“No creo que hayamos empeorado”

Semana.com: Dos informes recientes del CICR y la Defensoría del Pueblo afirman que el país pasa por la peor crisis de su historia. ¿Conoce esos informes? ¿Qué opinión le merecen?

General Jorge Luis Ramírez: Hay conocimiento de estos informes, El CICR en el informe “Colombia: Retos Humanitarios 2016”, de marzo, hace referencia a la situación de hacinamiento y salud, y la Defensoría en el informe del  pasado 10 de marzo advierte del rezago en plan de habitación de los cupos carcelarios.

La Ley 1709 de 2014 (enero 20) por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, nos ayudó mucho para frenar el incremento sustancial de la sobrepoblación carcelaria en el país. Si miramos los reportes de hacinamiento del año 2010 hasta la fecha, por año el incremento se estaba dando en casi ocho puntos porcentuales, y desde la implementación de esta Ley, se logró frenar este incremento y una estabilización en ese sentido. El hacinamiento hoy se mantiene en el 56 % y ya no vemos esos incrementos significativos por año.

Semana.com: Pero es un problema eterno...

G. J. L. R.: Es cierto que a comienzos del 2015 el hacinamiento bajó hasta el 46 %, pero esto fue consecuencia del denominado “plan reglamento”, que impedía el ingreso de internos a los centros carcelarios y que fue noticia por los problemas que se estaban presentando en las URI y estaciones de Policía. Es decir, los internos estaban afuera (10.000 aprox.) y en el momento que se levantó el paro, ingresaron y lograron darnos un dato más real del número de internos con los que contábamos en ese momento, el cual generaba una sobrepoblación similar a la que tenemos hoy.

Frente al informe de la Defensoría es importante señalar que hemos venido realizando el acompañamiento a las obras que está adelantando la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC), la cual realizará la entrega de los nuevos pabellones en los Centros Penitenciarios y Carcelarios para ampliar los cupos y hacer frente al tema de la sobrepoblación.

Semana.com: ¿Cómo se está enfrentando la crisis sanitaria por falta de atención denunciada por internos en diferentes centros penitenciarios del país?

G. J. L. R: Frente a este punto debemos aclarar que el servicio de salud en los establecimientos carcelarios se encuentra en un período de transición para implantar un nuevo modelo de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Ley 1709 de 2014. Le correspondió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) celebrar el contrato para el manejo, la administración y pagos de los recursos dispuestos para la Salud de las personas privadas de la libertad, con el Consorcio Fondo de atención en Salud PPL 2015.

Semana.com: ¿Qué función cumple este Consorcio?

G. J. L. R.: Está encargado de administrar los dineros y garantizar los pagos dispuestos para la prestación del servicio de salud de las personas privadas de la libertad, así como de suscribir los contratos con los prestadores de los servicios de salud, con lo cual se busca garantizar la continuidad de la prestación de dicho servicio. Esta firma busca recurso humano para la asistencia intramural, con el fin de garantizar la prestación el servicio de salud en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) y ya llega aproximadamente al 70 %, en la contratación.

Semana.com: ¿Qué medidas se adoptaron frente a la cárcel de “Tramacua” de Valledupar por la falta de agua, entre otras cosas, hecho que mereció el llamado de atención por parte de la Corte?

G. J. L. R: En cumplimiento a una sentencia la Corte Constitucional, la dirección del INPEC ha desarrollado una serie de acciones tendientes a mejorar las condiciones de habitabilidad, salubridad y garantía de los derechos humanos allí. Ese centro cuenta con una capacidad de 1.588 cupos, de los cuales alberga 1.393 internos, lo que consolida una disminución de 195 personas, equivalentes al -12,3 %. Desde el año 2014 ese centro carcelario no tiene sobrepoblación. Para garantizar el normal suministro del agua, la USPEC tiene más de 10 contratos en ejecución. El 24 de abril del 2015 fueron entregados a los internos unos tanques de almacenamiento de agua para uso personal. A su vez se adquirieron dos tanques de almacenamiento de agua potable, uno de 600 litros y otro de 5.000 litros, unidos a los dos tanques  elevados de 500 litros, y dos albercas, cada una de 2.000 litros, para un total de 16.000 litros de agua potable.

Semana.com: ¿Qué acciones se han adoptado frente a las denuncias de abusos y tratos inhumanos por parte de algunos guardianes en las cárceles de Valledupar, Cúcuta y otras?

G. J. L. R: Se viene trabajando con la Cruz Roja, la Personería, la Defensoría del Pueblo, las Gobernaciones y Alcaldías en la ejecución de campañas y programas de promoción y prevención de los Derechos Humanos. Se ha convocado a la Fiscalía y la Procuraduría a realizar  acompañamiento, control social y veeduría sobre las capacitaciones en temas relacionados con los Derechos Humanos y la garantía de los mismos, como de las denuncias puntuales que sobre el tema existen.

Semana.com: Como director del INPEC, ¿cómo evalúa la situación carcelaria en la actualidad? ¿Cree que ha empeorado, como afirman el CICR y la Defensoría?

G. J. L. R: No creo que hayamos empeorado, es importante anotar que hoy dentro de los establecimientos ya no hay armas de fuego. El control y la gobernabilidad de nuestros establecimientos están en manos del cuerpo de custodia y vigilancia. Nuestros funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia como el personal administrativo han hecho énfasis en la protección de los derechos Humanos en todos los ERON y se están capacitando para ello. Para combatir la sobrepoblación el gobierno nacional está trabajando en la creación de nuevos cupos a corto, mediano y largo plazo. A corto y mediano plazo se trabaja en la creación de 4.080 cupos en los centros carcelarios con los que hoy cuenta el INPEC.

Semana.com: Por más que se ha hecho, no hay que desconocer que hay una crisis ¿Cuál sería la salida?

G. J. L. R: Con la implementación de la Ley 1760 se busca trabajar por medio de una política criminal en la que los administradores de la justicia podrán tener hasta dos años personas privadas de la libertad en detención preventiva, lo que ayudará a la descongestión carcelaria con la salida de personas que tengan más de dos años recluidas sin que se les resuelva su situación jurídica. Esto se realizará a partir de julio de este año.

Por otro lado, para disminuir el incremento de la criminalidad, que origina las capturas y el ingreso de personas a las cárceles (causa principal del hacinamiento), hay que trabajar en un sistema de mecanismos de prevención del delito, porque en últimas, la situación penitenciaria es el reflejo de una crisis social, y es ahí donde la prevención a través de la educación en las áreas más vulnerables de la sociedad juega un papel importante.