Gobernador destituido de Chocó podría regresar a su cargo

El pasado 13 de julio el Consejo de Estado suspendió definitivamente al gobernador de Chocó, Luis Gilberto Murillo (2012-2015), lo que obligó al Gobierno a programar nuevas elecciones antes de diciembre de este año.

La suspensión era clara: Murillo no podía haber sido elegido gobernador porque sobre él recaía una condena de seis meses e inhabilidad por un año por el delito de peculado por destinación oficial diferente. ¿La razón? Como director de la Corporación para el Desarrollo del Chocó, en 1998, destinó cinco millones de pesos a la reparación de una escuela en el municipio de Andagoya (Chocó). Según la condena, esos dineros debieron ser invertidos en temas ambientales.

Murillo y sus abogados interpusieron varios recursos ante el propio Consejo de Estado, pero el Alto Tribunal confirmó su dictamen. Meses antes a este fallo, el entonces gobernador interpuso una tutela en la Corte Constitucional con el argumento según el cual le habían violado el debido proceso por cuanto el delito que cometió en 1998 había desaparecido del Código Penal y, por tanto, su pasado judicial había quedado limpio. Con eso Murillo podía, como en efecto lo hizo, aspirar a un cargo de elección.

La tutela fue sometida a reparto y le correspondió al nuevo magistrado Alberto Rojas Ríos, quien a lo largo de varios meses la estudió. En la última semana el togado preparó una ponencia de fallo que ya fue repartida entre sus compañeros para ser debatida en Sala Plena.

Semana.com tiene en su poder la ponencia que, en principio, resulta favorable para el gobernador Murillo. El magistrado Rojas anota en ese documento de 93 páginas que “se pone de presente que a título de restablecimiento de derechos fundamentales conculcados al ciudadano Luis Gilberto Murillo, debe ser reintegrado a su cargo de gobernador del Departamento de Chocó a fin de que culmine el periodo 2012-2015 para el que fue elegido”.

En la ponencia Rojas advierte que “el fallo del Consejo de Estado podría estar sustentado en interpretaciones erróneas de los principios constitucionales, por lo cual mediante reiterada jurisprudencia se indica que este error fue inducido por parte de los jueces de anteriores instancias del proceso”.

El magistrado ponente le da la razón al gobernador Murillo, al indicar que “el principio de favorabilidad debió reconocérsele debido a que el delito en cuestión ahora es más exigente y por regla puede resultar más favorable para el condenado por el sistema penal anterior”. Según Rojas, el presunto delito que cometió Murillo “no aconteció en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores tal como lo exige el actual Código”.

Por lo anterior, la ponencia pide revocar las anteriores actuaciones que le fueron contrarias a Murillo, entre ellas una de la Corte Suprema de Justicia que desconoció la tutela, así como otra del juez de Ejecución de penas y una más del Tribunal Superior de Quibdó donde no se le aplicó el principio de favorabilidad.

“Ordenar que, a título de restablecimiento de los derechos a Murillo, sea reintegrado a su cargo sin perjuicio de que se haya o no adelantado un nuevo proceso electoral para elegir gobernador”, dice el proyecto de fallo.

Esta ponencia será debatida en la próxima sala plena este jueves o quizá la próxima semana, después de que los magistrados terminen con la discusión de una tutela interpuesta por la exsenadora Piedad Córdoba, quien lucha jurídicamente para que revoquen la inhabilidad a 18 años que le impuso la Procuraduría.

El caso no es de poca monta, pues de resultar favorable, el fallo desencadenaría lo que en el argot judicial se llama ‘choque de trenes’ porque un Alto Tribunal revoca una decisión de otro. El fallo tiene con los pelos de punta a los chocoanos quienes en estos días están pensando en unas nuevas elecciones.