Luz al final del túnel

El año que está por ter

minar ha sido uno de los más complicados que ha vivido el Ejército en su historia. Durante gran parte de 2006 esa institución estuvo en el ojo del huracán por cuenta de varios graves episodios que pusieron en la picota a una de las instituciones más respetadas por los colombianos.

En febrero SEMANA reveló las torturas que sufrió un grupo de soldados durante un entrenamiento en un batallón Honda. El caso produjo una gran indignación nacional y una fuerte reacción del presidente Álvaro Uribe, que condenó abiertamente el episodio. El costo político del escándalo terminó por cobrarle el cargo al comandante del Ejército, general Reinaldo Castellanos.

Tan solo tres meses después, el 22 de mayo, ocurrió el que es considerado el hecho más grave de todos. Militares adscritos al batallón de Alta Montaña aniquilaron a un grupo elite de 10 policías cerca del municipio de Jamundí, Valle. "Fue un mandado del narcotráfico", dijo el fiscal general, Mario Iguarán, al calificar la acción de los uniformados.

A comienzos de junio se conoció que militares adscritos a la IV Brigada estaban siendo investigados por su supuesta responsabilidad en el asesinato de civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate. En los primeros días de septiembre estalló un nuevo escándalo, cuando se reveló que por lo menos dos oficiales del Ejército estarían involucrados en la realización de presuntos montajes de carros bomba en Bogotá. El caso fue conocido públicamente como "los falsos positivos". Por los mismos días se descubrió que miembros del Gaula del Ejército en Atlántico estaban involucrados en los asesinatos de seis personas que habían sido presentadas como secuestradores.

Todos estos episodios, entre otros, no solo golpearon fuertemente la imagen del Ejército, sino que empezaron a plantear que lo que estaba ocurriendo no era un simple problema de "casos aislados" y algunas "manzanas podridas", sino que el Ejército atravesaba una crisis estructural que necesitaba urgentemente profundas reformas.

Paradójicamente, parte de los problemas que sacudieron al Ejército ha sido en gran medida la consecuencia del acelerado crecimiento que ha tenido las Fuerzas Militares, y en particular el Ejército, en los últimos cuatro años. Para cumplir los objetivos de la estrategia de seguridad democrática y de los desafíos que planteó el Presidente desde su primer mandato, Uribe incrementó el pie de fuerza en más de 100.000 hombres en un lapso relativamente corto. Este año se crearon nuevos batallones y brigadas móviles, entre otros. Sin embargo, ese crecimiento rápido fue desordenado. Muchos batallones entraron en operación con un dramático déficit de oficiales, lo que ocasionó consecuencias directas sobre la 'calidad' de algunas unidades.

La premura por llevar hombres al campo de batalla también afectó los procesos de formación y entrenamiento. Un factor adicional fue el hecho de que los controles internos tampoco crecieron a la misma velocidad que se requería. Este cúmulo de situaciones en un Ejército en combate día tras día y que además está sometido a grandes presiones para que produzca resultados hizo inevitable que se llegara a un estado de crisis.

"Indudablemente ha habido errores, faltas y hasta posibles delitos que están siendo investigados. Pero también hay que tener en cuenta que en este momento tenemos las Fuerzas Militares más grandes en toda la historia, y eso ha implicado que se está haciendo un minucioso análisis de la situación, lo que comenzará desde el momento mismo de la incorporación de personal", dijo a SEMANA el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León.

Cuando Juan Manuel Santos asumió, como ministro de Defensa, en julio, no solo tuvo que llegar a apagar incendios, sino que tenía la difícil misión de convencer a los militares de tomar medidas drásticas para corregir una crisis que se venía gestando desde hacía varios años. Santos tenía una ventaja. A diferencia de sus antecesores, no sólo entendía y conocía las instituciones castrenses, sino que gozaba de respeto y reconocimiento de los militares.

Santos logró que la cúpula de las Fuerzas Militares entendiera que era fundamental recuperar la legitimidad que se había perdido por los escándalos y que un primer paso en esa dirección implicaba no sólo reconocer los errores, sino, principalmente, abandonar la práctica de "tapar, tapar, tapar". "Todo crecimiento rápido es desordenado, y eso creó un rezago en controles, doctrina y preparación de oficiales. Esas ineficiencias se pueden manejar optimizando los recursos que tenemos. Estamos en una transición, y en esa redefinición de estrategias hay que pensar en el Ejército que necesitamos para el futuro", afirmó Santos a SEMANA.

Una de las primeras determinaciones que el ministro adoptó consistió en empezar por reforzar y reformar los sistemas de control internos de las Fuerzas Militares. "Se buscó devolverle la legitimidad y la credibilidad a la Justicia Penal Militar. Para ello se buscó la ayudad de un grupo de países amigos con los que se está trabajando en hacer reformas de fondo", dijo Santos. Se designaron inspectores y equipos de trabajo que estarán en cada una de las ocho divisiones. Con esta medida se busca conseguir un mayor control. Otro de los cambios esenciales consistió en mejorar y optimizar aspectos clave como la incorporación y la capacitación. Para esta misión se ordenó el reintegro al servicio activo del almirante Fernando Román, uno de los oficiales más capacitados y respetados en las Fuerzas Militares.

Es evidente que 2006 fue un año negro para el Ejército. Pero también es necesario reconocer que frente a la dimensión y la gravedad de los casos que afectaron a esa institución, el gobierno empezó a tomar los correctivos pensando en el futuro y acertó al darse cuenta de que las crisis son un buen momento para mejorar. n