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| 1/20/1997 12:00:00 AM

LUNES NEGRO

EL PASADO 16 DE DICIEMBRE SUCEDIERON TRES HECHOS QUE PUEDEN CAMBIAR EL RUMBO DEL PAIS A PARTIR DE 1997

El lunes de la semana pasada, cuando la mayoría de los colombianos daba por concluido uno de los años más convulsionados en la historia del país, ocurrieron tres hechos que van a tener grandes repercusiones en la vida nacional en 1997: el estallido a las 5:30 de la mañanade un carro bomba con 50 kilos de dinamita frente a la casa del ex ministro Juan Gómez Martínez en Medellín, la aprobación en el Congreso de la nueva ley de televisión y el pupitrazo que revivió el proyecto de reforma constitucional. La bomba, que dejó un muerto, medio centenar de heridos y semidestruyó dos kilómetros a la redonda, significó para los colombianos revivir las épocas más aciagas del narcoterrorismo sembrado por Pablo Escobar. Después de varios años de relativa tranquilidad, una bomba de alto poder en la casa de uno de los personajes más apreciados por la sociedad antioqueña es un hecho dífícil de entender, pero además muy grave. Las autoridades manejan al respecto varias hipótesis. La primera de ellas es que detrás del atentado podría estar el narcotráfico. Según esta teoría, los narcos podrían haber escogido como blanco la casa de Gómez Martínez por el apoyo que el diario El Colombiano, de propiedad de su familia, le habría dado a iniciativas como la extradición, el aumento de penas y en particular a la extinción de dominio aprobada hace unos días en el Congreso. Sin embargo, una revisión detallada de los editoriales del periódico en los últimos meses tiende a desvirtuar considerablemente esta versión, pues El Colombiano no ha hecho afirmaciones que vayan mucho más allá de las realizadas por otros diarios del país sobre el mismo tema. Sus editoriales se han centrado más bien en analizar el tejemaneje político y jurídico que se dio en el debate y sus críticas se centraron más sobre la forma como los distintos sectores políticos afrontaron la discusión que sobre el contenido mismo de las propuestas. La segunda hipótesis es que los responsables sean los grupos paramilitares. Aunque tradicionalmente estos grupos han estado más asociados con masacres de campesinos que con terrorismo urbano, las autoridades no descartan que los autores de la bomba puedan ser algunos paramilitares interesados en defender las Cooperativas de Seguridad Convivir, duramente criticadas desde las páginas editoriales de El Colombiano. La tercera hipótesis que manejan las autoridades apunta hacia la subversión. Funcionarios de inteligencia encontraron coincidencias que podrían ser significativas entre la forma como se llevó a cabo el atentado y el modus operandi de la guerrilla. A las autoridades les llama la atención, por ejemplo, que la acción haya sido ejecutada por un hombre y una mujer y la presencia de vainillas de fusiles AK-47, utilizados generalmente por este tipo de organizaciones. Si a este hecho se suma el atentado perpetrado un día después contra la sede de los ganaderos de Córdoba en Montería _Ganacor_, cuyo origen las autoridades atribuyen claramente a las Farc, esto podría indicar que la subversión estaría recurriendo al terrorismo urbano como método de intimidación.Según elucubraciones de algunas autoridades, la guerrilla podría estar cobrándole a El Colombiano el haberle dado audiencia en sus páginas a los grupos paramilitares. El periódico antioqueño publicó por entregas una extensa entrevista con Carlos Castaño, actual jefe de las autodefensas de Córdoba y Urabá. Esta actitud del rotativo podría haber indispuesto a la guerrilla, uno de cuyos dirigentes se dice que fue entrevistado también por el periódico hace varios días, sin que hasta el momento se haya publicado el reportaje. Esta última de las hipótesis es la que más fuerza ha tomado y la que consideran más seria tanto las autoridades como los violentólogos.
Aunque ninguna de estas teorías está todavía lo suficientemente consolidada, cualquiera de ellas que resulte cierta es igualmente grave. Si se trata de los narcos en represalia por la ley de extinción de dominio, porque eso significaría que los planes de Ernesto Samper y Myles Frechette contra los bienes de los traficantes no van a ser fáciles de llevar a cabo. Si los autores son guerrilleros, significaría que la subversión está adoptando los métodos de Pablo Escobar, lo cual sería muy preocupante. Y si llega a confirmarse que fueron los paramilitares, porque implicaría un cambio sustancial en sus métodos de operación y su incursión en un terreno hasta ahora desconocido para ellos como es el del terrorismo urbano. De todos modos, cualquiera que sea la causa, el mensaje que le quedó a los colombianos es que los días en que explotaban carros bomba con dinamita en la mitad de las ciudades pueden no haber quedado atrás.

La mordaza
Unas horas después, ese mismo lunes, en el Congreso se inició otro de los episodios que marcarán 1997: la aprobación de la nueva ley de televisión. Después de álgidos debates en los que se enfrentaron cara a cara y a través de los propios medios los personeros de los distintos intereses que se mueven detrás de un asunto de tanta trascendencia como el control de la televisión, finalmente el Senado y la Cámara llegaron a un acuerdo. Tal y como lo habían propuesto Martha Catalina Daniels y Carlos Alonso Lucio en la Cámara, los contratos actuales de las programadoras no serán prorrogados automáticamente, se crearán los canales privados de televisión sin límite de propiedad y los noticieros y programas de opinión deberán someterse a partir de febrero próximo a evaluaciones semestrales en las cuales se calificará su contenido en función de los criterios de "equilibrio informativo, información veraz, imparcial y objetiva, responsabilidad social de los medios de comunicación y preeminencia del interés público sobre el privado". El más controvertido de los temas de la nueva ley es para muchos el de la no prórroga de los contratos. Cada gobierno en su momento ha tratado de influir en la adjudicación de la programación de la televisión, premiando a sus amigos y castigando a sus contradictores. El gobierno de Samper no quería ser la excepción. Es por esto que sus aliados en el Congreso buscaron la forma de volver a barajar la programación. Sin embargo, aunque a muchos les parezca escandalosa esta determinación que puede calificarse incluso de revanchista, no es más que una decisión política de los que tienen las mayorías en el Congreso, la cual se mantendrá si es jurídicamente viable y se caerá si carece de soporte legal.Lo verdaderamente escandaloso de la nueva ley no está tanto en la no prórroga como en la evaluación semestral de objetividad. Es claro que detrás de esta norma lo que hay es un interés explícito del gobierno de que la televisión tenga un grado de dependencia con el Ejecutivo. Unas programadoras que cada seis meses serán evaluadas por su equilibrio informativo y manejo "veraz, imparcial y objetivo" de la información, necesariamente terminarán convertidas en oficialistas si saben que sobre ellas pesa como una espada de Damocles la posibilidad de que sean suspendidos sus contratos.
Este tipo de evaluación convierte a los cinco miembros de la Comisión Nacional de Televisión en una especie de tribunal de la Inquisición con el poder suficiente para descabezar a quienes, a su leal saber y entender, no cumplan con los requisitos de objetividad que ellos exigen. Lo que nadie sabe es quién tiene la última palabra para definir que es "veraz, imparcial y objetivo". Si personas no sólo del mismo partido sino del mismo periódico, como Enrique Santos Calderón y Roberto Posada García Peña, no pueden ponerse de acuerdo sobre el tema, no le va ser más fácil hacerlo a una comisión integrada por cinco personas con convicciones e intereses diferentes. En palabras de un experto en medios de comunicación, "va a ser lo mismo que el eterno debate sobre dónde termina el arte y dónde comienza la pornografía". Si una ley como esta hubiera estado vigente durante los días más candentes del proceso 8.000 es posible que la mayoría de lo que los noticieros de televisión publicaron sobre el escándalo no hubiera salido al aire. Sin embargo, a pesar de los excesos gobiernistas y antigobiernistas que muy seguramente se cometieron en los noticieros, lo que no se puede desconocer es que en últimas la diversidad de posiciones fue lo que le permitió a la gente quedar bien informada y juzgar por sí misma. El hecho de que, a pesar de haber tenido varios de los noticieros en su contra, Samper hubiera resistido los embates de la opinión y mantenga actualmente una popularidad superior a la de mandatarios que nunca fueron blanco de ataques similares, demuestra que hoy en día la gente no traga entero y que en este campo la mejor garantía de objetividad es el pluralismo informativo. Determinar por decreto qué es la objetividad no sólo es imposible sino que además va en contra de la tradición del país. Aunque siempre ha habido presiones y autocensura en muchos medios y han sido varios los descabezados por cruzar la raya, lo cierto es que nunca antes se había reglamentado por escrito una propuesta de censura semejante. En otras palabras, en Colombia ha habido actos de censura pero nunca leyes de censura.
La contrarreforma
Para cerrar con broche de oro la negra jornada, el Congreso aprobó a pupitrazo limpio y en vivo y en directo por la Señal Colombia los 37 artículos de la reforma constitucional propuesta por el gobierno. Al igual que sucede con temas como el de la televisión, no se puede pretender generar un consenso sobre una reforma constitucional. No lo tuvo la expedida por la Asamblea Constituyente de 1991, ni tampoco la Carta de Núñez en 1886. Este proyecto de reforma tiene también tanto defensores como detractores. Mientras hay quienes piensan, por ejemplo, que la reforma del calendario electoral es el retorno al caciquismo, que favorece a la clase política tradicional y está hecha a la medida de la candidatura presidencial de Horacio Serpa, hay otros que consideran que sólo se trata de facilitarle a la gente su participación en las elecciones y hacerlas más económicas. Sobre temas como la eliminación de la vicepresidencia parece haber consenso. Lo grave del paso que dio el Congreso en la noche del lunes no es tanto el contenido de la propuesta, al cual le faltan todavía muchos debates en la siguiente legislatura, sino la forma como se procedió. En primer lugar, el tránsito de comisión a plenaria dejó un mal sabor. No tiene presentación el hecho de que una reforma política que debe ser analizada y debatida en la comisión Primera, especializada en asuntos constitucionales, haya sido rescatada por la Quinta, que es la encargada de temas agrarios, por no haber sido aprobada en la que le correspondía. La reforma, en vez de entrar por la puerta grande, se coló por la de la cocina.
En segundo lugar, causó extrañeza la fórmula inusual propuesta por el senador Samuel Moreno Rojas para completar el quórum en la plenaria. Moreno adujo que por estar un senador en licencia el número sobre el cual se definía el quórum era 101 y no 102 como lo establece ni más ni menos que la Constitución. En materia de reformas a la Carta no puede haber discusiones sobre la validez del quórum. Finalmente, lo que terminó por desconcertar a la opinión pública que seguía el debate en televisión fue la manera atropellada como se le dio paso a la reforma, sometiéndola a un voto apresurado tras una propuesta del senador antioqueño Bernardo Guerra Serna. Este episodio no dejaría de ser anecdótico sino fuera por la importancia del tema tratado. Cuando se busca modificar el régimen electoral del país, mediante el cual se define cómo se llega al poder y quién se queda con él, no se puede pretender actuar a pupitrazos, ni dejar que la decisión se tome en una comisión de agricultura y sin el quórum reglamentario. En la historia de Colombia los desacuerdos sobre el régimen electoral han sido una de las causas fundamentales de la violencia política. En 1949 los liberales, que eran mayoría en el Congreso, cambiaron la fecha de elección presidencial, decisión que afectaba negativamente a los conservadores. La discusión giró sobre si lo aprobado era un código o una ley. De ser lo primero, no tenían suficientes votos para poder alterar el calendario electoral, pero si era lo segundo, contaban con la mayoría suficiente. Hubo debates, insultos y llegó un momento en que se pasó de las palabras a las balas. El representante conservador a la Cámara Carlos Castillo Isaza disparó y mató a un congresista liberal de apellido Jiménez. El representante Jorge Soto del Corral, quien era ajeno a la discusión y una promisoria figura política, resultó herido de gravedad y murió tiempo después. El presidente conservador Mariano Ospina terminó cerrando el Congreso meses después, agudizando la violencia de la época. Estos episodios, considerados hoy símbolos de La Violencia, tuvieron su origen en desacuerdos sobre la forma como el partido mayoritario pretendía reformar el régimen electoral.
El lunes pasado una bomba, un 'pupitrazo' y un intento de mordaza a la televisión cambiaron las reglas de juego del país en tres campos. El terrorismo volvió a las ciudades colombianas y alguien está otra vez matando gente inocente en las calles con carros bomba. El Congreso modificó arbitrariamente 37 artículos fundamentales de la Constitución bajo una premura navideña. Y los noticieros terminaron convertidos en rehenes de los cinco integrantes de la Comisión Nacional de Televisión y del gobierno. Estos tres hechos que ocurrieron el lunes 16 de diciembre no constituyen un buen augurio para el año que comienza. Sus efectos pueden no limitarse a 1997, sino ir inclusive mucho más allá.
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