Viernes, 20 de enero de 2017

| 2000/01/03 00:00

A machetazo limpio

El programa de arborización de Bogotá, que debería debatirse en el terreno de la ciencia, se ha convertido en una batalla jurídica.

A machetazo limpio

Una medida del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obliga al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, a suspender la tala de árboles en la ciudad puso a temblar uno de los programas más polémicos de la actual administración distrital.

Este episodio jurídico lo ganaron los integrantes del Comité Pro Arbol, una asociación de ciudadanos que ha ido tomando fuerza a medida que avanza el programa ‘Bogotá se viste de verde’, que proyecta sembrar 120.000 nuevos árboles y sustituir unos 10.000.

El comité se conformó para solicitarle al Distrito que detuviera la tala y oficializó su petición en la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya que la Ley 99 de 1993 les otorga funciones específicas para defender el medio ambiente. Luego, a través del procurador delegado para Asuntos Agrarios, le pidieron al Jardín Botánico que detuviera la tala. Ese mismo día se reunieron con el alcalde Peñalosa, quien les manifestó que iba a continuar el programa en sectores donde la comunidad no se opone a la tala, pero manifestó que seguía firme en su empeño de mantener el criterio de uniformidad (sembrar una sola especie), lo que significa que árboles de especies diferentes a la escogida, sin importar su estado, serían sustituidos. A raíz de esta declaración el comité entabló una acción popular que dio paso a la medida cautelar del pasado jueves.



Muchos peros

El comité, conformado por profesionales de diversas disciplinas y algunos de ellos con una larga trayectoria en la defensa del patrimonio urbano, le ha encontrado serias objeciones al programa. Que los criterios de tala se aplican de manera arbitraria (afirman tener grabaciones de contratistas que talan un árbol porque ‘es feo’ y que muchas veces lo hacen sin el permiso respectivo). Que el costo del proyecto es excesivo: unos 330.000 pesos por árbol sembrado. Que el programa no garantiza un adecuado mantenimiento a mediano y largo plazo y que la supervivencia de los nuevos árboles es incierta. Que en los sitios donde se ha talado quedan los denominados ‘tocones’, muy costosos de extraer y que en muchos casos impiden sustituir el árbol derribado por uno nuevo. Que es muy grave que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tenga facultad de talar un árbol sólo porque un vecino así lo decida. La lista completa es mucho más larga.

Para Santiago Madriñán, doctor en botánica de la Universidad de Harvard, la última opción debe ser la tala del árbol. Guillermo Arias, arquitecto y miembro de la Junta de Protección del Patrimonio Urbano, señala que es absurdo que un árbol se deba tumbar porque está cerca de un poste o porque ocupa un espacio que se pavimentó de manera ilegal, como sucede con los antejardines que fueron transformados en parqueaderos. Considera que se puede armonizar el diseño urbano con las características de los árboles y pone como ejemplo el nogal de la calle 77 con carrera 9a, al que se le construyó un andén especial que rodea su tronco.

Madriñán piensa que el criterio de uniformidad “es un capricho político”. Sin embargo este concepto ha sido ya revisado por el Jardín Botánico, de acuerdo con lo que expresó a SEMANA su directora, María Consuelo Araújo. Ella también manifestó que el comité que asesora al Jardín Botánico está compuesto por científicos de gran trayectoria, pero que de todas maneras está dispuesta a oír las ideas que mejoren el programa. “El debate es productivo en la medida en que suba de nivel”. No obstante, considera que quienes critican el programa han sido demasiado intransigentes y no han aportado soluciones.



Pulso firme

Pero más allá de las razones y las buenas intenciones que esgrimen unos y otros lo que sí es cierto es que el clima de tensión y enfrentamiento entre las partes ha convertido lo que debía ser un debate científico, social y técnico muy sereno y cuidadoso en una agria disputa que ganará quien tenga más habilidad para echar mano de la legislación vigente.

Además no todo ha sido ‘juego limpio’ por parte de los ciudadanos indignados por la tala. Algunos de ellos (ajenos al comité) se han amparado en la defensa de los árboles para mantener intereses privados, tales como apropiaciones indebidas del espacio público. En el caso del Parque del Virrey, Claudia López, directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, tuvo que tratar con personas que se oponían a la construcción del parque porque sus hijos, como socios de clubes sociales, no necesitan juegos y que eso iba a atraer a los hijos de los vendedores de flores de la calle 88 con carrera 15. “Este es un problema de mezquindad humana en el que los árboles han servido de pretexto para perpetuar ciertos privilegios de las clases más pudientes”, manifestó Claudia López.

La batalla jurídica apenas comienza y, de no lograrse una concertación rápida entre defensores y detractores del programa, la gran perdedora de esta guerra va a ser la ciudad.

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