala Penal alrededor de uno de sus casos más sensibles y antiguos. El proceso lleva siete años en el alto tribunal sin una decisión definitiva.

8 de marzo de 2018

Hace siete años la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema abrió una investigación preliminar por parapolítica contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, caso que ha frustrado dos veces sus aspiraciones presidenciales. La primera, cuando le dictaron una orden de captura, antes de que pudiera convertirse en el 2013 en el candidato único por el Centro Democrático a las presidenciales. La segunda, porque aunque su caso entró hace por lo menos un año en su recta final, la justicia no decide si lo considera culpable o inocente. Ramos declinó hacer campaña.  

En este escenario, la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos un caso antiguo y también controversial en tiempos en que hace la transformación más importante desde su existencia. El Acto Legislativo 1 del 2018 saldó una deuda histórica y creó la primera instancia para congresistas. Pero como no se previó ningún mecanismo transitorio, la Sala Penal tomó las riendas y decidió no paralizarse manteniendo su competencia hasta que se creen las dos nuevas salas que estarán a cargo de investigar y juzgar los casi 400 casos que tienen pendientes contra aforados. 

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El asunto se zanjó con relativo consenso en lo que concierne a adelantar casos que están en etapas de investigación o en proceso de juicio. Sin embargo, en el momento de comenzar a dictar sentencias, tres magistrados levantaron su voz de protesta y hoy tienen a este tribunal dividido. Las posturas de Eyder Patiño, Francisco Acuña y Eugenio Fernandez Carlier (parcialmente) son minoritarias y fueron vencidas por sus 6 colegas. 

Fue así como se emitieron sentencias como la anticipada de Withman Porras, el exgobernador de Casanare; los magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta Fernando Castañeda Cantillo y Félix María Galvis, condenados ejemplarmente a más de 21 años por corrupción; o la anticipada contra el senador Bernardo Elías a 6 años y 8 meses. También se avaló el principio de oportunidad que le da 5 años de cárcel al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y se archivó el caso contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, decisión que vino acompañada de una compulsa de copias al expresidente Álvaro Uribe. Está pendiente por tasarse la primera sentencia del exfiscal Gustavo Moreno, sin embargo, se sabe que el sentido es condenatorio y será superior a los 4 años y medio, después de aceptación de cargos. 

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Es decir, la corte por mayoría tomó una decisión de avanzar y está sacando las sentencias que han concentrado las investigaciones de los últimos meses, sin importar el color político. Sin embargo, el lunar de Ramos inquieta a los magistrados. Es de los casos más sensibles y más antiguos que tiene en sus manos la corte. Y de no ser por la entrada en vigencia del Acto Legislativo, seguramente el fallo ya se habría proferido. 

El dilema de Patiño

SEMANA conoció que van varias salas en donde los magistrados de la corporación le piden a Eyder Patiño, el ponente, que entregue el proyecto de fallo. Este documento está bastante avanzado en el despacho del magistrado, al punto que se ha especulado sobre su radicación y su sentido. Sin embargo, en concreto no ha pasado nada, ¿por qué?

En los fallos que viene emitiendo la corte con posterioridad a enero de este año, Patiño ha salvado el voto. Él advierte que la Sala de Casación Penal puede continuar adelantando las actuaciones frente a casos en curso, pero, de ninguna manera dictar sentencia. "El juez natural para proferir sentencia es, conforme al Acto Legislativo, uno distinto a la sala de Casación Penal, la cual solo conoce en segunda instancia, no en primera", manifesta en los textos que ha entregado de manera reiterada a sus colegas. 

Esta postura es un inamovible para él y para Francisco Acuña. En cuanto a Fernádez Carlier tiene una posición menos radical, sin embargo, hace parte de la minoría de la Corte que no le juega a fallar en esta etapa de transformación. Aunque están derrotados, estas posturas terminaron por generar serios choques con sus colegas.

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Ante la insistente petición de la sala, el magistrado Patiño viene explicando lo contradictorio y poco coherente que resultaría que sea él -como opositor a dictar fallos- quien presente ponencia en el caso de Ramos. En un escenario hipotético, de llegarse a emitir una sentencia, Patiño tendría que ser el magistrado instructor que salva su voto porque está en desacuerdo con que el tema se haya fallado. 

Esta misma discusión le genera ruido a Acuña, que tiene el caso del exmagistrado Jorge Pretelt, y a Eugenio Fernández, quien tiene en su depacho el caso de Martín Emilio Morales Diz. Sin embargo, es el proceso de Ramos lo que tiene a todos con los pelos de punta. El mismo Patiño propuso este miércoles presentar una ponencia con su postura en contra de los fallos condenatorios, con el fin de que el caso rote al siguiente magistrado por orden alfabético, es decir, Luis Guillermo Salazar.

Sin embargo, la reacción de la Sala fue adversa ya que consideran que un caso de tantos años no puede entregarse para que en dos meses lo saque adelante otro magistrado o para que ante la imposibilidad de hacerlo le cuente entre sus decisiones rezagadas. 

La tensión después de que Ramos fue dejado en libertad en diciembre del año 2016 no ha sido ni poca. En este tiempo se han desprendido dos nuevas investigaciones derivadas de su ‘caso madre‘ por parapolítica. Una tiene que ver con que el nombre del exgobernador fue mencionado por su exabogado defensor Leonardo Pinilla en las interceptaciones de la DEA. Además, del equipo de defensa de Ramos hizo parte el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, pedido en extradición. Ambos han dicho desde su detención que no tienen conocimiento de hechos delictivos en el caso de Luis Alfredo Ramos, sin embargo, de fondo será la Fiscalía General la que tendrá que pronunciarse. 

Una segunda más reciente se originó en el despacho del magistrado José Luis Barceló, quien consideró cuestionable el preacuerdo que se firmó con un testigo de este caso, Carlos 
Enrique Areiza Arango, por falso testimonio. Dice el fallo, que deben ser investigadas las conductas del fiscal 3 de la Unidad de falsos testigos, Jose Umbarilla, y del Juez 16 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, por las diligencias en las cuales se aceptó la retractación del testigo y le concedieron una pena de 3 años de cárcel. 

Estas vicisitudes le han traído nuevas sombras al caso. El consenso general es que la corte debe fallar cuanto antes, incluso, el más interesado, el implicado, lo pide preriodicamente. Sin embargo, el encontrar la fórmula jurídica para resolver el cómo salir del embrollo tiene convertida a la Sala Penal en un campo de batalla.